Buenos Aires, Argentina.- En una jornada histórica, el Senado argentino aprobó la esperada ley Bases, el ambicioso proyecto legislativo del Gobierno de Javier Milei, que establece el marco legal para la transformación profunda del modelo económico y social de Argentina.
Según EFE, tras 11 horas de debate ininterrumpido y mientras en la calle miles de manifestantes se pronunciaban en contra, la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como ‘ley ómnibus’, recibió 36 sufragios en contra y 37 a favor, incluido el ‘voto de calidad’ de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, quien deshizo el empate en una segunda votación.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como una pieza fundamental para “modernizar y dinamizar” el país sobre la base del liberalismo económico y reducir del rol del Estado en la economía, ya pasó el trámite de la Cámara de Diputados.
Si durante su tramitación en particular en el Senado, la iniciativa es modificada, volverá a la Cámara Baja, para su discusión y sanción definitiva.
Al conocerse el resultado de la votación, cientos de manifestantes que se encontraban a las puertas del Congreso se enfrentaron a la Policía, lanzándoles piedras y levantando barricadas, a lo que los agentes respondieron disparando balas de goma y empleando gases lacrimógenos, en una repetición de los episodios violentos que tuvieron lugar a lo largo de la jornada.
La ley Bases lleva casi medio año en trámite parlamentario. En minoría, el oficialismo tuvo que eliminar varios aspectos del proyecto original. Después de múltiples revisiones, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados a finales de abril con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.
Para lograr su debate en el pleno del Senado, el oficialismo accedió a más modificaciones. Ahora, una vez que la Cámara Alta debata el proyecto en lo particular, el proyecto deberá regresar a Diputados para su discusión final.
La ‘ley Bases’ declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, otorgando al Ejecutivo amplias facultades en estos ámbitos.
La iniciativa permite la reforma del Estado, la privatización de varias empresas, cambios en la legislación laboral y de jubilación, y ofrece incentivos para el sector de energía e hidrocarburos y grandes inversiones.
Junto con este proyecto, el Senado también debate un paquete fiscal que incluye un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva y aduanera.
