Morelia, Mich.- Se desahogan en el Poder Judicial de la Federación (PJF) los amparos relativos a dos de los cuatro exservidores públicos del Ayuntamiento de Morelia, acusados por responsabilidades en el presunto jaqueo que habría ocurrido al final de la administración anterior, declaró María del Carmen López Herrejón, actual titular de la Contraloría.
Se refiere a los hechos –en esclarecimiento– sucedidos en 2021, meses antes de que el gobierno interino de Humberto Arróniz Reyes, quien reemplazaba a Raúl Morón Orozco mientras éste buscaba la candidatura a la gubernatura, concretara el proceso de entrega-recepción con la administración que, poco después, encabezaría Alfonso Jesús Martínez Alcázar para el periodo 2021-2024.
De acuerdo con versiones, el Ayuntamiento de Morelia habría sido presuntamente víctima de un jaqueo que habría afectado principalmente a la Tesorería, encabezada en ese momento por María de los Remedios “N”, la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP), despacho a cargo de Mario “N”, y la Secretaría del gobierno, bajo la titularidad de Mónica “N”.
El presunto jaqueo habría afectado cerca de 20 bases de datos, cuyo rescate habría sido solicitado por los supuestos delincuentes a cambio de pagos millonarios en bitcoins (monedas virtuales), precio que se habría negado a pagar el entonces interino Humberto Arróniz, con el argumento de que no caería en chantajes.
María del Carmen López, entrevistada al respecto este martes 2 de julio, recordó que los hechos derivaron en el inicio de cuatro procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán, ante igual número de exfuncionarios: “desde titular, director y jefes de departamento”.
“Las faltas que se determinaron en los procedimientos fueron el ejercicio indebido del cargo público, el abuso de funciones, y el incumplimiento normativo, por no haber buscado los mecanismos para garantizar la seguridad de los programas que albergaba el Ayuntamiento de Morelia en ese entonces”.
El Tribunal, actualizó la funcionaria, resolvió en favor de los mandos superiores acusados, por lo que la Contraloría a su cargo habría interpuesto dos amparos en el PJF, con el argumento de defender el interés de los morelianos, procedimientos que aún se encontrarían en curso; los otros dos casos, añadió, todavía se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Cuestionada sobre cuáles podrían ser las penas en caso de que fueran acreditadas las faltas, López Herrejón señaló que las no graves corresponderían a la Contraloría a su cargo, sería la inhabilitación de cargos públicos por un periodo de un año, mientras que las graves estarían en la facultad del PJF.
Está por concretarse el próximo proceso de entrega-recepción, y este capítulo continúa inconcluso, por lo que la contralora dijo esperar que a más tardar este año el Poder Judicial de la Federación resuelva de manera definitiva.
Es de mencionar que el actual presidente municipal de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, perteneciente a fuerzas políticas opositoras a las que en aquel momento gobernaban la capital del estado, expresó que fueron “sospechosamente casuales” los hechos, justo en la antesala de concretarse el proceso de entrega-recepción.
El tesorero, Héctor Gómez Trujillo, ha señalado, por su parte, que el sistema actual se encuentra totalmente blindado ante este tipo de situaciones, por lo que augura un proceso de entrega-recepción sin contratiempos para la administración 2024-2027, que también encabezará –cabe apuntar–el reelecto Alfonso Martínez.
