ECOS LATINOAMERICANOS: Falta de republicanismo

A lo largo de su historia, Latinoamérica ha tenido que afrontar adversidades y una compleja problemática para lograr la consolidación de los distintos estados políticos que actualmente la conforman. (Foto: especial)

Latinoamérica tiene un largo camino por recorrer para lograr alcanzar el desarrollo pleno de su sociedad y resolver las problemáticas principales que la aquejan. Actualmente pueden contabilizarse al menos 15 democracias en América Latina, 17 si se incluyen gobiernos polémicos como el de El Salvador y Paraguay, que, aunque la clase gobernante de ambos países tiene un férreo control del aparato estatal, técnicamente aun existen grupos de oposición con posibilidad de ejercer espacios de poder político y la realización periódica de elecciones libres y competitivas. Sin embargo, la mayoría de las democracias de América Latina ha carecido de un elemento central para su desarrollo, el republicanismo.

En teoría las 20 naciones latinoamericanas son repúblicas, aunque debe señalarse que en los últimos dos siglos el término república ha sido utilizado de manera demasiado ambigua y hasta cínica por diferentes tipos de gobierno, muchos de los cuales son plenas autocracias. El modelo republicano antiguo fue creado en Roma como un intento de mezclar en un solo sistema político las mejores características de la democracia, la aristocracia y la monarquía.

La visión romana se refería a formar diversos cuerpos institucionales al interior del gobierno que sirvieran para equilibrar los intereses entre sus principales clases sociales, los patricios y los plebeyos, al mismo tiempo en que se buscó evitar una concentración excesiva de poder en pocas personas. Eventualmente la república romana no lograría adaptarse a las crisis institucionales en los momentos finales de su historia y acabaría siendo remplazada por el sistema imperial.

Posteriormente en el siglo XVIII, Francia y Estados Unidos fueron los pioneros políticos en constituir modelos republicanos modernos. Francia delegó buena parte del poder político en la asamblea nacional, acotando también la actuación del poder judicial, sin embargo, su esquema no logró sobreponerse a las crisis políticas propiciadas por la revolución francesa, misma que fue la causante de la aparición de la propia república, para finalmente, al igual que la Roma antigua, ser sustituida por un modelo imperial, en este caso regido por Napoleón Bonaparte.

Por su parte, Estados Unidos sí tuvo éxito en estabilizar un esquema republicano duradero. Los padres fundadores de aquel país, si bien tenían animadversión contra la represión británica, no por ello confiaban directamente en un modelo democrático como el que había en la Grecia antigua. Los padres fundadores, especialmente Madison, Hamilton y Jay, consideraban que debía estructurarse un modelo político de tal forma en que el ejercicio de poder estuviese lo más equilibrado posible, delegando facultades tanto en órganos federales como también en la propia autonomía de los estados recién creados a partir de las trece colonias, para tal fin.

La idea de este republicanismo estadounidense era generar un gobierno de leyes e instituciones y no donde el poder se delegara de manera autocrática y discrecional a la autoridad en turno, por lo que se aseguraron de crear la mayor cantidad de órganos efectivos de vigilancia y contrapeso posible, especialmente en lo que respectaba a las materias de seguridad, procuración de justicia y de recursos fiscales.

Posteriormente diversos países del mundo implementaron esquemas republicanos, es decir, sistemas políticos donde el poder esté distribuido a través de órganos institucionales que ejerzan genuina vigilancia y contrapeso entre ellos, evitando así la concentración del poder y al mismo tiempo asegurando que cualquier autoridad, así como cualquier ciudadano, sea sometido a la aplicación de la ley en igualdad de condiciones.

Desafortunadamente, muchas naciones del mundo solo utilizaron el modelo republicano por el mero nombre, significando esto que varias “repúblicas” actuales son meras fechadas de estados corruptos y autoritarios que no tienen una genuina redistribución del poder en órganos institucionales competentes para ello, y donde usualmente el poder político está ejercido por una élite gobernante que no tiene freno y contrapeso real.

En Latinoamérica, la situación es complicada en este aspecto. Cómo se señaló en un inicio, la gran mayoría de las naciones latinoamericanas son democracias, pero su republicanismo es muy escueto. En la mayoría de los casos el poder presidencial nacional y su equivalente en gobiernos locales, tiene un ejercicio de mando bastante discrecional y arbitrario, muchas veces realizando actividades al margen de la ley toda vez que no tiene muchos contrapesos reales ni órganos de vigilancia que lo prevengan o sancionen adecuadamente. Es apenas la realización periódica y libre de elecciones lo que garantiza que la mayoría de las naciones de la región no caigan en una autocracia.

Buena parte de la problemática actual de esta falta de republicanismo, la vemos en la improvisación y mala planificación de políticas públicas, así como en la impunidad generalizada a funcionarios que realizan actos indebidos y que gozan de la protección política correspondiente, y sobre todo la falta de aplicación real de la ley. América Latina debe trabajar en la construcción de órganos que permitan vigilar y sancionar eficientemente a las autoridades que decidan realizar actos indebidos, pero para ello deben plantearse grandes reformas estructurales que recalibren la forma en la que se ejerce actualmente el poder político-administrativo.

Debe recordarse que ya no se está en las épocas donde la autoridad en cargo ejercía el poder de manera discrecional, haciendo referencia al coloquial dicho “el que manda ¡manda! y si se equivoca ¡sigue mandando!”. Ahora hay competencia electoral y pluralidad de ideas en la región como para mantener ese tipo de esquema empleado en gobiernos autocráticos y dictatoriales. América Latina debe avanzar hacia un autentico republicanismo, donde sean las leyes e instituciones, y no las autoridades jerárquicas que ejercen el poder de manera discrecional, las que definan el rumbo del desarrollo social, político y económico de la región.