Morelia, Mich.- Persiste la incertidumbre y el temor en Adinabeth Angelina Rivera Gómez, docente y coordinadora de maestrías en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), pues, aunque ya se emitió una disculpa pública por la violencia de género e institucional que acreditó como víctima, no se han tomado las medidas necesarias para definir su situación laboral ni eliminar los riesgos en los que se encuentra actualmente.
Por una parte, se dijo satisfecha por las responsabilidades asumidas y la disculpa pública emitida el día de ayer por la directora del IMCED, Julieta Mendoza Guzmán, y por la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Desirée Molina Aguilar, como parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sin embargo, agregó que a la fecha no le han sido devueltas las actividades que le retiraron sin explicación administrativa o académica alguna, a pesar de que el entonces secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, instruyó a hacerlo al actual delegado administrativo del IMCED, en reunión del 1 de septiembre.
Además, por ser trabajadora de base, en el organigrama del Instituto se encuentra por debajo de la Subdirección Académica, cuyo titular actual, Emiliano “N”, enfrenta una contrademanda iniciada por Adinabeth Rivera, lo que le representa un riesgo.
A decir de ella, él la habría fabricado el delito de amenazas de muerte, interpuesto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que habría enrarecido el debido proceso, pues hizo públicos los datos personales de la maestra en medios de información locales.
El hecho de encontrarse laboralmente subordinada a la persona contra la que sostiene un proceso litigioso, dijo, le produce el temor de que algo le pase a ella, a su familia o a los 12 compañeros que fueron cesados por expresar su solidaridad ante las violencias de género denunciadas, y a los cuales no les ha sido devuelta su programación.
“Cuando nosotros nos integramos en el Instituto, tenemos un área donde tienen datos de dónde vivimos, de nuestros hijos, de nuestros maridos, datos muy sensibles, sí me da miedo, porque él [subdirector académico] fácilmente tiene acceso a toda esta información”.
Llamado a cese temporal
Adinabeth hizo un llamado a la Junta Directiva, máximo órgano del Instituto, presidida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a que cese temporalmente al actual subdirector académico, mientras la FGE resuelve.
“Hago un llamado al gobernador a que revise la situación, y que mientras el proceso termine, él no tenga ningún cargo, ya que es mucho peligro tener en una subdirección académica a una persona misógina y violenta con las mujeres, ya que la mayoría de alumnas, maestras y trabajadoras dependemos totalmente de él”.
Represión desincentiva denuncias
También pidió atender de fondo el problema de violencia de género que existiría cotidiana y sistemáticamente en el IMCED, la cual no es visible, argumentó, debido a que la represión que ha recibido desincentiva las denuncias de otras víctimas.
“Yo creo que es por el mensaje que ellos mandan ‘si tú dices eso, ve cómo está ella’, ‘por iniciar un proceso, ve, la tenemos aparte, no le damos actividad, no la tomamos en cuenta para nada’”.
Pidió, en este sentido, más actividades para hacer consciencia de esta problemática y que se deje de revictimizar a las mujeres que se atreven a denunciar, “porque lo que pasó [en mi caso] es que en lugar de investigar a los violentadores, se dedicaron a buscar situaciones en mi vida privada y en mi vida laboral, las cuales, pues no encontraron”.
Violencia de género
El 8 de septiembre del presente año, la CEDH encontró acreditada la violación al derecho a una vida libre de violencia y no discriminación por razón de género, así como a las buenas prácticas de la administración pública y al derecho de petición.
En entrevista, Adineth relató que el hostigamiento habría iniciado en 2021, cuando –dijo– comenzó a percibir que se le cargaron más actividades de las que correspondían, por lo que se quejó en la CEDH.
Cuando el Instituto se enteró de las investigaciones que la Comisión estaba realizando, varios colegas habrían comenzado a recrudecer la violencia institucional en su contra, entre ellos, el anterior subdirector académico, de iniciales J.R.G. –así lo refiere la recomendación–, quien ejerció violencia de género verbal frente a sus alumnos, con gritos alusivos a estereotipos y roles de género.
Así mismo, la entonces Dirección General, a cargo de C.P.C., le habría retirado sus actividades sin ninguna justificación académica o administrativa, de lo cual se enteró cuando regresó de un periodo de incapacidad que tuvo que tomar por haberse infectado de covid-19; ninguno de los tres escritos dirigidos para aclarar la situación le fueron respondidos.
