Advierte Consejo Supremo sobre acciones ante detenciones “arbitrarias”

Morelia, Mich.- Un plan de acción colectivo, analiza llevar a cabo el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tras la “arbitraria” detención de varios comuneros y estudiantes participantes en la demolición parcial del monumento “los Constructores”, el pasado 14 de febrero en esta capital.

En un comunicado, la organización que afirma representar a 65 comunidades originarias, responsabiliza al Ayuntamiento de que se haya llegado a la destrucción del conjunto escultórico, al no haber dado seguimiento a negociaciones sobre el mismo, al igual que señala que en la detención de los presuntos responsables, éstos fueron golpeados y despojados de sus celulares.

“En pleno derecho de nuestra palabra y voz comunal, sobre el reciente retiro de la escultura discriminatoria ´a los constructores´(sic)”, el Consejo manifiesta que “la determinación de retirar la escultura segregacionista no fue una decisión individual, de grupo o de partidos políticos, fue un consenso comunal de Asamblea General de Autoridades Indígenas, máxima autoridad del CSIM, la resolución de la asamblea fue realizada en la comunidad de Caltzontzin y posteriormente ratificada en la comunidad de Sevina, donde por unanimidad las autoridades tradicionales acordaron su remoción”.          

El documento responsabiliza al Ayuntamiento de Morelia, “al negarse sistemáticamente a escuchar y atender esta petición de las comunidades indígenas, además de que la solicitud de reubicación se efectuó de manera formal y por escrito desde el 23 de septiembre del 2020. Al cerrar el diálogo, las autoridades municipales no dejaron otro camino”.

Sobre la detención de 24 personas, el día de los hechos, el CSIM señala que de los mismos 18 son  comuneras y comuneros, 3 estudiantes y 3 menores de edad,¿ y retenidos como “culpables” por la Policía Municipal de Morelia,  la misma fue “totalmente arbitraria, toda vez que no fue que ejecutada en el lugar de los hechos, se violó su derecho de presunción de inocencia al ser fotografiados y expuestos públicamente, y no se siguió el debido proceso judicial, además de que los comuneros, las mujeres y  los adultos mayores, fueron golpeados, humillados y les robaron celulares”.

En cuanto a la obra parcialmente demolida, se indica que “no forma parte del Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos del Ayuntamiento de Morelia, ni del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Gobierno Federal, es decir, es un bien mostrenco, tal y como  públicamente lo han reconocido diversos funcionarios del ayuntamiento moreliano, por lo que el Ayuntamiento de Morelia reprimió y criminalizó a los compañeros por retirar la escultura, sin  mantener siquiera el dominio legal sobre ella”.

En base a estas consideraciones, la organización señala que analiza un plan de acción, “por lo que estamos llevando la palabra barrio por barrio y asamblea por asamblea, para definir conjuntamente el quehacer comunal ante la criminalización de que fueron objeto compañeros comuneros y estudiantes por parte del Ayuntamiento de Morelia y una vez que tengamos los resolutivos de las asambleas generales realizaremos un plan de acción colectivo”.