Morelia, Mich.- Después de que la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausurara un amago de fraccionamiento dentro del Área Natural Protegida (ANP) de la Mintzita, comuneros permanecen escépticos ante la efectividad de la medida, ya que tienen registros de que las obras frenadas por la autoridad no tardan mucho tiempo en reanudarse.
Mientras que la actitud de Arturo Chávez Carmona, titular de la Proam, es de confianza, por considerar que no va a proceder ningún tipo de construcción en el área protegida, los comuneros se mantienen alerta. “Nosotros pensamos que a lo mejor se van a detener unos días, pero no creemos que vayan a quitar el dedo del renglón”, dice Don Eliseo, miembro del comité de vigilancia del ANP de la Mintzita.
“Hay otras obras que han clausurado y luego continúan. Nosotros sentimos que a lo mejor ahorita van a parar unos días, después van a empezar a empezar a quitar sellos, luego los anuncios y después van a hacer como que la autoridad olvide, y luego le van a continuar. Es lo que nosotros sentimos, porque es lo que ha pasado”.
Sí refiere, sin embargo, experiencias de resistencia comunitaria exitosas. Ejemplifica con el hecho de que en 2020 frenaron la construcción de unas cabañas ecoturísticas y una carretera al pie del manantial. En ese caso, reconoce, “la Proam actuó bien rápido”, aunque también apunta que uno de los factores para que el proyecto se dejara a un lado es que sus impulsores fallecieron.
Crónica de un fraccionamiento anunciado
Eliseo relata que en noviembre de 2022 ya se veía a un grupo de personas haciendo algunas marcas en el terreno y limpiando el área, momento en el que se empezaron a meter las primeras denuncias ante las autoridades ambientales. Reconoce que acudieron funcionarios de la Proam y de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Michoacán (Secma), pero que un funcionario de nombre “Daniel, de Secma, nos dijo que unas marcas no significaban nada”.
El cinco de febrero de este año, recuerda, hubo un incendio de gran magnitud, que no sólo afectó 34 zapotes prietos (especie en peligro de extinción), sino que también alcanzó, más arriba, la zona que ya se sospechaba que se quería fraccionar.
“Al siguiente día se metieron a chaponar (quitar la yerba) y poner marcas”, detalla Eliseo. Ese mismo día llegaron la Proam y la Secma. “Entre la gente que llegó estuvo Arturo Chávez, con él hicimos un recorrido y se llevó el compromiso de hacer una denuncia ante la Fiscalía. Hasta ahora no sabemos si sí metieron esa demanda”.
Desde enero las autoridades ya sabían que se estaban pidiendo cooperaciones de 50 pesos para meter una máquina para abrir calles: “Conforme (los comuneros) nos estaban diciendo a nosotros, nosotros les estábamos diciendo, sobre todo a Proam y a Secma”.
Después del incendio, sospechadamente intencionado, continuaron las labores de marcaje y limpia. El 22 de abril se llevó a cabo una quema controlada, actividad de la que el comité de vigilancia de la Mintzita extrajo evidencias (fotos y videos) que fueron enviadas a Secma.
Luego de la quema hicieron un marcaje más definido, asegura el miembro del comité de vigilancia entrevistado: “Marcaron calles sobre la línea de alta tensión, como unos 200 metros de largo, y enseguida marcaron todos los lotes”. Las autoridades seguían sin tomar acciones.
Seis meses después de la primera denuncia y uno de la quema controlada, intervino la Proam: “El 13 de mayo hubo una familia que ya estuvo delimitando su lote. Pusieron un lazo verde. De eso también mandamos fotografías a Secma. Sobre ese lazo verde ya pusieron un cerco de piedra. El martes 16 de mayo fue cuando vino Proam a poner cintas y sello de clausura a todo el terreno”.
El procurador ambiental Arturo Chávez declaró, por su parte, que fue hasta este momento cuando pudieron contar con la evidencia suficiente para presumir la comisión de un delito penal ambiental.
Modus Operandi
Eliseo afirma categóricamente que, pese a lo que argumentan quienes quieren fraccionar, ellos no son dueños: “El que se dice ser dueño es Rómulo Sarabia, y (dice) que hay una escritura, pero hasta donde nosotros entendemos es una escritura apócrifa, no tiene sustento”. Relata que hubo un juicio que se hizo ya hace algún tiempo en el que “Rómulo no pudo demostrar que él tenía posesión. Con esa escritura es con la que él ha estado diciendo que él es el propietario”.
Está además el factor de que se trata de un ANP: “Dentro de un área natural protegida no puede haber un cambio de uso de suelo, así nada más. Si la cosa estuviera legal, él tendría que presentar un cambio de uso de suelo, estudios de impacto ambiental, una posesión otorgada por la autoridad… No hay nada de eso”.
Hay una experiencia cercana en la que se funda la sospecha de la comunidad de que el problema no se soluciona con esta clausura: “No es que así sea, pero acá enfrente de donde nosotros había un terreno que tenían posesión la gente de Rocadura, de San Javier. Hay una parte que está en la entrada de San Nicolás, no recuerdo cómo se llama ahí, pero esa parte tiene una barda de piedra”.
Trabajadores del lugar, refiere Eliseo, se habían organizado para demandar que se declarara como comunidad agrícola. Ante ello, “Rómulo Sarabia y la viuda de Tocavén hicieron un convenio con la Unión Nacional de Trabajadores (Unta) para que invadieran ahí y recuperar esa parte de tierra. Iban a meter 30 gentes. Les iban a dar un lote escriturado en 4 años”.
De ahí la sospecha de los comuneros de la Mintzita: “Nosotros pensamos que algo parecido es lo que está queriendo hacer Rómulo Sarabia acá: utilizar gente para recuperar esas tierras, porque ellos no tienen la posesión de esas tierras, las tenemos nosotros como comunidad de Jardines de la Mintzita (…) Son gente que se ha dedicado a la especulación”, concluye.
