Para conseguir unas cuantas horas como docente de cualquier plantel de educación media superior en el Sistema Educativo Nacional, se requiere cubrir una serie de requisitos, que van desde tener un título universitario, participar y acreditar un curso propedéutico, hasta comprobar el dominio del idioma inglés, mediante el aval de alguna universidad con reconocimiento oficial, entre otros más. Principalmente con esta documentación y una vez declarado apto al interesado, para cubrir una de las vacantes en concurso, que por lo general no rebasan las 20 horas/semana/mes, las autoridades educativas indican el nombre del plantel a donde deberá presentarse para ver la posibilidad de ser contratado. En la mayoría de las veces las opciones implican gastos de transporte y hasta cambio de domicilio, condiciones que dificultan contar con las mejores propuestas, por las desventajas de una contratación laboral en esas condiciones; prolongando cualquier posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza.
En contraste nos damos cuenta de la facilidad con que algunas personas obtienen una excelente mejora laboral, sin contar con créditos académicos o experiencia profesional correspondientes, mucho menos pasar por todo un viacrucis como lo tiene que hacer cualquier mortal desposeído y egresado de alguna escuela pública. Aun cuando se ha escuchado y leído en los medios de comunicación que en el desempeño como funcionarios públicos han cometido actos de corrupción, que pudiera constituir un delito del orden penal, dejando en entredicho el emblemático combate a la corrupción y la impunidad que tanto ha propalado el actual Gobierno Federal, en su tan discutible cuarta transformación de la vida nacional. Los hechos nos están llevando a confirmar que sólo se trata de otra más de las muchas simulaciones sexenales por hacer de México un país con menos desigualdades.
No se puede entender, cómo un gobierno que se dice diferente, se atreve a nombrar como responsable de la administración del Sistema Educativo Nacional, a quien se le acusa que en su desempeño como Presidenta Municipal de Texcoco, aprobó que a un grupo de trabajadores del municipio se les hicieran descuentos “voluntarios” de hasta el 10% de su salario, durante los 3 años de su gestión, supuestamente para apoyar al llamado Grupo Acción Política. Por mi experiencia laboral de más de 35 años, en diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y estatal, puedo afirmar, que difícilmente un asalariado público, podría aceptar algún descuento de su ingreso quincenal, para apoyar actividades políticas que ningún beneficio personal pueda traerle. No hay duda que dicho acto de corrupción, ha sido confirmado y es cosa juzgada, luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por más de 4 millones de pesos. Si hay congruencia con lo que se pregona, pronto presentará la renuncia a su cargo la actual Secretaria de Educación Pública, de lo contrario se estará comprobando lo que se especula por toda la geografía nacional, que estamos padeciendo más de lo mismo, sólo que corregido y aumentado, con lo que se incrementará la cifra de pobres y miserable y la consolidación de una nueva clase social integrada por las familias de los que hacen de la política una forma de vida. También se puede entender el desprecio y la apatía que existe por mejorar la calidad de la enseñanza, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como única posibilidad de acotar las desigualdades sociales.
Posiblemente sólo sea una mera coincidencia y no una constante del actual Gobierno Federal, de premiar a quienes cometen actos de corrupción, como es el otro caso, con el reciente nombramiento de la nueva Subsecretaria de Bienestar, a sabiendas de que ha sido señalada en varios medios de comunicación de descontarles a los trabajadores del Sistema Nacional del DIF, con nombramientos de medios mandos hacia arriba, un porcentajes de su salario, argumentando cosas poco claras. A pesar de esa corrupta actuación, ahora administrará los Programas de Bienestar del Gobierno Federal, los que de por si carecen de planeación y seguimiento y que seguramente ni siquiera se tengan padrones actualizados de beneficiarios de los programas.
En ambos casos hubo un perjuicio al patrimonio familiar y se hizo el uso del poder para intimidar a los perjudicados, actuando fuera de toda Ética, moral y valores que nos permiten vivir en armonía. Por lo que se observa, la justicia social camina en muletas hacia los pobres y miserables, mientras una nueva clase social ocupa un lugar en las estadísticas demográficas, padres de familia a seguir pagando las inconstitucionales “cuotas voluntarias” y “fichas de inscripción”, a seguir padeciendo autoridades educativas negligentes, padrones de bienestar incompletos y sin pagos retroactivos a la fecha de la inscripción, retraso en los pagos y posibles misteriosos descuentos. Tener paciencia hasta que llegue el día en que surja un verdadero liderazgo que no esté contaminado con tanta corrupción y haga justicia al pueblo bueno y sabio.
“La extorsión es un delito, en el que a través de la violencia o la intimidación, se obliga a la víctima a realizar u omitir acciones con fines de lucro para el delincuente”.
