Morelia, Mich.- “Ya no hay censura”, aseguró Jorge Vílchez, columnista de larga data a quien, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, le tocó estar del otro lado del micrófono. Lo que hay, añadió, es “autocensura” a partir de los chantajes de los convenios y la publicidad.
Ya no sucede como antes, relató desde su experiencia, cuando las dependencias gubernamentales marcaban a los directivos de los medios para pedir “la cabeza” de un reportero; lo que se hace ahora, explicó, es condicionar el pago de la publicidad, a cambio de que no sean publicadas notas negativas para el cliente, ahora ya no es necesario.
“Aquí no podemos pegarle” a tal o cual funcionario, a tal o cual dependencia, “eso ponlo en el último párrafo, no en la cabeza”, son instrucciones que se escuchan en las refacciones de las empresas informativas todos los días.
-Hay que sacar nota de este funcionario, tiene convenio.
-Pero le tira a este otro, con el que también tenemos convenio.
-Entonces cambia la nota.
A ello se refiere Paola Mendoza, reportera colaboradora en varios medios, quien, por las mismas razones que Vílchez, concluye que no hay realmente libertad de expresión.
“Muy pocos medios de comunicación tienen libertad justamente de publicar cualquier tema sobre cualquier visión, hay reporteros que se avientan a sacar algo a la luz que a lo mejor no concuerda tanto con la versión oficial, pero creo que muchas veces siguen sofocados por los mismos directivos, y que, ante estos convenios y tratos económicos, pues enfocan la información, que aunque es buena y de beneficio para la ciudadanía, no puede ver la luz”.
Sin embargo, hay periodistas que han vivido otro tipo de limitaciones a la libertad de expresión, como el acoso judicial.
Uno de los casos recientes más sonados en la capital del estado lo vivió Javier Favela, denunciado por una diputada panista por violencia política de género, al haber incorporado en una nota las declaraciones negativas que contra la promovente emitió su entrevistado, el líder del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova.
Aunque finalmente el juicio fue desechado en una segunda instancia, en un primer momento le fue dictado al reportero la medida cautelar de no expresar nada acerca de la diputada, mientras que al medio para el que trabaja, La Voz de Michoacán, se le había instruido bajar la nota, objeto de disputa.
Algo similar le ocurrió a Rafael Rivera, director del portal Gente del Balsas, quien fue denunciado por la alcaldesa morenista de Lázaro Cárdenas, María Itzé Camacho Zapiain, después de lo cual tuvo que pagar cerca de 15 mil pesos por los cargos imputados, proceso que además habría modificado su agenda, pues, para no arriesgarse a un conflicto mayor, dejó de cubrir la actividad del Ayuntamiento del municipio costero.
El motivo, que el 29 de enero de 2021, el reportero Francisco Rivera publicó una nota en la que consignó las declaraciones del ex contralor de las dos veces alcaldesa, que hacía señalamientos por presunta corrupción en el gobierno municipal.
“Aquí en Lázaro Cárdenas está coartada la libertad de expresión por parte de la gente en el poder, en el Ayuntamiento, los seis años que lleva esta señora que terminan en agosto, y ahora en septiembre, que va a continuar con su empleado, el que era su síndico fue electo como presidente municipal, ella es dioutada local por el distrito 24”.
En ello coincide Otilia Medellín, quien también colabora en varios medios al interior del estado, algunos con sede en Lázaro Cárdenas, circunstancia en la que ha sido víctima de distintas amenazas y hasta un levantón por equivocación (“me confundieron con alguien más, yo ni había escrito esa nota policiaca”), y quien destacó el doble riesgo que representa ser mujer y periodista.
“Ser mujer y ser periodista es doblemente riesgoso, porque es más fácil el acoso hacia una persona que la mayoría considera débil. He vivido el menosprecio de la libertad de expresión que yo pueda ejercer por cuestionar las ideas, porque creen que no tengo todo el bagaje, cuando una se prepara, y mucho”.
Rodrigo Caballero, quien ejerce el periodismo de largo aliento -nominación que prefiere al de “periodismo de investigación”, por parecerle esto un pleonasmo-, señala que hay picos de mayor o menor libertad de expresión en Michoacán.
En su análisis hay obstáculos para ejercerla en dos niveles distintos, no efectivamente el de las amenazas, el acoso judicial o incluso las incidencias perpetradas por grupos delincuenciales, pero otra más básica está relacionada con el contexto de inseguridad generalizada en el que se ejerce el periodismo, y que inhibe a la gente de colaborar con quienes practican este oficio.
En su balance, por ejemplo, la gente tiene más miedo de hablar que antes, además de que, haciendo eco de las posturas públicas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, serían más recurrentes los ataques a la prensa.
“Las personas tienen más miedo en la actualidad de darte testimonios, de facilitar documentos, de hablar. Desde que llegó López Obrador, si el presidente puede descalificar y agredir a la prensa, esto envalentona para agredirte como prensa en el terreno, aumenta niveles de riesgo, es como si fuera una orden presidencial”.
Junto con un colega, Caballero construyó la teoría del mosquito, según la cual para hacer un buena investigación “hay que ser lo suficientemente molesto para no dejar dormir, pero no tanto como para que se paren a aplastarte”, postura que hace eco de aquella de la autocensura, con la diferenciado de que en este caso se alude a un contexto de violencia sociopolítica, y no sólo a un tema de voluntad.
A pesar de que recorre zonas de alto riesgo, como Churumuco, Coalcomán, Aquila o Aguililla, ha preferido construir protocolos de seguridad con sus propios medios antes que adscribirse al mecanismo de protección de periodistas que ofrece el Estado mexicano, no solo, argumentó, porque coartaría su libertad de movimiento por el territorio, sino porque “el monitoreo te lo dan las instituciones que muchas veces son las acusadas de violaciones a los derechos humanos”.
Según la organización internacional Artículo 19, en el país se registraron en 561 agresiones contra medios de información durante 2023, así como cinco homicidios, el de Marco Aurelio Ramírez Hernández, de Puebla, Luis Martín Sánchez Íñiguez, de Nayarit, Nelson Matus Peña, de Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara, de Sonora, e Ismael Villagómez Tapia, de Chihuahua, situaciones que siguen otorgándole a México el título de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
