Morelia, Michaocán.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se sumó a la condena por la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, que “viola los derechos humanos a la salud y a la educación de 3.6 millones niñas, niños y adolescentes en el país”, restringe la estancia de los menores en lugares libres de diversos tipos de violencia y va en contra de los avances en “la inclusión laboral de las madres”.
A través de un pronunciamiento firmado por la directora ejecutiva, Tania Ramírez, la Redim reprobó la decisión de la Secretaría de Educación (SEP) de eliminar el programa a través de la publicación de las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra” (LEEN), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acuerdo que es contrario a los artículos primero y cuarto constitucional, relacionados con las garantías de la progresividad de derechos y la obligación de todas las autoridades de tomar decisiones “en términos de un mayor beneficio hacia las infancias”.
La organización resaltó que hay evidencias de que la permanencia de los menores en las escuelas “representa un elemento esencial para la prevención de su acercamiento a la delincuencia organizada”, sin contar con que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideran el Programa de Escuelas de Tiempo Competo como positivo para “coadyuvar a mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica”.
Redim resaltó que la eliminación del programa afecta a los municipios con más alta marginación del país, ya que 87.3 por ciento de las 27 mil 063 escuelas que estaban inscritas se localizaban en zonas rurales y 21 por ciento daban educación indígena, sin contar con que 65.8 por ciento de los menores que asistían a esas escuelas aceptaron que la alimentación que recibían en esos espacios era la primera del día; la población afectada representa 38 millones de personas que están siendo “invisibilizadas” con la decisión.
Tras recordar que “este grave retroceso” contra una población que ha sido duramente golpeada por la pandemia, la Redim lamentó que se tome una decisión de esta naturaleza “sin que el Estado haya subsanado la recuperación escolar de los aprendizajes académicos para los millones de niñas, niños y adolescentes que estuvieron sin clases presenciales y en medio del retorno a las escuelas, muestra una omisión dañina ejercida por quienes tienen el deber de garantizar sus derechos en México”.
La medida “también atenta contra los avances alcanzados en sistemas más igualitarios en el cuidado de niñas y niños y la inclusión laboral de madres”, de manera que las madres trabajadoras se verán obligadas a “buscar empleos más precarios de medio tiempo o incluso tendrán que evaluar la posibilidad de replantearse si pueden trabajar o no”.
La organización reprochó a las autoridades no atender las recomendaciones que organizaciones de la sociedad civil hicieron a la Comisión para el Regreso a Clases Presenciales de mantener el programa, por lo que exigieron “corregir esta regresividad que está ampliando la violación a los derechos que ya están sufriendo de niños, niñas y adolescentes en la actualidad y que a su vez afecta a las familias, especialmente a las mujeres”.
