Quito, Ecuador.- El impuesto al valor agregado subió el lunes en Ecuador desde el 12 al 15 por ciento como medida para financiar la lucha contra el crimen organizado.
Según The Associated Press, el incremento tributario llega después de un fin de semana violento durante el feriado de Semana Santa, con al menos 28 crímenes en las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, las más conflictivas del país.
De acuerdo con datos de la policía ecuatoriana, faltan los datos de las provincias de Manabí, Santa Elena y otras, en donde también se produjeron hechos violentos.
El gobierno espera recaudar con la subida de tres puntos al IVA cerca de 1.100 millones de dólares anuales con los que pretende hacer frente a la inseguridad y violencia reinante desde inicios del 2021, cuando se volvieron recurrentes las masacres al interior de las prisiones y los crímenes en las calles.
El presidente Daniel Noboa, en un acto en la ciudad austral de Cuenca, a 310 kilómetros al sur de la capital, reaccionó a los sucesos de Semana Santa y dijo que “no nos vamos a rendir, ni a ceder frente a la delincuencia, ni ante el crimen organizado”.
De acuerdo con el decreto presidencial, 208 productos están exentos de la nueva tarifa del IVA, entre ellos, alimentos como carne, pescado, cereales, arroz, harina, además de vegetales y frutas frescas.
En los mercados populares del país, hay cierto nerviosismo más que por el aumento de ese impuesto, por la escasez de algunos alimentos debido al invierno.
Paralelamente al alza tributaria, el gobierno dijo que para estimular la economía nacional desde el lunes baja el IVA para materiales de construcción —del 12 al 5 por ciento— en acero, concreto u hormigón, entre otros.
Esta medida fue justificada por las autoridades en que la construcción es un sector clave para la generación de empleo y para el movimiento económico en múltiples áreas.
Desde inicios de año, Noboa decretó un estado de excepción, que limita algunos derechos como de reunión y asociación, y decretó el estado de conflicto armado interno, que cataloga a las bandas criminales como “terroristas” y que permite la movilización de militares, junto a la policía, para labores de seguridad interna.
