Morelia, Mich.- Detienen a presunto homicida de catedrático de la Universidad Michoacana mientras elementos de la Guardia Civil, inician movilización para pedir aumento salarial, pago de bono, que se les restituyan descuentos y se despida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En Cuba, un submarino ruso inquieta a Washington y a nivel nacional destaca la negativa a retornar a Tila de 4 mil indígenas choles, desplazados por la violencia.
Policías estatales mantienen movilización; piden salida de Ortega | 15 de junio
Elementos de la Guardia Civil de Michoacán mantienen un bloqueo en el periférico de Morelia iniciado el pasado martes 11 de junio a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que, este viernes, autoridades estatales rechazaran una tercera mesa para negociar con ellos sus demandas de acceso a derechos laborales, además de que piden la destitución del titular, José Alfredo Ortega Reyes.
Al finalizar la semana, los elementos plantean que no se retirarán hasta que sea homologado y ampliado su bono por riesgos (“Banbajío”) y se les aumente el salario, congelado desde hace casi nueve años. “No hay acercamiento, pero sí amenazas de que nos van a mandar al grupo penitenciario, a la Guardia [Nacional], a Batman, a Robin, pero no mandan al secretario (José Alfredo Ortega Reyes). No nos vamos a mover hasta que se presente el secretario, pedimos su destitución ante el mal trabajo que se ha hecho”, señaló uno de los inconformes en el sitio.
Esta exigencia contra el titular de la SSP, fue lanzada desde el inicio de las movilizaciones, pero que quedó de lado en los acuerdos firmados el miércoles en la tarde, que merecieron que no hubiera manifestación el jueves 13. En ese momento la SSP, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), y la Subsecretaría de Gobernación se habían comprometido a pagar de inmediato los descuentos al bono referido, de alrededor de 5 mil 500 pesos para la mayoría de los mandos operativos de la Guardia Civil, aplicados en el orden del 15 por ciento, por un presunto “error administrativo”.
4 mil indígenas choles en Chiapas, en desplazamiento forzado | 15 de junio
A una semana de un éxodo masivo en el que unos 4 mil indígenas choles del municipio de Tila fueron víctimas de desplazamiento forzado, el sitio enclavado en la parte norte del estado de Chiapas luce desolado. Según EFE, después de los ataques en el municipio solo quedaron un puñado de habitantes, en su mayoría personas de la tercera edad quienes además de ser de bajos recursos, sufren diversos padecimientos y enfermedades que les impidieron dejar su hogar por la violencia y ahora se les ve caminar por las deterioradas calles, entre los comercios de artículos religiosos y casas cerradas, en busca de comida y servicio médico.
Desde el pasado lunes, tres días después del éxodo, el Gobierno mexicano intentó convencer a los desplazados de retornar a sus hogares, para ello el Ejército mexicano instaló en el edificio de una escuela, el Colegio de Bachilleres de Tila, un centro de atención y entrega de ayuda humanitaria a los desplazados. Otro intento fue de la Secretaría del Bienestar que buscaba convencer a los desplazados de su retorno a través de los 14 programas sociales, los cuales serán ofrecidos a la población en un módulo que instaló en el poblado de Tila, pero los afectados rechazaron la propuesta.
Sin embargo, las víctimas insisten en que “no hay condiciones para su retorno”, por lo que continúan realizando las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, dependencia que no se da abasto para integrar la demanda colectiva, indicaron las víctimas de desplazados forzados.
Él éxodo masivo se da en un contexto de lucha agraria entre agricultores legales y autónomos, que por años buscaron la acreditación de la propiedad en la que viven y las tierras que son para cultivo ante el Gobierno federal, pero acusaron que este fue omiso ante la problemática. Pobladores señalan que los grupos armados Karma y Autónomos están en disputa de las tierras, pero este año el Ejército mexicano llegó para calmar las cosas, pero ambos grupos corrieron a los militares y se desató la problemática y la violencia.
Submarino ruso en Cuba inquieta a Washington | 13 de junio
Un submarino de propulsión nuclear estadounidense arribo a Cuba, informó el Pentágono este jueves, un día después de que un submarino nuclear ruso atracara en La Habana para una visita inusual a la isla comunista. “El submarino de ataque rápido ‘USS Helena’ se encuentra en la Bahía de Guantánamo, Cuba, como parte de una visita de rutina al puerto. La ubicación y el tránsito del buque estaban previamente planificados”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos.
Según AFP, el submarino ruso de propulsión nuclear ‘Kazan’, que según Cuba no transporta armas nucleares, llegó el miércoles a La Habana, acompañado de la fragata Almirante Gorshkov, así como de un petrolero y un remolcador de salvamento. El inusual despliegue ruso a tan sólo 90 millas de la costa de Florida se produce en medio de grandes tensiones por la guerra en Ucrania, país que cuenta con el apoyo de Occidente en su lucha contra una invasión rusa.
El ejército de Estados Unidos asegura que monitorea de cerca la presencia de los barcos rusos, pero que no suponen una amenaza directa.
Piden liberación de ambientalista purépecha | 12 de junio
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), exigió la liberación de María Cruz Paz Zamora, una defensora del medio ambiente y los derechos humanos. Según el CSIM, Paz Zamora fue detenida el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, por la Fiscalía General del Estado (FGE), detención que consideran injusta ya que se le acusa falsamente de un delito que no cometió, argumentando que buscan usarla como chivo expiatorio para exonerar a los verdaderos culpables, según la organización.
El vocero del Consejo, Pavel Guzmán, señaló que María Cruz Paz Zamora es conocida por su labor en la protección de los bosques y la promoción de la cultura purépecha. Ha liderado iniciativas de reforestación masiva en Ocumicho, se ha enfrentado a talamontes y productores ilegales de aguacate, y ha trabajado incansablemente por el rescate cultural de su comunidad.
El CSIM sostiene que su activismo ha llevado a su criminalización y encarcelamiento por parte del Estado mexicano, destacando el contexto de violencia y represión en la comunidad de Ocumicho, donde comuneros han sido amenazados por civiles armados. Según versiones del mismo CSIM, a la integrante también del Congreso Nacional Indígena se le vincula como presunta responsable de la desaparición de los comuneros de Santa Cruz Tanaco, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos.
Detienen a presunto homicida de Jean Cadet Odimba | 11 de junio
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó Jonatha “N” presunto responsable del asesinato del catedrático de la UMSNH y defensor de los derechos humanos, Jean Cadeth Odímba, perpetrado el pasado 5 de junio en la Unidad Deportiva Morelos Indeco en esta ciudad.
Por medio de un breve comunicado, se informó que los datos presentados ante la autoridad juridicial -“indicios idóneos y pertinentes”-fueron suficientes para que se le dictara la medida de prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria por el delito de homicidio doloso.
El 7 de junio Jonathan “N” fue detenido en la colonia Torreón Nuevo, tras una persecución. Tenía en su posesión mensajes telefónicos de extorsión dirigidos al sector comercial de esa zona, además de marihuana y se le vincula con un grupo de la delincuencia organizada.
Cabe recordar que las primeras declaraciones sobre el suceso, el fiscal del estado Adrían López Solís, refería que el crimen pudo estar relacionado con la labor del abogado y defensor de derechos humanos, la línea de investigación apunta a las amenazas recibidas por algunos litigios en casos jurídicos que llevaba.
Suman 150 denuncias contra la Guardia Civil | 10 de junio
Son 150 las denuncias ciudadanas interpuestas ante la Policía Morelia contra elementos de la Guardia Civil, por presuntos abusos policiacos, según dio a conocer el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi.
Si bien los incidentes ascienden a 170, explicó que hay cerca de 20 que no han querido proceder con el recurso legal, muchas veces porque temen ver comprometida su integridad, agregó, ya que en no pocos casos los uniformados se quedarían con las identificaciones de las víctimas.
En los últimos tres meses, refirió, se levantaron unas 50 denuncias (durante el periodo electoral), algunas por robos que ascienden hasta los cientos de miles de pesos, mientras que en otras hay acusaciones de “siembra” de evidencias falsas para extorsionar a los ciudadanos. “Principalmente robo, son montos de 350 mil pesos, en algunos casos se habla de sembrado de droga, un arma, y eso preocupa, porque también la certeza y la seguridad de los ciudadanos está baja”.
Hasta septiembre de 2023, cuatro meses después de que los gobiernos municipal y estatal firmaran un convenio de colaboración “Por la seguridad” de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, alcalde de la capital, hizo público que habían sido levantadas 72 denuncias de este tipo contra la Guardia Civil, comunicado que se hizo mediático por medio de videos en redes sociales.
De entonces a la fecha se acumularon casos que trascendieron, como el del joven que casi pierde la oreja porque una patrulla lo atropelló, luego de que los elementos a bordo lo asaltaran y atropellaran en las inmediaciones de la Plaza de la Soterraña, o la de aquel joven que murió por impacto de bala en el Periférico Paseo de la República, tras haber pasado por un retén de unidades estatales.
Familiares de Jessica acuden a la Suprema Corte ante reducción de sentencia | 10 de junio
Luego que magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito negaron el amparo promovido por la familia de Jessica González, con el que buscaban darle revés a la reducción de sentencia del feminicida Diego Urik Mañón Melgoza, esta anunció que recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los familiares de Jessica González Villaseñor colocaron mantas y pancartas en la fuente de Las Tarascas, en la antimonumenta, en el Poder Judicial de la Federación y en el Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, en rechazo a la reducción de sentencia del feminicida Diego Urik Mañón Melgoza, quien recibió una pena inicial de 50 años, pero a principios de mayo fue reducida a 43 años de prisión.
La madre de Jessica explicó que el magistrado Gilberto Bribiesca en su resolución consideró la Convención de los Derechos de los Jóvenes haciendo valer el derecho del feminicida a la reinserción social.
