Como era de esperarse, tanto jueces como diversos integrantes de la judicatura federal han comenzado a promover juicios de amparo contra la reforma en materia de fideicomisos, que afecta derechos de aquéllos en lo individual ya que se trata de fondos que contienen algunas de sus prestaciones laborales.
Una de las figuras más importantes dentro del juicio de amparo es, sin duda, la suspensión de los actos que se estén reclamando, ya que de esa forma se evita que se materialicen en contra del quejoso ocasionándole daños que pudieran ser graves o irreparables; por ejemplo, si un hospital público niega el servicio a quien lo requiere, gracias a la suspensión un juez de amparo puede ordenar que se preste de inmediato la atención médica, sin aguardar tres meses a que se dicte la sentencia.
Así de importante es la figura de la suspensión de los actos reclamados, y gracias a esta, en algunos de los juicios de amparo que promovieron los integrantes de la judicatura federal, se ha ordenado que, mientras se resuelve el juicio, no sean entregados a la Tesorería de la Federación los recursos de los fideicomisos que se apropió el Presidente de México mediante la reforma legal; para quienes conocemos de primera mano la función jurisdiccional, sabemos que esa forma de proceder se ajusta a los estándares jurídicos habituales, ya que es la propia Ley de Amparo la que prevé que, si existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el juez debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden; así lo consigna el artículo 139 de dicho ordenamiento legal.
Todo esto es sabido por los consejeros del Presidente de la República, quien como ya sabemos, no es muy dado a escuchar consejos, y ha preferido emplear la retórica ofensiva de que los jueces se niegan a devolver recursos públicos para reconstruir Acapulco; veamos, cuando comenzó la promoción de amparos en diversas partes del país, el señor López aún no lanzaba a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la misiva política que buscaba exhibirla como insensible y codiciosa por no querer entregar los recursos de los fideicomisos; menos aun se esperaba que la Ministra Presidente sorteara esa misiva invitando al diálogo y a la negociación para encontrar la forma jurídica de entregar recursos, pero salvaguardando los derechos de los trabajadores.
Lo cierto es que, al día de hoy, si la judicatura federal desea preservar su independencia, no tiene otro camino que el de aplicar la propia ley y la Constitución que juraron proteger cuando rindieron su protesta legal del cargo; aún cuando se trate de reformas que les afectan directamente, están obligados a resolver los casos ya que son las únicas autoridades encargadas de obligar a otro Poder a que respete la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, independientemente de que en el colectivo jurídico consideremos que existe un conflicto de interes sobre el tema, situación que en su momento se resolverá debidamente.
Existen precedentes a nivel internacional, donde se ha determinado que la judicatura de un país está obligada a resolver sobre todo caso, incluidos aquellos que les afecten; aceptar que los jueces como impartidores de justicia no tienen derecho a la justicia, es poco más que contradictorio en este país tan convulsionado políticamente; en la antigua Grecia, Sócrates que no se dedica a la política, en tanto que no persiguía el poder para sí mismo con objeto de dominar a los otros, fue un verdadero político, en tanto que con sus enseñanzas busca conducir a los atenienses a una vida virtuosa.
¿Quien es hoy nuestro Sócrates?
