Existe una idea generalizada sobre el hecho de que, independientemente de la situación socioeconómica de las personas, estudiar permite progresar. En consecuencia, es innegable que entre más años de escolaridad tenga un individuo, más amplias serán sus capacidades, y con éstas sus opciones de obtener empleos mejor pagados. En términos generales, al cambio de condición socioeconómica de los individuos implica mejorar o retroceder en su riqueza, ocupación, ingreso y salud; se le denomina movilidad social.
Si bien, una mayor movilidad social incrementa la productividad y el crecimiento económico, es importante señalar que la movilidad social promueve una sociedad más justa, al considerar que, si los individuos tienen una mayor capacidad para ejercer su libertad de elección, y ésta no estará condicionada por sus circunstancias de origen como situación económica o social.
A mayor movilidad social se considera que existe una mayor cohesión social, en virtud de que,al reducirse las distancias sociales, se promueven elementos de identidad que favorecen la empatía y la reciprocidad, lo que favorece la inclusión y, por lo tanto, la formación de capital social.
Por lo anterior, se puede comprender la relevancia que tiene la educación para el desarrollo individual y de un país; de ahí que constituye uno de los principales objetivos gubernamental del Estado Mexicano, al menos desde que el 25 de julio de 1921, en que el presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación. Lograr ampliar y elevar las capacidades laborales de los habitantes de un país resulta ser uno de los mayores activos para la captación de inversiones, la generación empleos y, por lo tanto, de la generación de riqueza. En otras palabras, el gobierno asumió la tarea de brindar educación gratuita para que las personas, con base en su esfuerzo personal, logren incorporarse al mercado laboral en las mejores condiciones para contribuir a su desarrollo personal, familiar y obviamente al del país.
En México, históricamente, hasta el 2016 la escolaridad promedio de la población ha aumentado año con año. En 1970 era de tan sólo 3.4 años y se incrementó a 7.44 años, prácticamente primer año de educación secundaria para el año 2000; mientras que para el 2016 se incrementó a 9.2 años y ha seguido aumentando hasta alcanzar los 9.9 años en la actualidad.
Sin embargo, en este contexto, el estudio que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre movilidad social educativa en México publicó hace unos días, resulta revelador por varios aspectos. Sus resultados puntualizan que la escolaridad esperada para la población menor de 29 años que se detuvo en 14.1 años de 2016 a 2018, y que a partir de ese momento descendió hasta llegar a 13.6 años de escolaridad en 2022.
Destaca que se incrementó la probabilidad de alcanzar estudios universitarios para los jóvenes provenientes de hogares con padres con educación primaria o menos, ésta es aún cuatro veces menor que para los jóvenes que tienen padres con estudios profesionales.
Según el estudio, entre 2016 y 2022, 7 de cada 10 personas entre 18 y 24 años cuenta con más años de escolaridad que sus padres lo que se califica como movilidad ascendente y 1 de cada 5 jóvenes quedó por debajo de la escolaridad de sus padres, lo que corresponde a una movilidad descendente. Además, poco más del 10% de los jóvenes no presentó movilidad, lo que se califica como inmovilidad.
Como resultado de esta dinámica, la diferencia en años de escolaridad entre los jóvenes y sus padres se redujo de 2.8 a 2.4 años entre 2016 y 2022. Sin embargo, más allá de esta pérdida de ventaja para los jóvenes, si sumamos los porcentajes de movilidad descendente e inmovilidad, es patente que la proporción de jóvenes que tiende a quedarse cada vez más lejos del grupo que sí ha experimentado avances intergeneracionales con relación a sus padres, no resulta menor. El estudio mencionado nos indica que el 75% de los jóvenes que, hoy en día, nacen en uno hogar muy pobre, no lograrán superar esa condición en toda su vida.
Uno de los aspectos más relevantes del estudio, sin duda es lo relacionado con los apoyos económicos a la educación que no se focalizan para revertir los problemas de baja movilidad y estratificación educativa. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias señala que existe suficiente evidencia para afirmar que el esfuerzo para revertir los problemas de baja movilidad social y estratificación educativa se ha debilitado desde el 2016. Se considera que la política de transferencias monetarias para la educación que verdaderamente impulse la movilidad social debe dirigirse con mayor intensidad a quienes presentan mayores desventajas y no de forma generalizada como se hace.
Hay muchas historias de personajes que, gracias al esfuerzo familiar o personal, mediante un arduo trabajo, lograron generar los recursos económicos, necesarios para pagar sus estudios, y a partir del ejercicio de su profesión mejoraron su condición económica y lograron la movilidad social.
En conclusión, destinar mayores recursos a quienes presentan desventaja económica y educativa, se lograría reducir la desigualdad de oportunidades entre la población y, por ende, habrá mayor movilidad social; con el consecuente beneficio para el país. Una manera de beneficiar, de forma directa a la población con menores oportunidades es, sin duda, la oferta educativa de las instituciones de educación superior, que brindan facilidades para que cursen sus estudios de licenciatura; por ejemplo, garantizar su gratuidad más que reducir sus años de formación escolar.
