El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) es una “Entidad Paraestatal de control presupuestario directo, que tiene a su cargo la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en su propia Ley”. Fue fundado el 30 de diciembre de 1959, por decreto del entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, en sustitución de la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro (creada 13 de agosto de 1925), iniciando labores el primero de enero de 1960. Teniendo como objetivo, “contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios”.
Para su creación fue necesario una reforma al Artículo 123 constitucional, surgiendo la Ley del ISSSTE. Se puede decir que, durante las primeras dos décadas de su creación, los servicios de salud fueron de buena calidad, cada vez en mejores instalaciones, instrumental y equipos médicos requeridos, con el abastecimiento suficiente de medicamentos para atender las enfermedades más comunes del momento, lo que se conjugaba con la vocación de servicio y ética profesional de personal técnico, administrativo y de apoyo.
Por otra parte, también con ese mismo espíritu, se atendieron las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y se fue ampliando la cobertura de otros servicios como los préstamos hipotecarios; crédito para la adquisición de casa habitación o terreno; construcción y mejoramiento de la vivienda; prestamos económicos (corto, mediano, largo plazo, especiales, extraordinarios o para adquirir bienes duraderos); crédito para la compra de productos de consumo a través las tiendas denominadas SúperISSSTE; gastos funerarios; guarderías y hasta financiamiento de servicios turísticos, a través de su órgano desconcentrado denominado TURISSSTE.
Inclusive en una de las muchas administraciones de las que ha tenido el instituto, allá por el año 1979, se implementó un programa de consulta médica domiciliaria, con la finalidad de proporcionar una atención personalizada a los derechohabientes, principalmente aquellos pacientes con alguna limitación de movilidad física, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o con riesgo de contagio, además, de que hasta se ahorraban gastos de traslado a las unidades médicas. Para lo cual se contrató un número importante de profesionales de la salud; pero, apenas se empezaban a obtener los primeros resultados de tan novedoso programa, cuando hubo cambio de director general del instituto, regresando a la forma acostumbrada de proporcionar el servicio de salud.
Al parecer, en esa etapa de la vida del instituto, los recursos presupuestales autorizados por Hacienda fluían sin limitación alguna, se repartían préstamos personales y créditos a diestra y siniestra entre los funcionarios de alto rango y líderes sindicales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros. Por los pasillos de las dependencias del gobierno federal, se llegaban a escuchar comentarios que hacían algunos servidores públicos, de la facilidad con que obtenían préstamos personales o financiamientos, para solventar las diferentes necesidades personales y familiares, inclusive, sólo era cuestión de buscar la relación indicada o pagar un porcentaje sobre el importe de lo autorizado.
Por otra parte, se podían adquirir productos de consumo básicos y de línea blanca a buen precio y de calidad en las tiendas llamadas SúperISSSTE, abiertas al público en general, sólo se tenía que acudir a una de estas, las cuales estaban ubicadas estratégicamente por todo el territorio nacional, se podía pagar en efectivo o a crédito con descuento quincenal en nómina de trabajo en el caso de ser derechohabiente.
Todo parecía un modelo de administración pública. Pero, de la noche a la mañana, la institución tan sólida que parecía, empezó a cuartearse, luego a caerse en pedazos, debido a la corrupción institucional (viáticos y pasajes) y a una mala administración, que se fue dando a través del tiempo, muchos inmuebles adquiridos con préstamos hipotecarios del ISSSTE, al final de toda una jornada laboral, llegaron a cubrirse con tan sólo mil pesos, en el peor de los casos dos mil quinientos pesos o de plano hubo deudas que nunca se pagaron y lo más seguro el registro de deudores se perdió entre las miles de toneladas que integran el archivo muerto de la institución, deudas que al final de cuentas como siempre terminará pagando la clase trabajadora.
Asimismo, las tiendas, que en un tiempo apoyaron la economía familiar, no sólo fueron disminuyendo sus existencias, sino que poco a poco, una a una fueron desapareciendo, sin que exista responsable alguno de su deficiente administración. Cosa similar se puede decir de la infraestructura para la prestación de los servicios de salud, la que aparte de ser insuficiente e inadecuada, se fue descuidando su mantenimiento preventivo y cuando se quisieron dar cuenta de la realidad, en algunos casos ni tapando goteras, fugas de agua y de gas y mejorando consultorios y áreas de hospitalización podrán reparar los daños ocasionados por el olvido y la corrupción.
Recién pasaba por el área de odontología de un hospital del ISSSTE y escuché decir de unos pacientes, que a veces se carece del material dental básico para la atención a los derechohabientes y que hace poco se equiparon los consultorios con unidades dentales nuevas y en menos de dos meses de uso empezó a fallar su mecanismo automático por lo que no hay de otra, más que operar manualmente dicho mecanismo, teniendo como resultados una menor productividad y deficiencia en la calidad del servicio y además de exhibir la imagen de los trabajadores del instituto.
Lo malo de todo esto, es que trabajadores, jubilados, pensionados y derechohabientes en general, somos los más afectados por todas estas deficiente administraciones (rojas, azules o guindas) que ha tenido el ISSSTE. Pensionados y jubilados, al final de nuestra jornada terrenal, terminaremos en la pobreza, ya que nuestro ingreso mensual, a partir de enero de 2017, está calculado en 10 Unidades de Medida de Actualización (UMAS) diarias y no en 10 salarios mínimos como dice la Ley General del ISSSTE de 2007, lo que significa una reducción de nuestro ingreso mensual de casi el 30 %.
Otro ejemplo de lo castigado que estamos los pensionados y jubilados, se refleja en ciertas condiciones con las que se nos otorgan ciertas prestaciones. Como sucedió en un caso particular, de un préstamo por la cantidad de $ 196,073.76 pesos, a un plazo de dos años, recibiendo únicamente $ 169,044.08, es decir, $ 25, 322.16 pesos, menos, lo que significa que por adelantado están cobrando una tasa de interés anual del 10:50%, casi similar a la que cobran las empresas distribuidoras de automóviles, nada parecida a la del 2%, que cobraba el instituto en sus tiempos de bonanza. En el caso del crédito para la adquisición de una casa habitación, se está otorgando a un plazo de 30 años. Como lo sucedido en el año 2000, cuando a uno de mis amigos le prestaron $ 169,000 pesos, a la fecha lleva más de 20 años abonando a la deuda y ahora debe aproximadamente $ 370,000 pesos. Deseo sinceramente que algún día pueda liberar las escrituras de su casa.
Para consulta médica, se debe acudir a la clínica que le corresponda al derechohabiente, para lo cual es posible que se tenga que transportar por lo menos en dos combis de ida y dos de regreso a un costo de $ 10 pesos cada una de ellas, si le toca la ficha uno, esperará media hora, pero si le toca la ficha 10 esperará hasta cinco horas, así se sienta morir por algún dolor abdominal o de cabeza. Saliendo de consulta, tendrá que acudir a la farmacia a surtir la medicina que le recetó el médico, donde posiblemente hay más de 40 personas haciendo lo mismo, si corre con suerte le surten la receta, sino le piden regrese la próxima semana y si en un mes no llega el medicamento, le indican que le pida a su médico le actualice la receta. Ya se imaginarán lo que se tiene que sufrir cuando se requiere consultar a un especialista.
Acudir al área de urgencia, no es nada recomendable y menos en fin de semana, en algunos hospitales regionales sólo tienen cinco camas para atender a los pacientes que van llegando y normalmente está sólo un médico de guardia, que posiblemente gane 15 mil o 18 mil pesos mensuales, por lo que hasta cierto punto es comprensible que en la mayoría de las veces primero termina de platicar con sus auxiliares y luego atiende al derechohabiente. En el caso de ser hospitalizado, se inicia otro calvario que lo más seguro termina cuando el enfermo decida buscar curación en una institución privada y no seguir exponiendo su salud al cuidado de algún médico residente que todavía no cuenta con la experiencia suficiente para atender paciente con ciertos padecimientos.
Por eso hasta he llegado a pensar que quien diseño el programa de consultorios adjuntos a una cadena de farmacias, posiblemente sólo imaginó que se trataba de un redituable negocio y no que se convertiría prácticamente en un sistema nacional de salud, atendido por profesionales de la salud, certificados académicamente por el Sistema Educativo Nacional, no tan sofisticado como el de Dinamarca, pero tan efectivo que ha logrando salvar miles de vidas, sobre todo durante la pandemia de la COVID-19, a un costo de $ 40 pesos en un tiempo máximo de una hora y media y sin necesidad de pagar transporte.
La historia juzgará la actuación de cada una de las administraciones del gobierno federal. Pero sin duda alguna no se había visto anteriormente, tanta negligencia, ineptitud, de los funcionarios responsables de la prestación de los servicios de salud, educación y seguridad de la población como en el actual, donde importa más la lealtad que el bienestar del pueblo.
