El arribo de la contadora Yarabí Ávila González a la rectoría de la Universidad Michoacana en enero de este año era una incógnita. Su antecedente como funcionaria universitaria era el haber formado parte de la administración del rector Salvador Jara Guerrero, para ser luego promovida por éste, como gobernador, a una diputación en el congreso local por el PRI, donde luego se reeligió. De ahí pasó a integrarse al gabinete del actual gobernador Alfredo Ramírez como secretaria de Educación en el Estado, para regresar luego a su alma mater, promovida, según diversos indicios, por el propio gobernador a ocupar la rectoría. No obstante, el tiempo en que estuvo separada de la Casa de Hidalgo, la renovación representaba, como ocurre cada cuatro años, una restaurada esperanza entre los universitarios, sobre todo tras el terrible periodo en su antecesor, Raúl Cárdenas Navarro, había sumido a la institución nicoalita.
Sin duda, ha habido en la actual gestión algunos aciertos. Reinstaló a los alrededor de 50 trabajadores académicos y administrativos injustificadamente despedidos por Cárdenas Navarro. Recuperó un cierto número de plazas académicas ilegal e ilegítimamente asignadas por el chapinguero a amigos y familiares de sus más directos colaboradores. Está reduciendo, según declara, el déficit de la universidad y es claro que cuenta con más apoyo del gobierno bedollista que el que, en el periodo anterior, escatimaba Silvano Aureoles a la institución. En el reciente movimiento estudiantil en la Facultad de Medicina satisfizo una de las principales demandas, que era la de revocar el cobro por los cursos de inglés, obligatorios en el plan de estudios. Ha ofrecido —y habrá que ver si lo cumple— que fincará responsabilidades a los funcionarios de Cárdenas Navarro por presuntos desvíos de recursos en perjuicio de la propia universidad.
Sin embargo, en los casi 10 meses en que la doctora Yarabí ha ocupado su actual cargo, han emergido nuevos puntos de conflicto, especialmente en la renovación de las direcciones de diversas dependencias. Hace poco, el Consejo Universitario conducido por Ávila González y su secretario Javier Cervantes Rodríguez, en una extraña maniobra, impuso como director de la Facultad de Filosofía a un profesor que participó en el proceso interno de auscultación, pero no logró mayoría en ninguno de los tres sectores de la comunidad escolar (en dos de ellos quedó en el tercer puesto y en uno en el segundo), y que, además, había firmado y entregado su formal retiro del proceso de designación. En el último momento, revocó lo que él mismo había firmado y fue designado por mayoría de los consejeros como director de la dependencia.
En Filosofía la comunidad de estudiantes y académicos pudo derrotar la imposición en una acalorada asamblea a la que asistieron el espurio director y las autoridades de la universidad. La renuncia fue el único camino que le quedó ante los acertados cuestionamientos políticos, académicos y sobre todo éticos que le hicieron; y actualmente hay una nueva encargada de la Dirección que cuenta con mayor consenso y a quien corresponderá reponer el proceso para elegir un director definitivo.
Pero toca el turno a la Facultad de Economía, donde también está en curso, en medio de diversas anomalías, el proceso para la designación de un nuevo director. La convocatoria correspondiente fue emitida por Cervantes Rodríguez (quien se ostenta como “Secretario General”, cargo que no existe en la Ley Orgánica, aunque ésta sí menciona en su artículo 20 al Secretario de la Universidad) el 12 de otubre pasado. En esa misma fecha, la rectora Ávila operó un cambio sustituyendo a la en ese momento encargada de la Dirección, Evelyn Peña Palominos, por una nueva encargada, Katia Beatriz Villafán Vidales quien, apenas designada, tuvo que tomar en sus manos el proceso de renovación de la dirección y procedió al registro de los aspirantes.
Pero la mencionada fecha en que se expidió la convocatoria era de asueto para los trabajadores administrativos de la universidad, y no había modo de obtener ningún documento oficial de los requeridos para el registro de aspirantes; y el día siguiente, el 13 de octubre, era el aniversario del Sindicato de Profesores, por lo que no hubo labores para los académicos sindicados. El registro se hizo el lunes 16, al que se presentaron cinco profesores adscritos a Economía: Arturo Álvarez Toledo, Rafaela Cerna Piñón, Erika Jenny González Mejía, Francisco Mondragón Albarrán y Erika Piña Romero.
Sin embargo, una vez registrados los candidatos, intervino, el miércoles 18, el Consejo Universitario, en una cuestionable acción, decidió, a instancias de la comisión especial de auscultación del propio órgano, anular o revocar el registro de tres de los aspirantes registrados, Álvarez Toledo, Rafaela Cerna y Francisco Mondragón (https://cambiodemichoacan.com.mx/2023/10/19/interviene-consejo-universitario-proceso-de-auscultacion-en-economia-para-elegir-director/), y dejar sólo subsistentes las aspiraciones de Erika Jenny González y Erika Piña. Ambas, por cierto, vinculadas en su trayectoria política en la facultad y la universidad, al grupo que durante los dos periodos anteriores ha tenido el control de la dependencia, encabezado por Rodrigo Gómez Monge y Manuel Romo de Vivar.
No sólo eso. Extralimitando sus funciones, el sedicente Secretario General emitió un “apercibimiento” al Consejo Técnico de la dependencia “para que no siga cometiendo actos irregulares dentro del proceso de auscultación de Director(a) que deriva de la convocatoria emitida el 12 de octubre del año en curso”. Las supuestas irregularidades consistieron en que el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Economía acordó que los candidatos registrados —y que cumplían los requisitos de ley— entregaran al día siguiente, el 17, alguno de los documentos señalados por la convocatoria.
Los requisitos para ser director de una dependencia, se refieren en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Son los mismos que para ser rector, a saber (artículo 21): “I. Ser mexicano por nacimiento; II. Tener más de treinta años de edad; III. Poseer título o grado académico equivalente o superior al de licenciatura; y IV. Haber desempeñado actividades docentes o de investigación en la Universidad, por lo menos durante cinco años, y estar en ejercicio en el momento de su designación”. Este artículo no prevé que se puedan agregar en ordenamientos secundarios otros requerimientos, pese a lo cual en el Reglamento para el Proceso de Auscultación, Elección y Permanencia de Directores de Dependencias Académicas, expedido por el Consejo Universitario, ha agregado otras condiciones que, por tanto, no pueden ser de la misma jerarquía que los establecidos en la LOUM y han de ser considerados más bien formulismos complementarios, incluso algunos de ellos sujetos a apreciación subjetiva. Por ejemplo: “Poseer uno de los títulos o grados académicos que otorga el plantel o escuela respectiva o un grado equivalente”; “Tener antecedentes que garanticen el respeto a los principios señalados para orientar la enseñanza”; “Los aspirantes al momento de su registro, no deberán ocupar cargo público, sindical, administrativo dentro o fuera de la Universidad, ni pertenecer al gobierno de ésta, ni al momento de la elección ni durante el desempeño del cargo”. Fueron algunos de estos formulismos, no cumplidos con oportunidad conforme a los tiempos de la Convocatoria, los que el Consejo Técnico, en un acto de buena fe, dio oportunidad a los aspirantes de suplir unas horas después del cierre del registro.
Pero se podrían señalar, en cambio, irregularidades notorias y deliberadas en el proceso de auscultación. Además de lo ya apuntado en cuanto a la fecha de emisión de la convocatoria, con dos días parcialmente inhábiles, en el periodo para que los aspirantes difundieran sus planes de trabajo y sus currículos, hubo otra fecha en que toda la universidad tuvo asueto, el 19 de octubre, conmemorativa del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas. Todo diseñado, entonces, desde la propia Rectoría, para limitar en lo posible la participación informada de la comunidad de Economía en el proceso.
La eliminación anticipada de candidatos a fin de que no llegaran a ser votados por el Consejo Universitario, en lo que ya se presenta como una de las insignias del rectorado de Ávila González, ya la habíamos visto hace unos meses en la preparatoria “José María Morelos”, en la “Melchor Ocampo” y en la Facultad de Contaduría y Administración. Ahora se aplica en la FEVQ para que sólo sean evaluadas por la comunidad de la dependencia y por el Consejo Universitario las aspirantes preescogidas por la burocracia universitaria.
Por otra parte, si bien el mencionado Reglamento prevé que el Consejo Universitario integre una Comisión Especial, paritaria de Auscultación, no le asigna otra función que la de observación y coadyuvancia en el proceso de auscultación, “junto con el H. Consejo Técnico”, no en contra ni por encima de éste; y sólo con una interpretación muy forzada de la fracción II del artículo 12 de la LOUM (atribuciones del Consejo Universitario) puede asumirse que el máximo órgano de gobierno de la universidad pueda establecer sanciones o “reconvenciones” a otros órganos de gobierno, más aún si se trata de asuntos que no han sido turnados a éste por el Tribunal Universitario.
No está de más recordar la grave falta en que el Consejo Universitario, tan estricto para aplicar ordenamientos secundarios, se encuentra en falta grave ante la primera de las obligaciones que el artículo 12 y el 7° transitorio de la Ley Orgánica le asignan: expedir el Estatuto Universitario acorde con el máximo ordenamiento de la universidad. El actual data de 1963, 23 años antes de la actual ley. Y en los 37 años de vigencia de ésta ninguno de los rectores que han llegado y se han ido, y ninguno de los consejos universitarios ha tomado en sus manos cumplir con ese mandato. ¿Lo hará Yaraví Ávila o seguiremos otro periodo sin un estatuto acorde a los nuevos tiempos y los nuevos ordenamientos jurídicos?
Como protesta por la ilegal reconvención del “secretario general”, cuatro de los miembros del Consejo Técnico de la Facultad de Economía renunciaron de manera irrevocable, con lo que este órgano interno de gobierno y máxima autoridad de la dependencia ha dejado de existir, para el proceso mismo de renovación de la dirección y para todos los demás efectos que son de su competencia en el aspecto académico. Y el ya citado Reglamento de los procesos de auscultación establece en su artículo 12 la potestad del Consejo Técnico de proponer al rector la terna de aspirantes formulada con los resultados del proceso de auscultación, que debe ser votada en el Consejo Universitario. No se prevé que ninguna otra instancia pueda hacerlo de manera supletoria. El resultado de la extralimitación de funciones de la comisión, del consejo universitario y del secretario Cervantes Rodríguez ha sido conducir a la Facultad de Economía a una situación de anarquía y caos.
Sin Consejo Técnico de la dependencia no habrá terna legal ante el CU. El proceso entero tendría que reponerse una vez que ese órgano interno de la facultad pueda reintegrarse.
No obstante, el lunes 23 se realizó el proceso de auscultación, con muy pobres resultados. De un padrón de 858 estudiantes distribuidos en cinco licenciaturas, ubicadas en tres sedes (Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan) y cuatro posgrados, hubo una participación de 369 (43 por ciento), y de las boletas depositadas, 61 fueron nulas, con lo que el número de apoyos efectivos a favor de las dos candidatas fue de sólo 308 (el 35 % de los inscritos). De 53 académicos habilitados para participar, lo hicieron 35 (66 %), pero con 6 boletas anuladas, por lo que las opiniones válidas fueron sólo el 54 %. De un total de 28 trabajadores administrativos inscritos en el padrón, participaron 27, sin que ahí aparecieran boletas nulas.
¿Quién y cómo integrará la terna a presentarse al Consejo Universitario, sin consejo técnico y con sólo dos aspirantes? ¿Cómo podrían subsanarse la ilegalidad y la manipulación del proceso por las autoridades centrales de la Casa de Hidalgo, que claramente limitaron la participación de la comunidad de Economía y su capacidad de elegir?
No obstante, este viernes 27 está convocado el Consejo Universitario para votar por la nueva directora de la Facultad de Economía, como resultado de un proceso que podría eventualmente ser impugnado en su ilegalidad y que no resolverá por sí la situación de desgobierno que ha sido el saldo en lo inmediato de este desaseado y poco democrático proceso.
