Morelia, Mich.- El Congreso de Michoacán dio cuenta al Pleno de las observaciones del Ejecutivo del estado a Ley de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares aprobada el pasado 11 de octubre, misma que deberá regresar a comisiones, por lo que no estará vigente mientras no se dictamine en la Comisión de Justicia.
Sobre el tema, diputados expresaron su desacuerdo al considerar que dicha ley se aprobó cinco años después de aprobada la nacional, ya que la misma según los diputados contó en las mesas de trabajo con el acompañamiento del Ejecutivo, por lo que consideraron que el tema de fondo es el presupuesto.
La diputada Margarita Pérez López, una de las principales promotoras de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, manifestó que las observaciones regresadas por el Ejecutivo Estatal tienen como finalidad el “desquite”, pero además recordó que durante las mesas de trabajo estuvieron asesores del Gobierno, quienes también revisaron la ley aprobada.
“Es un revanchismo, porque he estado diciendo la verdad y hablando las cosas con la realidad, es la razón porque la regresaron, imagínense que es porque no quiere que se llame la Ley de Búsqueda de Personas, sino es Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que la gente razone, tonterías que no vienen al caso”, indicó.
También argumentó que la pelea es por los recursos. “Si no le dieron recursos a la Fiscalía para que tengan reactivos en las pruebas de ADN, qué le van a dar al panteón forense, qué le van a dar a esta ley que se va integrar”, declaró, al señalar que mientras el secretario de Seguridad pide se le duplique el doble su presupuesto, es decir, 7 mil 800 millones de pesos, en la búsqueda se regatea.
El diputado integrante de la comisión de Derechos Humanos, Víctor Manríquez González, indicó que el fondo de estas observaciones es la falta de presupuesto para destinarlo a este rubro, pero advirtió que de no publicarse la norma podría quedar archivada y se corre el riesgo de que no sea publicada.
“Va a ser muy importante que se dé la voluntad política de generar los consensos y que las observaciones que se dieron, poderlas considerar, se pueden procesar de buena manera, si no es de esta manera, seguiremos insistiendo en lo que ya se aprobó”, dijo.
Recordó que esta iniciativa fue resultado del acuerdo con las agrupaciones que se ha venido trabajando, si bien consideró se deben reconocer las observaciones que hace el Ejecutivo, que se puedan trabajar, también debe existir la voluntad política para que se pueda dar una aprobación en base al 100 por ciento que se mandó.
Adriana Hernández Iñiguez, diputada del PRI, por su parte, expuso que ha sido una “usanza de este gobierno”, hacer observaciones en muchos temas que se han regresado como una estrategia para retrasar su publicación, “algunos que tardaron mucho en salir y fue complejo salieran, se votaron en el Pleno”, pero de no darse celeridad al tema, expuso que pierden las victimas indirectas de los desaparecidos, que están en las calles buscando a sus hijos e hijas.
“Deseo que estas observaciones sean para abonar que este nuevo dictamen esté fortalecido y no tarde un tiempo más en comisiones”, expresó al exponer que el procedimiento obliga a analizar y dictaminar, si se está de acuerdo se corrige y se emite un dictamen, pero puede “tardar en comisiones, como muchas cosas que se tardan en el Congreso”, añadió al señalar que no se debe ver por temas de partidos, sino por la ciudadanía.
Redacción confusa, ambigua, invasión de facultades: Ejecutivo
Desde imprecisiones que afectan la certeza jurídica, vacío en la redacción, pues no se precisa de manera clara a que se refiere, si al nombre de una Ley o una unidad administrativa, son algunas observaciones del Ejecutivo a la Ley, en donde asegura que la Ley debe ser clara y no estar sujeta a interpretaciones.
También sostiene que la presencia de títulos incompletos o imprecisos de leyes, nombres de organismos o dependencias, conduce a la incertidumbre jurídica, y contraviene los principios de Legalidad y Certeza Jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 en la Constitución Política de México.
A la par exponen en las observaciones que la ley da atribuciones procedimentales a la fiscalía especializada, que son de exclusiva regulación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cuestiona el concepto de “medida urgente de protección”, contemplado en la norma, que además sostiene no es una “concepción novedosa”, ya que fue trasladada de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual, si bien es de carácter general y observancia en toda la República, la Ley Estatal observada lo establece de manera general para todas las victimas indirectas de desaparición.
Asimismo, menciona que en ningún artículo se establece la distribución, destino o adecuación de recursos o presupuestal, con lo cual, no solamente se deja en incertidumbre la adquisición de las medidas de protección, además de que refieren que la norma por estas observaciones podría ser no solo inoperable sino ineficaz.
