Ciudad de México.- Patricia Zúñiga, una de las 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigados por la Fiscalía General de la república (FGR), compareció este miércoles ante el Ministerio Público y se reservó su derecho a declarar hasta en tanto, su abogado Ricardo Reyes Retana, revise los 10 tomos de que comprende el expediente.
De acuerdo con proceso.com.mx, Zúñiga, quien este miércoles se presentó acompañada de su abogado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para responder por los cargos que le imputa por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, rindió su declaración por escrito.
Al término de la audiencia, Reyes Retana, indicó que la investigadora, exsecretaria y fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt, se reservó su derecho a declarar ya que presentará su declaración por escrito una vez que su equipo de abogados revise los 10 tomos que conforman la carpeta, los cuales, de acuerdo con el MP, le serán entregados vía electrónica
En compañía de su abogado, la investigadora compareció la mañana de este miércoles 6 de octubre, por un supuesto desvío de 244 millones de pesos.
Ella, es uno de los 31 científicos a quienes la FGR, en dos ocasiones ha intentado llevar a la cárcel, a todos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Según la FGR, los científicos emplearon los recursos en comprar bienes, como una casa en la alcaldía Coyoacán, viajes al extranjero, pagar impuestos, salarios, realizar banquetes, entre otros. Apenas el pasado 1 de octubre, la International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), fundada en 1993 por los premios Nobel François Jacob, Torsten Wiesel y Max Perutz, así como por Pieter van Dijk, abogado en Derechos Humanos, externaron su preocupación por las acusaciones en contra de los 31 científicos.
Incluso hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que los procesos judiciales se hagan conforme a derecho. En un comunicado externaron su preocupación por que, en dos ocasiones, la Fiscalía buscara que se les girara órdenes de aprehensión para colocarlos en una prisión federal de máxima seguridad.
Ello, indican, a pesar de que un juez federal no encontró pruebas suficientes y sí irregularidades para girar las órdenes de aprehensión.
Ante esa negativa, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha insistido en que buscará su detención.
Se dijeron preocupados, igual que muchas otras organizaciones científicas, porque sus colegas están siendo objeto de acoso por parte del gobierno.
E hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para garantizar que cualquier investigación adicional concuerde con los compromisos adquiridos por México en materia de derechos internacional de derechos humanos.
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