Morelia, Mich.- La desconfianza a las autoridades ha generado que los ciudadanos opten por no denunciar los actos de extorsión o cobro de piso del que son víctimas. El temor a ser identificados o señalados por la misma autoridad ante sus victimarios, ha generado que no acudan ante la autoridad para realizar las denuncias coincidieron las diputadas locales Fanny Arreola y Margarita López Pérez.
Apenas el pasado 23 de febrero entró en vigor la reforma a los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado de Michoacán, que establece que a partir del 2 de marzo del presente año, se elevó hasta 25 años de prisión la pena para quien resulte culpable por la comisión del delito de extorsión.
Con la reforma se establece que la extorsión se comete cuando se obligue a otra persona, por cualquier medio, incluida la violencia física o psicológica, a dar, hacer, dejar de hacer algo, tolerar algo o amenace con causar daño en su persona, familia, posesiones, actividades económicas o laborales, o a un tercero con el que tenga cualquier vínculo afectivo, laboral, económico, con el propósito de obtener un lucro para sí o para una tercera persona, independientemente de que se logre o no el fin propuesto; por ello se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
A cuatro meses de estar en vigor, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Jorge Reséndiz García, reconoció que, hasta el momento el Poder Judicial sigue sin recibir ningún caso y sin vincular a nadie por este delito.
Aunque las penas aumentaron, en los hechos las denuncias por extorsión han mantenido su comportamiento en el 2023, según datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Por extorsión en grado de tentativa van 94 delitos, extorsión telefónica uno, a diferencia del 2022 que registró solamente por extorsión por grado de tentativa 124 delitos hasta junio.
El temor, la desconfianza y la falta de mecanismos confiables para hacer denuncia, impiden que las personas acudan, señaló la diputada por el Distrito de Apatzingán, Fanny Arreola, quien reconoció que los ciudadanos evitan ir ante las autoridades ante el temor de ser evidenciados ante quienes les cobran piso.
Compras en una sola tienda
Como si se tratara de una tienda de raya, en la más absurda forma de extorsionar y obligar a la población a someterse a los deseos de grupos criminales, la diputada Fanny Arreola reveló que existe una comunidad en Apatzingán donde la gente se ve obligada a comprar sus productos a una sola tienda.
Se les prohíbe comprar en la cabecera municipal, refirió la legisladora, quien señaló que por motivos de seguridad evita dar el nombre de la localidad, en donde la gente tiene prohibido comprar sus productos en otras zonas.
“En una tenencia que voy a permitirme reservar el nombre por muchas cuestiones, entre ellas de seguridad, existe el fenómeno que quien manda y ordena al interior de esa tenencia ya no permite incluso que la gente compre su mandado, su canasta básica semanal, en la cabecera municipal, tienen que comprar y comer lo que él vende, eso también es un tipo de extorsión, el cobro de piso y coaccionar la voluntad”, expresó.
Aunque esta acción no se hace contra el vendedor, es quien vende y obliga a consumir el producto que se vende, “es otra modalidad, yo creo ahí el tema de la ley tiene que penetrar mucho más allá de que se expida y que se convierta en mayor gravedad”, expresó.
La diputada mencionó que ninguna ley será suficiente, si no se tiene la infraestructura para que se cumpla, esto hace que sea insuficiente el puro decreto de la ley, “es importante que particularmente este tema sea revisado con los alcaldes y jefes de tenencia”, expuso.
Señaló que la extorsión es una realidad que viven todos los ciudadanos, y existe la desconfianza porque cuando denuncia, los delincuentes se siguen enterando, pero cuando van ante las áreas de seguridad, se les pide un “apoyo para el refresco o tramitar su denuncia.”
Por su parte la diputada Margarita López Pérez, diputada presidenta de la comisión de Seguridad, reconoció que los cobros se han extendido hasta con quienes “venden semillitas en la calle”, y hay desconfianza en las autoridades de justicia y municipales.
Explicó que la extorsión virtual es la que más ha crecido en Michoacán, municipios como Pátzcuaro, sufren esta clase de situaciones.
La legisladora atribuyó la quema de negocios por algunos cobros de piso. “No podemos negar que existe, yo soy empresaria y sabemos que si hacemos licitación tenemos que pagar la licitación que hiciste”, subrayó, al mencionar que se llega a cobrar hasta un 30 por ciento de lo que se obtiene por lo que logras licitar.
Pero, además, la gravedad radica que no solo se da cuota a los grupos delictivos, sino incluso a los gobiernos en los municipios, por lo que se evita “agarrar trabajo” con estas áreas.
Negocio de Carlos Herrera, quemado
El negocio denominado Tacos Marin, ubicado en Morelia y que fue quemado el pasado jueves 3 de mayo, es una empresa en la que Carlos Herrera Tello era socio. En su momento lo confirmó el ex candidato al Gobierno de Michoacán en la elección pasada por el PRI, PAN y PRD, quien además informó que por el hecho se interpuso la denuncia correspondiente.
La empresa de comida ubicada en la colonia Bosques Camelinas, dijo, es una propiedad compartida, cuyos socios están a la espera de que las autoridades establezcan si se trató o no de un incendio intencional.
A pregunta expresa sobre si se trataba de una extorsión por lo que fue incendiada la negociación, señaló que el tema está en manos de la Fiscalía General del Estado.
