Morelia, Mich.- Teme el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), capítulo Michoacán, que el gobierno del estado haya engañado a los empresarios interesados en participar en la licitación de la operación del hotel del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).
Así lo señaló Agustín Arriaga Diez, titular de esta organización, quien comentó que por dos años han buscado a Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán (Sectur), así como a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador, para conocer las bases del concurso, así como el estado del proceso, sin que hasta ahora hayan tenido éxito.
La preocupación escaló por parte de los empresarios, agregó, en vista de que a un mes de que expire la concesión que actualmente está operando, ya estarían corriendo rumores de que, en lugar de una licitación, ya se habría concretado una asignación directa a favor del consorcio que administra los hoteles Wyndham.
La relevancia de esta concesión en disputa, argumentó Arriaga Díez, se debe a que se trata del hotel más grande de Michoacán y a que, dadas las condiciones de la plaza, es la que establece los precios, materia en la que actualmente, añadió, se habría conducido de manera desleal, ya que habría bajado tanto las tarifas que los hoteles más pequeños de la zona no pueden competir con ellos.
Se repetiría la historia
Hace doce años, señaló Arriaga Diez, esta concesión habría sido entregada de manera “sorpresiva” y “unilateral” al Grupo Hotelero “H”, que actualmente administra el Best Western Plus, negando así la posibilidad de participación a los empresarios locales, algo que habría ocurrido, precisamente, cuando Monroy se encontraba también al frente de Sectur.
En aquel momento, subrayó el líder empresarial, “todos los hoteleros exigimos claridad en el proceso y la reposición de éste, sin embargo, no fue así derivado de lo cual, se interpusieron demandas legales por haber entregado de esa manera el hotel”.
El Grupo “H”, recordó, fue demandado en 2022 por el propio gobierno del estado por un adeudo de cuatro años, equivalente a 44 millones de pesos, por concepto de falta de pago de la renta del espacio.
