Contraloría derivó 21 expedientes hacia áreas penales y administrativas

Faltas cometidas por ex servidores públicos consideradas como graves, ya en trámite en la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa.

La titular de la Contraloría estatal, Azucena Marín Correa. | Fotografía: Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- La Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán derivó 21 expedientes hacia áreas penales y administrativas, por tratarse de actos cometidos por ex funcionarios públicos considerados como graves.

De acuerdo con la titular de esta área, Azucena Marín Correa, son cerca de 23 mil millones de pesos los que se han observado por estas 21 denuncias, sin que aún se tenga conocimiento sobre algún detenido.

La funcionaria aclaró que solo ve faltas no graves, y son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa quienes revisan estos temas. “Yo nada más veo faltas no graves, entonces faltas graves las tenemos que mandar al Tribunal, yo hago una auditoría o me llegó una denuncia e inicio una investigación que puede haber un acto ilícito, yo tengo que darle vista a la parte investigadora especializada que es la Fiscalía, la instancia especializada en la investigación de los delitos penales, entonces yo le aviso, ellos tienen que iniciar sus carpetas de investigación, son 21”, explicó.

La funcionaria estatal señaló que la inhabilitación continúa para el ex gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, sumado a que de estas denuncias solo hay un caso que fue judicializado, del resto se desconoce cuál es el estatus.

“Él está inhabilitado (Silvano), es uno de los que están en trámite en la Contraloría, siguen en trámite en contra de los servidores públicos que se les inició procedimiento, 21 carpetas que ya se han derivado a la Fiscalía y al Tribunal de Justicia Administrativa, esta semana vamos a derivar si no mal recuerdo dos de Secretaría de Educación y la semana que entra vamos a derivar de pagos a terceros institucionales”, expuso.

Precisó que las denuncias presentadas son por colusión de servidores públicos, manejo de influencias, uso indebido de recursos públicos, que ya se siguen por la vía penal, así como el pago a sobreprecio que finalmente es un mal uso de los recursos.