Como si fuera poco, la difícil situación económica que estamos viviendo los mexicanos y con mayor agudeza las familias pobres y miserables, a consecuencia de la inflación más severa registrada en los últimos 21 años, tanto a nivel mundial como nacional. Al igual que cada inicio de semestre escolar, los padres de familia, tutores y quienes ejercen la patria protestad, enfrentan a una difícil situación de angustia y desesperación al tener que encontrar la forma de conseguir dinero y poder comprar uniformes y útiles escolares, y pagar las inconstitucionales “cuotas voluntarias” y en algunos casos las irracionales “fichas”, de examen de admisión, para que sus hijos o tutorados puedan continuar su proceso educativo, en los diferentes niveles académicos del Sistema Educativo Nacional.
Basta un ejemplo, para entender la difícil situación a la que se enfrentan los padres de familia y tutores cada inicio de semestre escolar. Para inscribir a un alumno a primer grado de educación media superior, en el Subsistema Educativo Tecnológico Industrial y de Servicios, se requiere hacer un desembolso de aproximadamente $ 5,000.00 pesos, desglosados de la siguiente manera: $ 1,000.00 pesos, de “ficha” para tener derecho a presentar examen de admisión; $ 1, 700.00 pesos, por concepto de “cuotas voluntaria” aprobada por la Asociación de Padres de Familia; $ 1, 500.00 pesos, de un uniforme de diario, compuesto por pantalón, camisola (tipo polo), chaleco, sweater cerrado, y un uniforme deportivo, compuesto por pants, chamarra y playera. Además, un mínimo de $ 750.00 pesos, para la adquisición de útiles escolares, aparte de zapatos y tenis.
Bajo estas circunstancias, el Estado, difícilmente podrá ofrecer a todos los mexicanos las mismas oportunidades de aprendizaje, así como el acceso, transito, permanencia, avance académico, y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, como se establece en la Ley General de Educación, sólo que, para justificar esta implícita discriminación, se agrega a esta disposición, que además, se deberá satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.
Algo parecido sucede cuando se dice que la educación es gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado. “Por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado”. Pero, en seguida, prácticamente se autorizan las “Cuotas Voluntarias”, y condicionan la prestación del servicio educativo a la aportación de las mencionadas “cuotas”, cuando en el párrafo C de la Fracción IV, del Artículo 7º. De la Ley General de Educación, se dice, “que las donaciones o las aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como prestación del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determine para tal fin”. “Cuotas” que las autoridades educativas validan con listas de asistencia de los padres de familia cuando acuden a recoger calificaciones parciales de sus hijos o tutorados. Pero en realidad, son pocas asociaciones de padres de familia que están legalmente establecidas. Los montos de las multicitadas “cuotas” los establecen los directores de las escuelas, el presidente, secretario y el tesorero de la supuesta mesa directiva. Muchas de las veces, estos “representantes” ni siquiera pagan esas “cuotas voluntarias”. Las cuales se utilizan principalmente para comprar papelería; equipo de oficina y de cómputo; consumibles; papel sanitario; pasajes, gasolina, hospedaje y comidas para atender comisiones laborales; compra de equipos deportivos; pagos de eventos educativos, académicos y culturales, y si el director es ahorrativo le alcanzará para mejorar las instalaciones escolares y hasta para comprar uniformes al personal administrativo.
Desgraciadamente, la mayoría de las asociaciones de padres de familia, no están constituidas de acuerdo con su reglamento publicado el 02 de abril de 1980, mucho menos, cumplen con sus objetivos de su creación, de representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. Prácticamente, se han convertido en incondicionales de las decisiones de las autoridades educativas, al limitar su participación a la firma de los acuerdos unilaterales que involucran a todos los padres de familia, principalmente en el establecimiento de los montos de las “cuotas voluntarias”. Estoy seguro de que los padres de familia, tienen voluntad de cooperar, el problema es que carecen de los recursos, su ingreso familiar solo alcanza para medio comer.
Afortunadamente, en algunas entidades federativas donde los gobiernos estatales se han puesto las pilas y le han dado un toque de justicia social a sus administraciones, se les ha venido proporcionando a los alumnos de educación básica, uniformes de uso diario y deportivos, así como algunos útiles escolares e inclusive tabletas para que puedan acceder al uso de las Tecnologías de las Información y de las Comunicaciones. Lo que representa una importante ayuda a la economía familiar y evita que se dispare la deserción escolar y a veces hasta la migración de los padres de familia en busca del sueño americano.
Por otra parte, se dice que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el ejercicio de su derecho a la educación y que para tal efecto, garantizara el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. La realidad es que, desde hace décadas, la educación del pueblo ha dejado de ser una prioridad de las administraciones sexenales. Las instituciones educativas han perdido sus objetivos, se han venido utilizando para pagar compromisos políticos, surgidos al calor de las campañas políticas, por eso nombran a personas sin preparación académica ni experiencia docente al frente de un Subsistema Educativo, una Institución Educativa o al frente de la misma Secretaría de Educación Pública. Situación que se ha agudizado a su máxima expresión en la actual Administración Publica Federal.
Por principio de cuenta se nombró como titular de la Secretaría de Educación Pública, a una persona que tres sexenios anteriores había mostrado incapacidad para administrar el servicio educativo nacional. Pero, si eso fuera poco, empezó proponiendo algo que posiblemente se propuso desde hace más medio siglo, nada más que, con otras palabras, argumentaba que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscaría la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación para lo cual se colocaría al centro de la acción publica el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. No logró avance alguno y se fue a representar a nuestro país en el extranjero, dejando archivada la política educativa de la Cuarta Transformación.
Cualquier posibilidad de mejorar las instalaciones educativas; las condiciones salariales y laborales de los docentes y trabajadores de la educación; la depuración de los expedientes laborales; la actualización de los planes y programas de estudio; la disminución de la deserción escolar y del rezago educativo; asegurar un alimento diario a cada uno de los alumnos y evitar un mayor deterioro del coeficiente intelectual de los estudiantes en todos los niveles académicos, que son las verdaderas prioridades nacionales, quedaran en aspiraciones. Al ser sustituidas por las ocurrencias propuestas por la anterior Secretaría de Educación Pública y secundada por la actual Secretaria.
Se entiende la ignorancia académica y falta de experiencia de ambas en materia educativa, pero, no se vale que se experimente con la formación educativa y crecimiento humano de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de las familias pobres y miserables. Ahora resulta que se inventaron un nuevo modelo educativo que coloca a la comunidad en el centro de la acción y de ahí, identificar la problemática a resolver. Afortunadamente, a poco más de que iniciará el proceso político-electoral y no habrá mayor oportunidad para seguir gastando recursos presupuestales y tiempo en ocurrencia.
Hasta parece un país de fantasía, donde a tres semanas de querer rescatar a unos mineros se dieron cuenta de la necesidad de hacer un estudio geofísico y de que, si se saca menos agua de la que entra a los pozos, jamás se podrán disminuir el caudal. Querer hacer inspecciones en el trabajo desde una cómoda oficina desde la Ciudad de México. Querer actualizar manualmente el registro nacional de concesionarios de minas. Tratar de elaborar una vacuna contra COVID-19, sin realizar ninguna investigación científica. Intentar refinar petróleo sin contar con la infraestructura necesaria. Mejorar la calidad de la educación, mediante ocurrencias aprendidas en la primaria. Querer lograr un desarrollo humano mediante la distribución de apoyos económicos. Establecer programas de bienestar discriminatorios. Pensar que la inflación disminuye con sólo informar quien es quien en los precios. Combatir la corrupción protegiendo a los que han y siguen robado al pueblo. Abrazar a quien te ofenda y te agreda físicamente. Hospitales y clínicas medicas sin medicinas. Políticos que piensan que nos hacen un favor representarnos Un país donde el 80% de la atención medica corre a cargo de las farmacias Similares. Los dueños del dinero y del poder político son los mismos que corrieron a Don Porfirio, nada más que corregidos y aumentados.
No hay peor ciego, que el que no quiere ver.
