SINDICALISMO CRÍTICO NICOLAITA | El imperativo monitoreo de la función pública para erradicar la corrupción

"En los últimos meses se ha ventilado públicamente la manera en que se realizan acuerdos entre partidos políticos para ´repartirse el botín´ de cargos públicos..."

Raúl Cárdenas Navarro, un rectorado con malos saldos y que busca insertarse en la candidatura de Sheinbaum.

De acuerdo con diversos teóricos y especialistas en ética y corrupción, entre las prácticas para erradicar este nocivo fenómeno se encuentran, la creación y fortalecimiento de instituciones anticorrupción, como comisiones anticorrupción, fiscalías especializadas y oficinas de ética gubernamental; la transparencia y acceso a la Información, por medio de leyes que promueven la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública, incluyendo la publicación de datos financieros, sobre contratos gubernamentales y otras actividades, así como el énfasis en la rendición de cuentas, incluyendo mecanismos que responsabilicen a los funcionarios públicos por sus acciones, como auditorías independientes, informes de rendición de cuentas y la implementación de sanciones para actos de corrupción.

Además, se hace uso de la tecnología para mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública, como sistemas electrónicos de contratación y plataformas de participación ciudadana; así como la participación ciudadana en la toma de decisiones, el monitoreo de la administración pública y la denuncia pública; también se aplican la formación ética para funcionarios públicos, remarcando la importancia de la integridad y la ética en el servicio público; así como la realización regular de auditorías externas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y las evaluaciones de desempeño, así como el fomento de la cultura de la denuncia.

Los índices de confianza pública, clave para erradicar la corrupción, se integran y utilizan para evaluar la confianza de la población o comunidad en las instituciones y la percepción en la integridad de los funcionarios públicos, este último se mide a través de encuestas y estudios de opinión que indagan el nivel de confianza en el servidor público, tomando en cuenta factores como la transparencia de los funcionarios en la toma de decisiones y la comunicación efectiva, el nivel de percepción de la honestidad y la ética de los funcionarios públicos, el grado de participación de la sociedad civil para influir o ser considerada en la toma de decisiones, el grado de legitimidad de los servidores públicos según la confianza que la comunidad perciba sobre estos, así como los incidentes de corrupción, conflictos de interés, violación sistemática de las normas, escándalos de gobernanza, falta de transparencia y mala gestión que tengan durante su carrera en el servicio público, así como los factores culturales, históricos y políticos que influyen en la percepción de la población sobre las instituciones y los servidores.

Si se tiene una mala evaluación sobre los factores anteriormente referidos no sólo se erosiona la confianza en el servicio público, sino que favorece la proliferación de la injusticia, la inequidad y la impunidad. En los últimos meses se ha ventilado públicamente la manera en que se realizan acuerdos entre partidos políticos para “repartirse el botín” de cargos públicos, instituciones e incluso organismos autónomos, independientes e imparciales. Entre la lista de acuerdos pactados y signados por los dirigentes del PAN y PRI ventilados cínicamente por Marko Cortés, presidente macional del PAN, se encuentra la repartición del 20 por ciento de direcciones de los planteles educativos y Universidades.

A los trabajadores de las universidades, no les es ajeno este fenómeno, pues saben cómo son usadas estas instituciones para hacer acuerdos o carrera política a costa de deberle al pueblo, quien sostiene la educación pública, mayor cobertura, especialmente a los grupos rezagados, la estabilidad laboral y una retribución digna a los académicos y trabajadores y la falta de impacto social de las tareas de investigación, extensión universitaria y difusión cultural en la solución de sus problemáticas y demandas más sentidas.

Y queda como ejemplo muy presente el Rectorado de Raúl Cárdenas Navarro, que no sólo se constituyó en infame verdugo de los trabajadores académicos, administrativos y manuales nicolaitas reprimiéndolos y despidiendo injustificadamente y sin el debido proceso a poco menos de 50 trabajadores por ejercer su derecho a la manifestación y a la protesta en el marco de las actividades sindicales y por denunciar las irregularidades y arbitrariedades con las que actuó a las órdenes de Silvano Aureoles Conejo, el aprovechamiento de la pandemia para tomar decisiones unilaterales sobre procesos en los que debió participar la comunidad académica, el incremento en el rezago en el pago a prestaciones laborales contractuadas, que a la fecha arrastra la administración nicolaita, la falta de pago de impuestos a Hacienda y de servicios públicos, entre otros perjuicios.

En septiembre pasado se vio a Cárdenas Navarro, Silvia Hernández Capi, Isabel Marín Tello, en las afueras del Centro de Convenciones de Morelia cuando la doctora Sheinbaum realizó su primera visita ya como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El 20 de septiembre, apareció una publicación en “El Heraldo de México” titulada “La comunidad académica de Michoacán avala propuestas de Claudia Sheinbaum: Raúl Cárdenas Navarro”. Ahora, algunos de los ya no tan jóvenes y polémicos colaboradores de su Rectorado, figuran entre quienes integran la estrategia estatal de apoyo ciudadano denominada “Ciencia y Academia” e invitados por Rogelio Sosa Pulido han realizado paneles, conferencias, talleres y hasta la presentación de un libro sobre la Dra. Sheinbaum en compañía de la ex–Rectora Silvia Figueroa Zamudio, seguramente buscan reposicionarse, después de que la comunidad universitaria los repudiara.

Se ha ubicado a Patricia Manríquez, una de las funcionarias que ejecutó el primer despido en el Departamento de Vinculación después de la protesta del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) del 17 de febrero de 2020, donde se perjudicó al C. Carlos López Toro, y quien siempre ha sido cercana colaboradora con el ex subsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la SICDET de Silvano Aureoles Conejo y ex secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pedro Mata Vázquez, quien no sólo fue cuestionado por las irregulares designaciones de la inexistente figura de “directores interinos”, sino porque su nombre figuró dentro de la lista de movimientos de promoción irregulares realizados por la administración de Cárdenas Navarro dados a conocer el 23 de febrero de 2023 en diversos medios.

Orepani García Rodríguez es otro de quienes han sido ubicados en los paneles de “Ciencia y Academia”, ex secretario académico de la UMSNH, quien fue cuestionado públicamente por evitar la participación de los académicos del Bachillerato Nicolaita en el rediseño del Plan de Estudios del mismo, por mentir a quienes participaron en la capacitación de los académicos en la plataforma institucional durante la pandemia, comprometiendo apoyos que nadie le había solicitado y luego retractándose y que fue denunciado por el SUEUM el 9 de septiembre por sustraer 3 millones de pesos de la partida extraordinaria para la actualización del acervo bibliográfico cuando estuvo a cargo de la Dirección General de Bibliotecas.

El 11 de enero pasado, en “EXENI” se publicó una foto de Raúl Cárdenas Navarro saliendo del sitio donde se llevó a cabo la rueda de prensa con Claudia Sheinbaum Pardo, con un pie de foto que decía “Claudia Sheinbaum estuvo un par de horas en Morelia, en reuniones privadas y en un encuentro con medios de comunicación. En una de ellas, se entrevistó con algunos personajes políticos y de la academia, entre ellos el ex Rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas Navarro a quien le confirió tareas propias de vinculación universitaria”.

La comunidad universitaria se pregunta si esta supuesta encomienda, parte de su capacidad de invención “literal” del desarrollo de la vacuna que no existió o no proliferó, pero que, a confesión de su ex secretario particular, Alejandro Bravo Patiño en entrevista con El Heraldo de México, “la inversión total para el desarrollo de esta vacuna la ha absorbido en su totalidad la Universidad Michoacana” (https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidad-en-michoacan-desarrolla-vacuna-mexicana/) o de tergiversar y publicar en el medio de mayor circulación del estado y otros en octubre de 2022 que estaba en el top ten de rectores de universidades públicas de México, cuando en realidad estaba por debajo de la media, en el puesto 28 de 35 y con una aprobación del 37.1%. O por su capacidad de ubicuidad y de poder realizar una investigación apoyada con un monto de un millón cien mil pesos recursos públicos sobre el riego de la fresa, siendo rector.

Los jóvenes y medianamente jóvenes que se dicen parte del “relevo generacional” de funcionarios públicos, como se identificó el grupo de Raúl Cárdenas Navarro en su momento y otros actores políticos cuyo breve ejercicio ya ha sido descalificado por sus correligionarios en el partido en el poder, por acapararlo y abusar en beneficio propio de este, debían seguir el consejo dado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, la semana que concluyó ante el escándalo de Marko Cortés, “La política es un imperativo ético; es un noble oficio cuya esencia es servir. Resistan la tentación al dinero fácil y mal habido y aléjense de vulgares ambiciones”.