A días de haber comenzado el 2024, el incremento en los precios de los productos, sobre todo en los que considera la canasta básica, se ha sentido con rigor. No es raro que al acudir al supermercado o a los llamados mercados sobre ruedas (tianguis), los productos básicos que toda familia consume, encontremos un aumento importante.
Se habla alrededor de un incremento en los precios del 30 por ciento, lo cual es representativo para la mayoría de las familias, pues ahora se deberá destinar un mayor porcentaje de los ingresos familiares a la adquisición de los productos básicos. En algunos casos, este incremento es del 100 por ciento o más. Como el caso del jitomate o tomate rojo (como algunos lo conocen), de oscilar en noviembre y principios de diciembre del año pasado (2023) en un rango de 15 a 25 pesos el kilogramo a un rango de 35 a 45 pesos, en lo que va de enero del presente.
Se trata de bienes fundamentales considerados en la canasta básica, por ejemplo, maíz, frijol, azúcar, el denominado cuadro básico de frutas y verduras, etc. Esto sin considerar al alza en otro tipo de productos como lo son la gama de los combustibles (gasolina, diésel, etc.), cuyo aumento se traslada de manera inmediata hacia otros productos.
Esto coloca en un escenario endeble a la población, sobre todo a la que, por sus condiciones socioeconómicas, es vulnerable ante los embates del incremento en los precios, al tratarse de productos básicos, que son consumidos por todas las familias. Ante este fenómeno, las familias observan como su ingreso se reduce a tal grado de verse en la necesidad de incurrir a prestamos o créditos, cuyos pagos son onerosos y tortuosos.
Aunque según la legislación en el país, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, sin embargo, para gran porcentaje de las familias mexicanas, no existen las condiciones para lograr o conseguir este precepto. Mas aun, la realidad contradice a la retorica presidencial, contraviniendo al derecho de las personas a la alimentación, con medidas de política económica que ponen en tela de juicio la aseveración de “primero los pobres” “primero los de abajo” etc. más aun, cuyos efectos más agudos se orientan hacia la población de menores ingresos.
Mientras tanto, desde el gobierno federal se vanaglorian del incremento al salario mínimo. El cual a partir del 1ro. de enero aumentó un 20%. Pero, hasta ahí todo es felicidad, inclusive los que no son simpatizantes del gobierno federal, le aplauden. El problema viene cuando nos percatamos que los precios están incrementando y que, ni siquiera con el aumento del salario mínimo alcanza para cubrir las necesidades más elementales que quizá el año pasado si era posible.
En fin, mientras los propósitos del gobierno federal sean otros, tales como: ver la manera de mantener el poder, ganando las elecciones, sobre todo la presidencia de la república, no existirá poder alguno que cambie el rumbo de la economía de este país y con ello la volatilidad en los precios, causando la disminución del poder adquisitivo de las familias, restringiendo o limitando su derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
