Morelia, Mich.- Elementos de la Guardia Civil de Michoacán mantienen un bloqueo en el periférico de Morelia, a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que, este viernes, autoridades estatales rechazaran una tercera mesa para negociar con ellos sus demandas de acceso a derechos laborales.
Un pliego cuyas exigencias se escriben, borran y reescriben constantemente desde el pasado martes, cuando se instaló por primera vez el plantón, plantea hoy que no se retirarán hasta que sea homologado y ampliado su bono por riesgos (“Banbajío”) y se les aumente el salario, congelado desde hace casi nueve años.
“No hay acercamiento, pero sí amenazas de que nos van a mandar al grupo penitenciario, a la Guardia [Nacional], a Batman, a Robin, pero no mandan al secretario. No nos vamos a mover hasta que se presente el secretario, pedimos su destitución ante el mal trabajo que se ha hecho”, señaló uno de los inconformes en el sitio.
Esta exigencia contra el titular de la SSP, José Alfredo Ortega Reyes, fue lanzada desde el inicio de las movilizaciones, pero que quedó de lado en los acuerdos firmados el miércoles en la tarde, que merecieron que no hubiera manifestación el jueves.
En ese momento la SSP, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), y la Subsecretaría de Gobernación se habían comprometido a pagar de inmediato los descuentos al bono referido, de alrededor de 5 mil 500 pesos para la mayoría de los mandos operativos de la Guardia Civil, aplicados en el orden del 15 por ciento, por un presunto “error administrativo”.
El bloqueo —cabe recordar— se reinstaló el día de ayer ante el incumplimiento de este acuerdo fundamental, pues, según Óscar Lemus de la Torre, vocero jurídico de los quejosos, no se habría restituido su derecho ni al 40 por ciento de los afectados, de un universo de cerca de 6 mil 900 elementos de la GC en mandos operativos, según las cifras de Ortega Reyes.
La SESESP ofreció una revisión caso por caso de los uniformados aún pendientes, pero la propuesta fue rechazada ante el argumento de que quienes en ese momento conformaban el contingente —alrededor de una treintena, como en días anteriores— no son todos aquellos a quienes se les adeuda.
Adelantar mesa de análisis financiero
En consecuencia, los manifestantes exigen que se adelante la mesa pactada para el 26 de junio, en donde se pretendía negociar la homologación y aumento del bono “Banbajío”, así como de los salarios de los uniformados, mediante un análisis financiero que permita esclarecer, ante la observación de los quejosos, con qué recurso cuenta la institución, cómo y a quién lo dispersa.
Esto responde también a las acusaciones de que se estaría desviando parte del bono por riesgos a trabajadores administrativos, o, por ejemplo, personal de cocina del secretario de la SSP, quienes estarían recibiendo hasta cuatro veces más que quienes se “juegan el pellejo en la calle todos los días”.
La SESESP y la SSP se han negado a prestarse a una tercera mesa de diálogo, con el argumento de que cada vez que se alcanza un acuerdo se echa para atrás, por falta de consensos y organización interna de los inconformes.
Fuera militares
Una de las consignas que ha tomado fuerza conforme pasan los días es la de “fuera militares”, no sólo por el pasado verde olivo del titular de la corporación civil de seguridad en Michoacán, sino por las presuntas prerrogativas que tendrían estos en las bases militares, según relató ayer un policía de la Región Apatzingán.
“En esa zona nos dronean, nos avientan bombas por medio de drones, y a los oficiales de la policía del estado los dejan descansar afuera, con sus casas de campaña, que uno pone a un lado de un basurero, que es la basura que se genera de toda la base; y los soldados, durmiendo adentro, bajo techo; y los oficiales de policía preguntándonos si mañana vamos a despertar, porque, con un dron, se nos acabó el corrido”.
