Se fue un gran filósofo, teórico, historiador y gran académico, Enrique Dussel, a él lo conocí cuando estudiaba en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México; hoy, en mis reflexiones académicas universitarias siempre se encuentra su pensamiento crítico. Lamentamos su muerte, él fue un hombre planetario, comparto con ustedes algunos elementos de su pensamiento. Conceptos como corrupción, poder político y otros contenidos, los comparto en este Debatamos Michoacán. Sea este un reconocimiento a su gran contribución teórica y de trabajo comunitario.
Corrupción. El fundamento legítimo del orden político es la soberanía popular; a partir de allí es posible reconstruir las formas corruptas mediante las cuales ese principio se vulnera. Esto sucede básicamente cuando el aparato institucional se escinde y desentiende del origen (la soberanía popular) que lo funda y confiere legitimidad, de esta manera se fetichiza al pretender invertir la relación con el principio fundante. El resultado es que se produce una doble corrupción, por parte del gobernante se asume como soberano y por parte de la comunidad política se lo permite.
Poder político de la comunidad. La comunidad tiene en tanto que portadora de poder (la soberanía popular) cuidar y reproducir la vida, pero deberá reconocer la vida al centro, al reconocerlo, tendrá la oportunidad de valorar la vida de los humanos, animales y plantas.
Poder institucional. En consecuencia, una comunidad requiere de formas representativas y delegadas del poder, objetivadas en el sistema de instituciones políticas producidas históricamente de manera, para atender los diferentes asuntos de la comunidad. Esta institucionalización esta potencialmente abierta a la redefinición cuando el poder soberano considera que no están cumpliendo con su cometido legítimo. No obstante, las instituciones pueden mostrar su agotamiento, desgaste, burocratización autorreferente y, en definitiva, fetichizarse. Esto es síntoma de que las instituciones creadas para la reproducción y aumento de la vida humana comienzan a contradecir sus fundamentos, orientándose hacia la muerte, la represión y la dominación.
Frente a esta situación el pensamiento crítico tiene el imperativo de hacer manifiesta esta contradicción y proponer alternativas viables para que las instituciones constituidas no violen el mandato del poder constituyente, oponiendo intereses corporativos al bienestar colectivo. Las instituciones como productos históricos humanos pueden ser puestas en cuestión por la comunidad (particularmente sus víctimas) cuando no cumplen con los preceptos que le otorgan validez, para ello es necesario desarrollar una nueva noción de poder como capacidad de producción de la vida y no como mera dominación, el cuál puede ser criterio de demarcación entre el ejercicio legítimo e ilegítimo del poder.
El poder obediencial, aquel que no se fetichiza como algo externo al pueblo que le da origen, sino que se mantiene ligado al soberano que los instituyó como su representante. Esto hace parte de “otra” política que no está motivada por la ambición personal, sino por la vocación de cumplir con el llamado del pueblo a realizar la mayor felicidad empíricamente posible para la comunidad, a partir de ejercer el poder positivo para aumentar la vida, el poder como servicio. Esto pone en la agenda un tema muy complejo la “subjetividad del político”. El problema es la forma de conseguir que los jóvenes superen la mediocracia imperativa de la sociedad capitalista. En efecto, los jóvenes deben asumir su responsabilidad ética de servir a la comunidad como lo hicieron desde Espartaco hasta Evo Morales pasando por Miguel Hidalgo, Simón Bolívar y el Che Guevara, pero es inevitable preguntarse: ¿cómo es posible que una nueva generación rompa con el simulacro de la cultura dominante?
La noción del poder obediencial implica además otro problema sumamente complejo: la representación. Aceptando que el poder, aún queda por resolver al menos tres asuntos: primero, los mecanismos de instauración de ese poder constituido (institucional), segundo la forma de hacer efectivo el criterio de demarcación entre el buen uso del poder y la dominación ilegítima, tercero el asunto del derecho a la rebelión. Pero además hay un tópico adicional a resolver: si el poder obediencial es “escuchar al pueblo” y actuar en consecuencia ¿cómo es posible reconocer la voluntad del pueblo si este tiene diferentes “voces” ?, la categoría de “pueblo” la debemos de asumir de manera histórica y que admite la heterogeneidad, necesariamente complejiza el cumplimiento del postulado de mandar obedeciendo al pueblo.
Fetichización del poder. Se da cuando los representantes ejercen dominación sobre el pueblo, lo debilitan y dividen para obtener beneficios individuales. Esta situación desvía el “poder de” (lo positivo) en el proceso de institucionalización hacia el “poder sobre” de una dominación que atenta contra la legitimidad de origen (el pueblo) y la de fundamento (la vida). En efecto el fetiche es la inversión del poder que, además, envilece al representante y produce la dominación en una sociedad a partir de la “Voluntad de Poder” de la representante ejercida contra el pueblo. Para esto el tirano requiere del concurso de otras fuerzas contrarias al poder popular como pueden ser las potencias imperiales o los organismos internacionales que avalan ese despotismo.
Acción política estratégica. Establecidos los puntos básicos sobre la concepción del poder, habrá que detenerse en el análisis de la conformación del campo político (el concepto campo en el mismo sentido que lo utiliza Pierre Bourdiere; campo no es un sistema), entendiéndolo como una red densa de relaciones de fuerzas en las que existen nodos tales como los ciudadanos, representantes e instituciones.
En consecuencia, la formación de movimientos sociales capaces de disputar los destinos históricos de las sociedades estará en gran medida marcada por la posibilidad de aglutinar las múltiples demandas de los oprimidos. Para ello es necesario el desarrollo de condiciones para la “acción colectiva”.
La idea de la conformación de un “bloque histórico” a partir de la articulación contingente de sectores subalternos pone el acento en la necesidad de una construcción política hegemónica que incluya las diversas y heterogéneas demandas de las víctimas del sistema de dominación y apunte a un cambio en el orden social (político-institucional) capaz de ofrecer mejores condiciones para la producción, reproducción y aumento de la vida humana.
Las instituciones políticas y la esfera material. La relevancia de las instituciones desde una mirada crítica permite examinar su lugar en el campo político. Las funciones de las instituciones sociales adquieren una importancia destacable puesto que su incumplimiento abre la posibilidad de reformarlas o reemplazarlas. En este sentido, las instituciones deben asumir una orientación hacia la producción y el aumento de los contenidos de las acciones e instituciones políticas, es decir a expandir la satisfacción de las reivindicaciones que provienen de otros campos (económico, cultural, ecológico, etc.) como demandas sociales elaboradas por actores sociales (grupos, organizaciones, partidos movimientos). En este sentido, las instituciones insertas en el campo político deben asumir el imperativo de responder a un origen soberano que les otorgue de legitimidad procedimental, pero además obliga a pensar en los tipos de instituciones a construir para la realización de la premisa material: la producción de la vida humana.
Instituciones y legitimidad democrática. Los procedimientos que otorgan legitimidad a las acciones e instituciones políticas, las cuales se ponen en concordancia con los principios éticos expuestos. El primer requisito de legitimidad es la posibilidad de participación simétrica, extendida en las éticas dialógicas basadas en la razón práctica discursiva.
Ética política. En el campo de la política los preceptos éticos se infieren de los postulados expuestos: un contenido material referido a la vida y uno de legitimidad en concordancia con la democracia y la realidad de lo posible. Con estos criterios puede evaluarse, tanto el comportamiento de los ciudadanos, como el desempeño de las instituciones y sus funcionarios de los cuales habrá de evaluarse su vocación de servicio.
