Morelia, Michoacán.- Aunque en México existen las capacidades para investigar las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas, las averiguaciones presentan omisiones y deficiencias que afectan el esclarecimiento de los hechos, identificó un reciente informe de la ONU-DH.
Según información de Martiza Pérez, reportera de El Economista, a través de su informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó más del 30 por ciento los defensores y periodistas asesinados entre enero de 2019 y octubre de 2023, habían presentado formalmente denuncias que no habrían sido adecuadamente consideradas ni tramitadas.
Según el informe, de las 138 personas defensoras y periodistas víctimas de asesinatos documentados por la ONU-DH México entre 2019 y 2023, prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos, por lo que al no recibir el trato adecuado el Estado no habría cumplido con sus obligaciones en materia de prevención y protección efectiva de quienes habían ya demostrado estar en riesgo.
“De igual modo, habría faltado a su deber de investigar, juzgar y sancionar las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, advierte el organismo.
La ONU-DH observó que en México existe capacidad, tanto por parte de la FGR como de las fiscalías estatales, para realizar investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia, pero que no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar.
Lo anterior debido a que en el análisis de los caso se identificaron omisiones, particularmente en el cumplimiento de los principios de debida diligencia de oportunidad, competencia y exhaustividad, que se ven reflejadas en: deficiencias en la preservación del lugar de los hechos; pérdida de videograbaciones por retrasos injustificados en su identificación y obtención.
Falta de seguimiento a solicitudes de diligencias; no agotamiento de las líneas de investigación relacionadas con la labor de la víctima; no agotamiento de las líneas de investigación relacionadas con el potencial involucramiento de servidores públicos; entre otras.
Asimismo, en algunos casos no se brindó a las víctimas un adecuado acceso a la información de la investigación.
“En México, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a un riesgo exacerbado, materializado en distintos tipos de agresiones que van desde campañas de desprestigio y amenazas, vigilancia y hostigamiento, hasta desapariciones y asesinatos”.
“En ese sentido, resulta sumamente preocupante que en México persistan elevados niveles de impunidad, misma que constituiría uno de los principales alicientes de nuevas agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, concluyó el organismo internacional.
