Con una extrema dependencia de los recursos extraordinarios federales, el presupuesto público estatal mantiene una vulnerabilidad estructural por factores que limitan la fortaleza de sus ingresos, señaló el analista Heliodoro Gil Corona respecto a la expectativa de aplicar un presupuesto sin déficit en Michoacán durante el 2023.
El déficit, señala el docente de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se mantendrá y se verá reflejado como en ejercicios anteriores, a medida que avance la aplicación de los recursos y se requiera de apoyos extraordinarios no regularizables que desde el 2016 hasta el 2021 significan 24 mil 500 millones de pesos para el estado.
Gil Corona plantea que la crisis en el presupuesto público debe verse en el contexto de una cada vez mayor dependencia en materia de recursos de la federación, con poca capacidad de maniobra por parte del gobierno estatal, la caída de las inversiones y una menor participación de la iniciativa privada en proyectos.
Cuestionado por Cambio de Michoacán sobre las debilidades y fortalezas del paquete presupuestal aprobado para el presente año, indica que más allá de la coyuntura de la administración en turno, “queda claro que el presupuesto público enfrenta vulnerabilidades estructurales y eso se forja a partir del tiempo por un conjunto de factores que limitan la fortaleza de los recursos públicos”.
Los presupuestos anuales “se presentan formalmente en equilibrio, ingreso igual a gasto, pero a lo largo del periodo van apareciendo los pasivos presupuestarios, sobre todo vinculados al sector educativo, ese es el problema de fondo que ha sido una constante de las finanzas públicas de Michoacán por lo menos en la última década”.
El presupuesto de 91 mil 167 millones de pesos para el 2023, también enfrentará esos “vacíos presupuestarios” y ejemplifica con el presupuesto de la Secretaría de Educación del Estado, de 28 mil 077 millones de pesos aprobados, contra recursos requeridos de 31 mil 500 millones de pesos en números redondos, “lo que resulta en un pasivo presupuestario por 3 mil 423 millones de pesos”. Otro caso que cita, es el de la UMSNH, con un presupuesto asignado de 3 mil 580 millones de pesos, cuando los requerimientos de la institución, de acuerdo con un presupuesto propuesto por el Consejo Universitario, son por 4 mil 702 millones de pesos, con un pasivo presupuestal de mil 122 millones de pesos.
Si se suman estos pasivos, ya habría un déficit por 4 mil 545 millones de pesos, “que de nueva cuenta quedará al tema de la gestión institucional de apoyos extraordinarios no regularizables ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
En el recuento del periodo 2016-2021, “el gobierno del estado ha dependido de los recursos extraordinarios no regularizables por el orden de 24 mil 500 millones de pesos, esos son los chorros del gobierno federal que le han permitido ir subsanando sus problemas financieros”.
Esas son las “dolencias” que tiene el gobierno michoacano, dice, “muy evidente cuando se revisa la participación, en el 2022 los ingresos locales estuvieron bien porque hubo reemplacamiento y llegaron a representar el 7 por ciento de los ingresos del estado; pero para el 2023, para este presupuesto, baja a 5.9 por ciento, es decir, históricamente, la estructura de las fuentes de ingreso del gobierno de Michoacán, anda en el promedio de un 5 por ciento que corresponden a los ingresos de carácter local y 95 por ciento en promedio, en los últimos diez años, corresponden a los ingresos de origen federal, entonces pues toda la apuesta está en que haya buena disponibilidad del gobierno federal para que estos chorritos o chorrotes estén llegando al estado y mantener el equilibrio de las finanzas públicas y que repercute en el tema de la inversión, donde el estado ha perdido capacidad, si eres estricto, en 12 o 14 años, no ha pasado de tener capacidad de ahorro, redondeando no pasa de los mil millones de pesos la capacidad de inversión pública.”
Para que el gobierno estatal pudiera enfrentar con más contundencia el generar recuperación económica, “requiere de por lo menos tener inversión estatal por el orden de los 5 mil millones de pesos anuales, lo que le permitiría mejores mezclas financieras con el gobierno federal, con los municipios y con los empresarios y el sector productivo del estado, porque el gran reto que tiene en materia de inversión pública, es que tenga por lo menos una base de inversión en infraestructura económica y social, de 40 mil millones de pesos cada año, para aspirar al crecimiento económico productivo cercano al 4 por ciento.”
La excesiva dependencia
Del 2003 hasta este año, dice, “el presupuesto estuvo determinado por flujo de recursos extraordinarios a partir de la renta petrolera, recursos federales, para apalancar financieramente a la entidad, sin olvidar que estos recursos que estaban creciendo, no eran generados en Michoacán, no eran recursos propios”.
Para enfrentar su esquema de desarrollo y ante la baja capacidad de generar recursos, dice Gil Corona, el gobierno optó por recurrir a la deuda pública entre los años 2003 y hasta el 2006, confiado en que con los flujos de recursos federales se podría enfrentar el pago de la misma. “Ese diagnóstico fue tan persistente que podríamos decir que hasta el 202 se ha recurrido a esta fuente extraordinaria de recursos, y es el gran problema. El elevado endeudamiento en base a la capacidad de pago del gobierno del estado, limitó las finanzas públicas y sobre todo estranguló su capacidad de inversión pública”.
Bajo este escenario, agrega, “buena parte del avance que en teoría ha venido dándose em periodos recientes en las condiciones financieras del estado, obvio que ha dependido en exceso de los apoyos federales y particularmente de los apoyos extraordinarios no regularizables y de eso ha dependido fuertemente el gobierno del estado, que lo ha puesto al menos en los últimos cinco años, al borde del último trimestre, sin capacidad para pagar la nómina o el gasto corriente” de la administración estatal.
Gil Corona sostiene que a esta constante hay que agregar que “el supuesto equilibrio fiscal” también depende de los criterios determinados por la fortaleza de las finanzas públicas del gobierno federal. “Si le va bien y además salpica de manera adecuada hacia las entidades federativas como el caso de Michoacán, pues los va salvando de este problema de carácter estructural que en el fondo subyace, no se resuelve con dadivas a la mejor bien pensadas, pero son los apoyos extraordinarios lo que han salvado la situación.”
Impuestos de bajo potencial
El analista llama la atención en la “debilidad estructural de los recursos propios”, en los que, dice, el estado “ha dispuesto de un modelo fiscal abúlico”, cuyas consecuencias es que “han reducido la capacidad para generar ingresos locales”.
Una peculiaridad de este modelo es que el gobierno local dispone de impuestos “de bajo potencial y bases tributarias endebles y omisas, son muy poquitos los impuestos con capacidad que tiene el estado”, y entre estos cita los aplicados a loterías, rifas y concursos, a la enajenación de vehículos de motor usados, a los servicios de hospedaje y a los impuestos ecológicos.
“De todos estos impuestos, el que destaca sin duda es el de la nómina, que es la fuente principal en el capítulo de ingresos del gobierno estatal. En el 2016, por ejemplo, la recaudación por este impuesto fue de mil millones de pesos, con una participación del 93.5 por ciento en el capítulo de los impuestos; en el 2021, tuvo una modificación, que pasó de 2 a 3 por ciento y se recaudaron 2 mil 150 millones de pesos y eso representa el 90.4 por ciento total de los impuestos”, refiere.
En su análisis, se requiere un replanteamiento del modelo fiscal estatal, “que no necesariamente implicar crear mayores impuestos, sino hacer eficientes los disponibles. Por ejemplo, hay el debate sobre establecer el impuesto sobre la tenencia de uso de vehículos en el estado, vale la reflexión, revisarlo y crear un modelo de carácter progresivo que los de carrito modesto, compacto, no paguen, pero que los de billete si paguen y paguen bien. Lo que representan la tenencia son 800 millones de pesos adicionales, estos son garbanzos de a libra; los impuestos ecológicos no está mal que los establezcan, poniendo filtros o candados a actividades de carácter ilícito; el otro tema es sacarle provecho al impuesto predial, que es una potestad de los municipios pero que puede ser convenida con el gobierno estatal para hacer una gran cruzada en la actualización de los valores de los inmuebles, que le implique doblar las fuentes de ingreso que beneficie a municipios y al estado, donde se pueden obtener solamente de actualización de predios, alrededor de 2 mil millones de pesos.”
En suma, concluye, el área administrativa y financiera del gobierno michoacano tendrá que seguir afinando sus esquemas, “que no esté nadando de a muertito”.
