Hasta el momento de escribir esta entrega está sobre la mesa el dilema de la reanudación de la actividad económica y la obligación de los tres niveles de gobierno de preservar la vida de los más de 120 millones de mexicanos, cuando el contagio del coronavirus está en el punto más alto de la famosa curva con más de 2 mil contagios hasta el domingo pasado diarios.
Por su parte en Morelia se reunieron 7 gobernadores del país para analizar la delicada situación por la reanudación de la actividad económica en sus entidades federativas; bajo el auspicio del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Estos mandatarios estatales gobiernan el 30 por ciento de los habitantes del país y según ellos tienen el menor número de contagios.
Estos gobernadores son muy críticos de las medidas adoptadas en términos de salud y economía por el gobierno de López Obrador, además están planteando un nuevo pacto fiscal federal y que se les devuelva el Fondo de Estabilización Financiera que se ha acumulado a través del tiempo y que le corresponde a las finanzas estatales, para poder enfrentar en mejores condiciones la crisis sanitaria.
No están de acuerdo con el decreto emitido por el gobierno federal para que el 1 de junio se regrese a la nueva normalidad, ya que cada entidad federativa tiene sus particularidades y por lo tanto necesita políticas públicas concretas para cada caso.
Aunque el doctor López-Gatell en su conferencia diaria afirma que la medida está sujeta a una rigurosa revisión y que de acuerdo al comportamiento de la pandemia del Covid-19 se van a ir adoptando las medidas correspondientes, según él, conforme a las evidencias científicas.
Pero una cosa es cierta, una reanudación o apertura de las actividades económicas y sociales en este momento del máximo número de contagios, esta decisión gubernamental sería genocida y el sistema de salud viviría un colapso.
Por otra parte, las cúpulas empresariales están presionando para que se vuelvan a reanudar las actividades de carácter económico porque no soportan, por una parte el paro y por la otra el sector empresarial de Estados Unidos y Canadá le están demandando a su contraparte mexicana restablecer las cadenas de valor en la industria automotriz por el momento. Además de que la industria del acero y la construcción es un factor para la recuperación económica, tan solo la construcción tiene un arrastre o impacto sobre el 40 por ciento de los sectores económicos más dinámicos, a esto hay que agregar que los proyectos estratégicos del gobierno de López Obrador van a demandar mucho acero y cemento.
Por otro lado el sector empresarial le ha propuesto al gobierno de López Obrador un acuerdo nacional con un conjunto de propuestas que tiene el propósito de que el gobierno intervenga mediante el mecanismo de la contratación de nueva deuda pública para financiar la recuperación y de esta manera enfrentar la profunda crisis por la que atraviesa el país, que según la última encuesta realizada por el Banco de México a las principales consultorías pronostican un decrecimiento negativo de 7.1 por ciento en promedio para 2020. Al mismo tiempo, con datos del IMSS la pérdida de puestos de trabajo durante el mes de abril del presente año alcanzo los 555 mil, es decir, que esa cantidad de personas pasaron al desempleo abierto con su respectiva pérdida de ingresos o remuneración salarial.
Los efectos de la pandemia del coronavirus son tan solo un factor adicional de la crisis económica que ya se califica por los economistas como depresión, aunque todavía no se tiene en claro la magnitud de la profundidad, ni cuánto durará, mucho menos el costo de la misma.
Todo el mundo, acepta que la vida cotidiana no va hacer como antes porque el coronavirus no desaparecerá del medio ambiente y se tendrán que adaptar medidas especiales para evitar un revote de la pandemia que aún se vive, pero tampoco la reanudación de la actividad económica puede ser igual, como si nada hubiera pasado.
El costo de la recuperación económica ya es pagado por los trabajadores, principalmente aquellos que perdieron su trabajo y sus salarios, es por ello que las medidas de las políticas económicas deben ser radicalmente diferentes a las que proponen tanto el gobierno de López Obrador, así como las cúpulas empresariales, donde se privilegie en primer término la vida humana, la salud y las condiciones de millones de trabajadores que con la cuarentena a quedado demostrado que son la fuerza motriz del proceso económico.
Es por ello que los trabajadores deben de participar activamente en los procesos de la reorganización de una nueva forma de economía que beneficie principalmente a los mismos y sectores populares en lugar de los dueños del capital que tanto protege el gobierno de López Obrador.
En parte, los gobernadores reunidos en Morelia tienen algo de razón, no se puede volver a la nueva normalidad cuando está en riesgo la vida de miles de trabajadores y de la población en general.
Es por ello, que primero está la preservación de la vida humana que los beneficios de la recuperación económica a favor del capital, en una crisis donde no se puede permitir que la paguen los trabajadores ni los sectores populares.
