Bogotá, Colombia.- El Congreso colombiano ordenó la apertura de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro, que tiene fuero especial y no puede ser indagado por la fiscalía, por presuntos delitos relacionados con la financiación de su campaña electoral.
De acuerdo con información de Associated Press, la Comisión de Investigación y Acusación, con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados, informó en un comunicado que ordenó la apertura de una “investigación previa” contra Petro, al analizar información enviada desde octubre por la fiscalía a raíz de las revelaciones que surgieron en torno a su hijo sobre presuntos aportes irregulares de campaña.
La comisión indicó también que se requirieron “pruebas con el propósito de esclarecer los hechos”, pero no detalló si citará a rendir su versión a Petro; está facultada para hacerlo en caso de considerarlo necesario.
Una vez abierta la investigación contra Petro, los congresistas que integran la comisión deberán después decidir si archivan la causa o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes.
Ahí se estudiaría la acusación y, si es aprobada en pleno, se trasladaría al Senado que se encargaría enjuiciarlo.
Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial.
Inicialmente, la fiscalía pidió verificar si Petro incurrió en delitos relacionados con la financiación de su campaña electoral en la que resultó electo en 2022, luego de que su hijo mayor, Nicolás Petro, lo mencionara durante un interrogatorio.
La fiscalía señala a Nicolás Petro de haber recibido dinero en efectivo e injustificado —al no ser producto de su actividad económica como diputado del Atlántico, al norte del país—, que habría invertido en su patrimonio.
Una parte de esos presuntos fondos irregulares fueron a la campaña presidencial, según la investigación en marcha.
El hijo de Petro enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque inicialmente se ofreció a colaborar con la justicia y dar nombres sobre los aportes —fue cuando mencionó que a la campaña presidencial entraron parte de fondos de origen irregular—, después se echó para atrás y rechazó la cooperación judicial.
