Hasta antes de la pandemia, semestre con semestre, al inicio y a la mitad de cada ciclo escolar, salía desde el bunker de la impunidad el gorgojo de la corrupción, para mermar los bolsillos de los padres de familia quienes con mucho anhelo acudían a las escuelas públicas a inscribir a sus hijos, para recibir educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o superior, según el caso. Decayendo su entusiasmo al enterarse de las “cuotas voluntarias” a pagar, que oscilaban desde los $120.00 (Ciento veinte pesos 00/100, M.N.) en jardín de niños, hasta los $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.), en algunos planteles del Nivel Medio Superior. Así como otras aportaciones para eventos especiales.
Si tomamos en cuenta que la mayoría de los padres de familia, trabajan en actividades poco remuneradas, podemos entender el sacrificio que hacían semestralmente. Lo más seguro que llegado el momento solicitaban dinero prestado para poder cubrir las tan conocidas “cuotas voluntarias”, las que supuestamente se acordaban en asamblea general. Lo cierto es que el monto de las mismas, lo establecía cada Director de Plantel; luego simplemente se formalizaba mediante una minuta firmada por el Presidente, Secretario y Tesorero, de la sociedad de padres de familia, pero sin el consenso de la mayoría de los interesados. Si bien es cierto, los alumnos pueden ser beneficiarios de una beca del bienestar, sólo que el programa correspondiente, está contaminado por la corrupción, al haberse planeado políticamente y no de acuerdo a la realidad, ¡No son todos los que están! ¡Ni están todos los que son!, A parte de que los pagos se hacen cada cuatro meses y no mensualmente como lo necesitan los alumnos.
En los planteles CETIS (5) y CBTIS (9), 14 en Michoacán y aproximadamente 450 en el país, donde posiblemente se han establecido las “cuotas voluntarias” más altas, con esos ingresos se compraba: papelería y materiales de oficina; insumos y equipo de cómputo; reactivos y material para prácticas en talleres y laboratorios; material didáctico; material de limpieza; pago de viáticos al personal comisionado fuera del plantel; pago de limpieza y vigilancia ( aun cuando en la plantilla de personal aparecen plazas de intendentes y veladores); pago de las comidas del día del maestro y de fin de año respectivamente; uniformes deportivos para alumnos; pago de gastos de eventos escolares; mantenimiento preventivo de las instalaciones; entre otros gastos; aportaciones a la Dirección General del Subsistema, para la compra de algún software o de otras adquisiciones a nivel central; de quedar un remanente arreglar o construir infraestructura requerida. Afortunadamente esas decisiones inconstitucionales, en nada han demeritado la calidad profesional del personal docente que trabaja en los centros educativos mencionados.
Esa situación no es desconocida para las autoridades educativas, prueba de ello, el día 8 de julio del año 2020 el entonces Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, al referirse al ciclo escolar 2020-2021, señaló que no se deberán cobrar “cuotas escolares voluntarias” en las escuelas públicas del país, mencionando que “en caso que se haya realizado algún pago, tendrá que ser rembolsado, para lo cual deberán comunicarse a los teléfonos: 81-20-20-53-35, 81-20-20-53-41, 81-20-20-53-43”.
La educación gratuita no es asunto de buena voluntad de los gobernantes del mundo, es un derecho universal que tenemos todos los seres humanos. “Toda persona tiene derecho a la educación”. “La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”. (Artículo 26, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Por otra parte en el Artículo 3º Constitucional, se establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación”; “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”; “El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”. Estos textos en vez de ser un mandamiento de justica social, más bien parecen enunciados documentales, por la indiferencia y simulación que han mostrado las autoridades ante este abuso semestral. Lo más cómodo es sobrellevar el problema hasta el término de un mandato. Enfrentarlo, significa un desembolso importante de recursos presupuestales para el funcionamiento de los centros educativos públicos. Haciendo cuentas la educación en México no es tan gratuita como se estableció en la política del bienestar signada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al consumarse el movimiento social de 1910. Esperemos que al regreso a las aulas, no aparezcan nuevamente las “cuotas voluntarias”, que compliquen más la vida de las familias que sufren los embates del virus SARS-CoV-2. De lo contrario, habrá una deserción escolar sin precedente. Muchos padres de familia se quedaron desempleados y otros emigraron en busca de mejores oportunidades. Todos sobreviviendo una crisis inesperada.
