Morelia, Michoacán.- Fue presentado el informe “No nos dejen morir aquí”, una profunda investigación sobre los hechos ocurridos en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, así como de la política migratoria militarizada y de contención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
De acuerdo con información de Gloria Leticia Díaz, reportera de Proceso, en representación de los sobrevivientes, Stephan celebró que con el informe “la verdad sale a la luz, gracias a Dios, a los periodistas y a las organizaciones de derechos humanos”.
El documento de 132 páginas está integrado de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura, entre otros abusos, como parte de una exhaustiva investigación con base en los testimonios de los sobrevivientes y el litigio en defensa de aquellos que han decidido llevar a juicio al INM y a sus máximas autoridades “por la muerte y afectación a la integridad de las víctimas del incendio Estancia Provisional tipo B de Ciudad Juárez”. Las organizaciones responsables del documento son Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Asylum Access México.
Jerónimo del Río, de la FJEDD hizo un recuento de los principales hallazgos, entre ellos que los 67 migrantes víctimas llegaron a la estancia migratoria tras haber sido objeto de “detenciones arbitrarias” por parte del INM, policías y DIF municipales y Guardia Nacional, y que al menos en dos casos tenían documentos para una estancia temporal en México, con permiso de trabajo de por medio.
Explicó que por los hechos, las organizaciones sociales que tomaron el caso interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero el caso permanece en la impunidad.
Al resaltar que la FGR obstaculizó la defensa de las organizaciones, por cuestionar su “legitimidad”, indicó que la estrategia de la institución ha sido “de impunidad total en las investigaciones, conducidas a culpabilizar a mandos de bajo rango de homicidio y a los de alto rango de delitos menores”.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, destacó que el caso se ha ido alargando, porque “la FGR integró siete causas penales, y hemos interpuesto seis amparos, ante las actuaciones irregulares”.
Blanca Navarrete, de DHIA, apuntó que la impunidad que envuelve al comisionado Francisco Garduño es mayúscula, pues a pesar de la responsabilidad que tiene en el caso, sigue su proceso en libertad “viaja a Ciudad Juárez con recursos del erario para firmar ante el juzgado y acude acompañado de la responsable del Centro de Control y Confianza del INM, Norma Alicia Hernández García, en un claro conflicto de interés, porque la servidora pública es la responsable de certificar si un funcionario tiene las habilidades para desempeñar su cargo, y en el caso de Garduño durante su gestión han ocurrido 14 incendios en estancias migratorias, dos de ellos con pérdida de vidas humanas”, en Tenosique, Tabasco, en 2020, en que falleció una persona y 14 más resultaron afectadas, y el de Ciudad Juárez.
Navarrete recordó que el 22 de septiembre del año pasado que acudieron ante la CIDH, representantes de la sociedad civil y, de manera virtual, el sobreviviente Brayan Eduardo Flamenco, Garduño se comprometió a “pagar cerca de 450 mil pesos por los daños causados a la estancia, dejando fuera de sus consideraciones a las víctimas”.
Gretchen Kuhner, de IMUMI, hizo un recuento de tragedias ocurridas en instalaciones del INM desde 1993, y consideró que el trato inhumano que tienen los agentes del INM, transmitido a guardias de seguridad privados que ha contratado la institución, forma parte de “una política y una cultura de estos servidores”.
La defensora reprobó que ese mismo trato inhumano se presente en la responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada “se ha negado a recibir a los sobrevivientes y a inscribir a las mujeres y niños que lograron salir de la estancia, a pesar de que sus parejas murieron en el incendio”.
Angélica Montesinos, de Assylum Access Mexico, puntualizó que el incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, es evidencia que “convertir a la detención como política migratoria de contención y criminalización, mata, y debe ser suficiente para no aplicarse más”.
