Morelia, Mich.- Para decidir sobre amparo de revisión interpuesto por dos ex integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen acusados de sabotaje, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirán el próximo 9 de febrero.
Para la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el recurso de reclamación se interpuso ante la Corte hace un año, debido a que “se observaron diversas irregularidades a los estándares regionales en materia de debido proceso; como el tiempo excesivo de su desahogo, exhortamos a las y los ministros, a quienes les concierne ahora la revisión de fondo del caso, a considerar las violaciones de DDHH cometidas durante el proceso penal en el que se condenó a José Antonio y José Luis por el delito de sabotaje, sin tener en cuenta un adecuado enfoque intercultural y su calidad jurídica de autoridades tradicionales del gobierno de su comunidad”.
En un comunicado, Serapaz señala que Arreola Jiménez y Jiménez Meza “fueron privados de su libertad tras haber ejercido su derecho a la autonomía, promoviendo el respeto y fortalecimiento de su cultura indígena purépecha y de sus recursos naturales”, por lo que exhortan a los ministros “a realizar un adecuado estudio de las presuntas violaciones al debido proceso y la criminalización en el caso”.
Para la organización, “en un contexto en el que, las personas que dedican su vida a la defensa de sus comunidades y el medio ambiente son criminalizadas, amenazadas y violentadas, nos resulta preocupante que la máxima autoridad jurídica en nuestro país tolere la privación de la libertad de nuestros compañeros, por lo que confiamos en la toma de una decisión justa para quienes defienden sus territorios”.
A lo largo del proceso, indica Serapaz, “se han formulado diversas denuncias ante la SCJN en relación con la detención arbitraria, con malos tratos y tortura, en represalia por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas de su comunidad en el estado de Michoacán; así como del hostigamiento judicial del que han sido objeto. A ello se han sumado organismos internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, resaltando que las violaciones reclamadas conllevan afectaciones a los derechos humanos con base en los más altos estándares internacionales”.
A más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este caso, Serapaz hace un exhorto a los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, “a realizar el adecuado estudio del caso, con base en los elementos previamente mencionados”.
