El SPUM y lo que no ha cumplido Ramírez Bedolla

En el contexto del actual periodo electoral que incluye elecciones presidenciales, legislativas y municipales en todo México, surge una reflexión crítica sobre el cumplimiento de los principios de la Cuarta Transformación por parte de sus líderes fundacionales, en especial el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Como uno de los estandartes de la Cuarta Transformación, el gobernador Bedolla enfrenta la responsabilidad no solo de cumplir sino también de hacer cumplir los principios fundamentales que esta corriente política prometió a los electores durante su campaña. Estos principios incluyen el estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto absoluto a los derechos humanos, las garantías constitucionales para todos los ciudadanos, y el respeto a la Ley Federal del Trabajo, especialmente en lo referente a la Reforma Laboral de 2019 que aboga por la autonomía, libertad y democracia sindical.

Un caso que pone a prueba estos principios es la situación públicamente multicitada, del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).

Cómo es del dominio público, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente del Ejecutivo del estado de Michoacán, extendió y refrendó una toma de nota a un Comité Ejecutivo del sindicato elegido sin el quórum estatutario requerido, a pesar de existir un proceso judicial, lo cual contraviene las disposiciones laborales en materia sindical. Este comité, a pesar de haber sido revocado el 24 de marzo de 2021 y haber terminado su periodo el 11 de noviembre de 2021, sigue ocupando las instalaciones sindicales y haciendo uso del patrimonio y recursos de los sindicalizados, ahora con la connivencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene como propósito registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; debiendo regirse por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, como lo establece la Ley Orgánica que lo rige.

Este escenario plantea serias preocupaciones sobre la corrupción y el incumplimiento del Estatuto del Sindicato, en los términos que mandata la Ley Federal del Trabajo. La situación actual hace cuestionable la acción del Ejecutivo del estado y sus dependencias en su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.

En este crucial periodo electoral, se espera que el gobernador Ramírez Bedolla demuestre que los candidatos de la Cuarta Transformación son dignos de confianza por su actuar coherente con los principios que los rigen. La congruencia en el pensar, decir y hacer es esencial para lograr la transformación prometida y mantener la confianza del electorado.

Este caso se convierte en un punto de inflexión para evaluar la autenticidad y el compromiso de los líderes de la Cuarta Transformación con sus propios principios, especialmente en un momento donde la integridad y la transparencia son cruciales para mantener la confianza y el apoyo del pueblo mexicano.

Es de resaltar que, para la redacción del presente artículo, se consideraron los estatutos correspondientes que establecen que:

-Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes garantías (derechos) y responsabilidades (obligaciones):

-Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr su plena soberanía;

-Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y soberanía popular.

Por ello, se solicita al Ejecutivo del estado y todas las instancias correspondientes, cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos y resuelvan de inmediato la problemática que tiene en situación de indefensión a los integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.