Para todos los trabajadores académicos y administrativos despedidos de la universidad sin justificación ni proceso debido.
Dentro de pocas semanas, en los inicios del año 2023, el actual rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, terminará su gestión, sin duda una de las más dañinas en los aspectos académico, laboral y político de las que se tenga memoria en la historia de esta institución.
Desde hace varios años, la situación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y en particular en la etapa más reciente, se ha venido deteriorando aceleradamente, no sólo en el aspecto financiero-presupuestal, sino en su urdimbre social y política y en su faceta moral. Las autoridades universitarias y las del gobierno estatal 2015-2021 propiciaron y aceleraron ese proceso de descomposición que ha afectado directamente tanto a los trabajadores académicos y administrativos como al alumnado de la institución.
Una de las expresiones más generalizadas y conocidas de ese proceso es la injustificable retención de salarios y prestaciones a los trabajadores de ambos sectores, académicos y administrativos, que tiene antecedentes de varios años atrás, pero se agudizó bajo la actual administración, desde 2019. A los académicos y empleados administrativos y de intendencia, tanto en ese año como en 2020 se nos retrasó el pago del aguinaldo, una prestación integrada al salario, que fue abonada en parcialidades y liquidada incluso meses después. En el caso del 2020 fue apenas en mayo de 2021 que se depositó a las cuentas de los trabajadores lo que debió entregarse, por ley y por contrato colectivo de trabajo, en diciembre del año anterior.
Aún ahora, a finales de 2022, están pendientes de pago a los trabajadores académicos prestaciones como becas a los hijos de los trabajadores, anteojos y aparatos ortopédicos y, lo peor, el pago de marcha y seguros de vida a los deudos de trabajadores fallecidos, justo cuando hemos tenido el deceso de casi una centena de universitarios en activo y jubilados a causa de la pandemia de virus SARS Cov2 o por otras causas y afecciones. Se han postergado los trámites de jubilación de decenas de trabajadores que esperan desde hace meses o años que el Consejo Universitario dictamine su retiro para disfrutarlo plenamente, en los términos establecidos por la ley y los contratos colectivos, y para cobrar la gratificación que les corresponde. La Tesorería de la Universidad ha retenido las cuotas sindicales descontadas a cada afiliado al sindicato, que evidentemente no son recursos de la institución sino de la propia organización sindical. Los adeudos de la universidad con sus trabajadores ascienden a una cantidad que en algunos periodos se ha aproximado a los 100 millones de pesos.
Mención aparte amerita la situación académica, en patente deterioro en cuanto, con motivo real o supuesto de la crisis financiera, las plazas de tiempo completo y medio tiempo no son repuestas en los casos de jubilación, fallecimiento o renuncia de los titulares, sino sustituidas con contrataciones por asignatura y sin definitividad. Desde hace más de una década ha crecido, en consecuencia, el número de profesores de asignatura interinos, mientras disminuyen las plazas de tiempo completo que deberían, al menos, sustituir a los académicos de carrera jubilados o fallecidos, en claro detrimento de la calidad de la educación e investigación que se desarrollan en la institución.
Y aunque se busca atender las necesidades de docencia, el esquema va en claro detrimento de las actividades de investigación y difusión cultural. Se ha constituido una amplia capa de docentes sin estabilidad laboral, en condiciones de abierta precariedad, con bajos ingresos y sujetos a las condiciones de recontratación periódica dictadas por las autoridades universitarias, que expresan con crudeza la desprofesionalización del trabajo académico. Si en 1990 hubo programas federales para dar estabilidad y profesionalización a los trabajadores académicos, en los últimos años hemos marchado en sentido inverso. ¿Cómo se puede presumir que la vida académica de la institución ha mejorado, con una planta docente sin estabilidad laboral, cubriendo la enseñanza sólo por asignatura y con cada vez menos trabajadores de tiempo completo?
Entre 2013 y finales de 2018, según la información asequible, la planta docente, pese a la creación de nuevas licenciaturas y posgrados, había disminuido de 4 mil 831 trabajadores a 4 mil 374.
Los tabuladores salariales, por lo demás, se mantienen con gran rezago ante los procesos inflacionarios en virtud de la aplicación por el gobierno federal de los consabidos topes salariales pertenecientes a una era supuestamente ya superada; y las prestaciones de previsión social pactadas en los contratos colectivos de trabajo no han recibido ningún incremento en los últimos seis años.
A los trabajadores administrativos se adeuda, no desde el 2020 o 2021, sino desde la anualidad anterior, 2019, prestaciones importantes. La llamada Ayuda Sindical se ha dejado de cubrir 1 mil 100 trabajadores activos desde diciembre de ese año a la fecha, que representan unos 73 mil pesos a cada uno; no se han entregado los pagos de gratificación por antigüedad a los jubilados, unos 80 de ellos por lo menos, desde el 2018. Debe material de trabajo (calzado y ropa) a cocineras, peones agropecuarios, bibliotecarios, jardineros etc., por cuatro años; un aproximado de 40 millones de pesos. Tampoco se pagan las liquidaciones por renuncias, pagos del Día de la Madre, Bono del Día del Jubilado, tiempos extraordinarios, compensaciones por estímulo de puntualidad y diferencias por incremento salarial.
Indebidamente, la Tesorería de la Universidad ha retenido, también desde diciembre del 2019 hasta hoy, el dinero de la Caja de Crédito del SUEUM, que es un ahorro de los trabajadores, en una cantidad que supera los 40 millones de pesos. Igualmente, el tesorero ha retenido las cuotas sindicales, que no han sido entregadas a la representación gremial. Las plazas vacantes por defunción o renuncia no se reponen, pese a existir una bolsa de trabajo pactada con el sindicato titular, y se han suspendido las ministraciones por derechos contractuales colectivos como el mantenimiento a vehículos y pago de servicios de los edificios del sindicato.
Gran parte de estas calamidades antecedió al actual rectorado, pues ya se presentaba desde la administración de Medardo Serna González. Pero desde la llegada de Raúl Cárdenas Navarro a la rectoría de nuestra institución se han agudizado los problemas financieros por razones políticas y pese a que el representante legal nicolaita ha venido anunciando constantes “gestiones”, sobre todo ante el gobierno federal, para obtener recursos siempre “extraordinarios” a fin de cubrir salarios y otros adeudos. Sus resultados fueron, sobre todo durante la primera parte de su periodo, magros y tardíos.
El 13 de enero de 2016 el gobernador Silvano Aureoles, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación y el entonces rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, firmaron en la Ciudad de México el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero a la UMSNH, en el cual la SEP y el poder Ejecutivo de Michoacán comprometieron asignar a la universidad recursos económicos que permitieran a ésta cumplir con sus propósitos de servicios educativos y funciones académicas. El Ejecutivo del Estado comprometió, además, en la Cláusula Segunda de ese documento, buscar un esquema de financiamiento equitativo ideal para, “con el tiempo”, aportar el cincuenta por ciento de los recursos a la universidad. Durante los siguientes cinco años, sin embargo, los incrementos a las aportaciones del gobierno de Michoacán fueron insustanciales; sólo a partir de 2022 comenzó a notarse un compromiso gubernamental en ese sentido.
Para el año 2021 el Congreso del Estado de Michoacán autorizó a la Universidad Michoacana un presupuesto de 3 mil 34 millones 816 mil 358 pesos, de los cuales la Federación aportó 2 mil 047 millones 732 mil 805 pesos y el poder Ejecutivo del Estado sólo cubrió 987 millones 83 mil 553 pesos, el 32.53 por ciento del subsidio. La administración federal ha mantenido la suya con variaciones sólo para los incrementos salariales en función de las tasas inflacionarias y representa el 67. 47 por ciento. En 2020 el gobierno estatal sólo había aportado el 30.55 por ciento del financiamiento[1].
Para la anualidad 2022 se asignaron a la Universidad Michoacana 3 mil 326 millones 49 mil 905 pesos —que significan un aumento del 10.06 por ciento—; a la Federación le ha correspondido aportar 2 mil 124 millones 583 mil 651 pesos —el 63.88 por ciento— y al gobierno local 1 mil 201 millones 466 mil 254 pesos, el 36.12 por ciento del total. Si bien el gobierno de Michoacán incrementó en este año su aporte a la universidad, a la fecha aún está muy lejos de cumplirse ese financiamiento equitativo en el que el gobierno de nuestra entidad aporte el 50 % convenido en el acuerdo de enero de 2016.
El 21 de diciembre de 2018 el rector Medardo Serna González, a punto ya de concluir su gestión, firmó también con el gobierno estatal y con la Subsecretaría de Educación Superior del gobierno de México un convenio para la obtención de 500 millones de pesos en recursos extraordinarios de la Federación que le permitieran a la universidad cubrir salarios y prestaciones de fin de año a los trabajadores. Pero en esa negociación la Rectoría comprometió ante las autoridades federales y estatales, sin consulta alguna con los sindicatos titulares de los contratos colectivos, presentar en marzo de 2019 un proyecto de modificación del derecho a la jubilación de los trabajadores. Ese convenio no fue ratificado por el Consejo Universitario, según lo mandan la fracción XVIII del artículo 12 y la VI del 6° de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, por lo que su vigencia quedó siempre en duda.
El propósito del acuerdo no se cumplió en el plazo convenido, pero sí al año siguiente cuando el Comité ejecutivo General del SPUM firmó, en un proceso totalmente irregular desde el punto de vista estatutario y legal, un nuevo contrato colectivo de trabajo en el que aceptó modificar el régimen vigente —en el que la jubilación es una obligación de la institución universitaria— por otro basado en aportaciones individuales de los trabajadores y en el que se prolongaría el periodo de trabajo necesario para alcanzar el derecho al retiro. La revisión del contrato colectivo 2020, y las del 2021 y 2022, no fueron diseñadas por el Congreso General de Representantes, como lo dispone el Estatuto sindical, pues ese órgano de dirección —el segundo en importancia dentro de la estructura del SPUM— no se instaló en octubre de 2019 y ni siquiera fue convocado (bajo el pretexto de las medidas antipandémicas) en los años siguientes. Tampoco fueron avaladas por un Consejo General de Huelga, que tampoco se instaló en tales años. En una consulta efectuada con cierta anterioridad, en 2019, apenas un 12 por ciento de los trabajadores académicos agremiados en el SPUM aceptó sin condiciones la propuesta de reforma a jubilaciones presentada por la Rectoría. Igualmente, los emplazamientos a huelga por revisión contractual fueron consultados con las asambleas seccionales que conforman la estructura de base del sindicato ni, por tanto, las modificaciones pactadas fueron aceptadas por los afiliados.
En el caso de los empleados agremiados en el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, fue el chantaje del rector Cárdenas Navarro lo que los orilló a firmar la modificación de las jubilaciones en su contrato colectivo. La retención selectiva de salarios a los integrantes del sindicato titular, mientras se hacían pagos a los que forman el minoritario Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Stumich, fue el procedimiento para apremiar a un gran número de trabajadores a cambiar su afiliación a este último, una agrupación de corte patronal y obligar al SUEUM a aceptar la mutilación de su derecho a la jubilación.
Por otra parte, no se ha dado cumplimiento, en el caso de la Universidad Michoacana, a la reforma al artículo 3° constitucional promulgada del 15 de mayo de 2019, que no sólo establece en su fracción X la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior pública, sino prevé en su transitorio Décimo Quinto la formación de “un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura”. No conocemos los trabajadores universitarios de la formación y manejo de dicho fondo; sí, en cambio, hemos sufrido sistemáticamente, desde 2016, y aún en 2020, cómo nuestros salarios y prestaciones fueron escamoteados y retenidos, particularmente cada fin de año, afectando severamente los ingresos familiares, o estamos bajo amenaza de padecerlo.
Como una salida a la crisis financiera, el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha planteado repetidamente la conversión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en una universidad nacional. Muchos trabajadores vemos esa propuesta no sólo como una forma, para el gobierno estatal, de eludir sus responsabilidades para con la institución fundada en 1917 por el gobernador Pascual Ortiz Rubio, sino una amenaza laboral que posiblemente implicaría desaparecer los contratos colectivos vigentes y sustituirlos por el llamado Modelo SEP, mucho más restringido en derechos a los trabajadores, como ocurrió en la Universidad Agraria “Antonio Narro” de Coahuila.
En el aspecto académico, la reforma del bachillerato efectuada el año 2021 en nuestra universidad dejó al margen las opiniones de las academias de cada uno de los planteles, en las que había una clara oposición a que se desaparecieran o restringieran las materias de carácter social y humanístico. Se trató de una desparpajada marginación de los trabajadores académicos de los procesos de decisión en la docencia, investigación y difusión de la cultura. En las dependencias se continúan haciendo, por otra parte, contrataciones de personal al margen de los procedimientos establecidos, y se retrasó por dos años la actualización de los representantes maestros y estudiantes al Consejo Universitario, ampliando con ello los márgenes de manipulación por las autoridades administrativas universitarias. El proceso de regularización de materias es manejado con criterios políticos por la administración central, los directores y el Comité Ejecutivo General del SPUM.
Pero todo ello: la crisis financiera, la manipulación que los rectores Serna y Cárdenas han podido hacer a los salarios y prestaciones con la obsequiosa colaboración del comité ejecutivo del SPUM que encabeza el ingeniero Jorge Luis Ávila Rojas y del no menos entreguista dirigente hasta hace poco del Stumich, Armando Rangel, y presionando a los empleados afiliados al SUEUM, ha sido posible por la ausencia de un gobierno universitario democrático y representativo de la comunidad. Cada uno de los rectores que han estado al frente de la universidad desde septiembre de 1986 ha sido colocado ahí por tan sólo las ocho personas que conforman la Comisión de Rectoría, en procesos que no implican ni siquiera un mínimo de participación efectiva de los alrededor de 58 mil o más universitarios que conforman los tres sectores de la comunidad nicolaita. Ése es el marco en el que se inscriben las arbitrariedades, abusos de poder y corrupción que han caracterizado a las más recientes administraciones de la institución.
Y a todo ello se ha sumado, como expresión extrema del autoritarismo de la actual administración universitaria, el despido político, sin causa justificada ni debido proceso a trabajadores administrativos y académicos, con el claro fin de controlar las expresiones y reprimir la protesta o la insumisión de los mismos. Suman ya dos decenas de miembros del personal académico universitario a los que se ha rescindido sus contratos a causa de su participación sindical o sus posiciones disidentes en dependencias como la Facultad de Derecho, la preparatoria “Isaac Arriaga”, el Colegio de San Nicolás, la Facultad de Enfermería y varias dependencias más. A ellos hay que sumar más de dos docenas de trabajadores administrativos de diversas áreas. Se ha configurado ya en la Casa de Hidalgo un entorno de terror laboral manejado por el abogado general Luis Fernando Rodríguez Vera, del que han sido víctimas unos 26 trabajadores administrativos y al menos 20 académicos, casi todos ellos por participar en protestas por las difíciles condiciones de trabajo prevalecientes en nuestra institución.
Tan sólo a guisa de ejemplos, están los casos de los compañeros sueumistas Marco Antonio Arévalo, Juan Guevara Mendoza y miembros del Comité Ejecutivo y delegados seccionales; el de la Dra. María Luisa Sáenz Gallegos y el químico Manuel Calderón Ramírez, participantes en el movimiento opositor al Comité Ejecutivo General traidor del SPUM; el del doctor en Derecho Jorge Álvarez Banderas, despedido de manera fulminante por un comentario hecho ante sus estudiantes; el del Dr. Christian J. F. Schubert, del Instituto de Investigaciones de Física y Matemáticas, por trabajar a distancia desde fuera del país durante la pandemia, o el más reciente de la doctora Leticia Bobadilla González, organizadora del presente Congreso, que fue separada de su plaza como investigadora apenas se hizo pública la realización del mismo en esta universidad. Son apenas algunos de los que podemos mencionar entre los trabajadores académicos y administrativos víctimas de la sevicia del rector Cárdenas Navarro y su abogado Rodríguez Vera.
Contrariamente al lema adoptado por Cárdenas Navarro para su lamentable gestión, la Universidad Michoacana se encuentra peor que nunca: con deterioro académico y precarización de la planta docente; ambiente represivo; inexistencia de una representación gremial de los trabajadores académicos; presupuesto ordinario siempre insuficiente; incumplimiento por la institución de sus obligaciones laborales; secuestro y retención de fondos sindicales; arremetidas de las autoridades contra los albergues estudiantiles, como la Casa 2 de Octubre y la Lenin; despidos injustificados y arbitrarios de trabajadores; descarado impulso de las autoridades al sindicalismo blanco; y una serie de carencias materiales que afectan la vida de la comunidad.
Es necesario parar de inmediato esa situación de zozobra que en nada contribuye al fortalecimiento de las funciones sustantivas o administrativas de la UMSNH y devolver a los despedidos su condición laboral y sus derechos. Alto a la represión política en la Universidad Michoacana. Por todo eso, muchos universitarios integrantes de la comunidad nicolaita demandamos:
- Que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo siga siendo siempre, por razones históricas y laborales, “una institución de servicio, descentralizada del Estado”, dotada de autonomía (artículos 1° y 2° de la LOUMSNH), y que el gobierno de nuestro Estado asuma cabalmente sus compromisos con la educación superior y en particular con nuestra institución, la primera autónoma del continente americano.
- La reinstalación inmediata de todos los trabajadores administrativos y académicos despedidos sin causa ni procedimiento debido y el pago a todos ellos de los salarios caídos desde la fecha de su rescisión de contrato.
- El respeto cabal al régimen de jubilación establecido en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y la anulación de los contratos colectivos firmados por el SPUM en 2020, 2021 y 2022, con la reforma bastarda a nuestro derecho a un retiro digno.
- El respeto también integral a las prestaciones contempladas hoy en los contratos colectivos y, conforme al artículo 1° de la Constitución general de la República, a la progresividad de los derechos. Nunca una legislación regresiva en esa materia.
- La actualización del tabulador salarial y de las prestaciones económicas conforme, al menos, a los índices de inflación registrados desde el año 2010.
- La eliminación del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la ignominiosa Comisión de Rectoría, condensación de la ausencia de democracia, el autoritarismo y la patrimonialización de la institución por intereses particulares y externos, y una reforma legal que permita la mayor participación de la comunidad de casi 60 mil integrantes en la conformación del gobierno universitario.
- Finalmente, abrir vías a la expresión de la comunidad universitaria para discutir y avanzar en la democratización efectiva de la Casa de Hidalgo.
* Ponencia al V Congreso Mexicano sobre Mobbing y Otras Formas de Violencia en las Instituciones, organizado por la Red de Estudios sobre la Universidad Pública: Violencia Laboral, Derechos Humanos y Ética Profesional (Reduvidhie), la Facultad de Filosofía de la UMSNH, la Universidad Tecnológica de Morelia la Red Iberoamericana por la Dignidad en el Trabajo y en las Organizaciones la Red Prodep-SEP “Salud, Condiciones de Vida y Políticas Sociales”, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2022.
[1] La información presupuestal puede consultarse en https://sep.subsidioentransparencia.mx/2021/subsidio-ordinario/universidad/UMSNH?ref=map.
