La política es una actividad que ha venido de la mano con el desarrollo de la humanidad. Desde el fin de la prehistoria todas las sociedades humanas, por muy simples o complejas que hayan sido en su organización social, siempre han tenido como eje común la necesidad de seguir la reglamentación del poder político en turno. En ese contexto, el ejercicio de la política es algo que la humanidad continuará realizando hasta el fin de su historia. Sin excepción los grupos humanos siempre han seguido al poder político independientemente del modelo de desarrollo que utilice.
Incluso naciones que nunca establecieron estados formales o grupos étnicos que únicamente consiguieron organizarse a manera de tribu o confederación tribal, siempre han tenido algún tipo de autoridad política a la cual seguir.
Por supuesto, el ingreso al ejercicio de mando de la autoridad política es distinta, en algunos casos es mediante la fuerza e imposición militar, en otros a través de acuerdos sociales o de costumbres, e incluso a través de elementos religiosos. Pero independientemente de la situación, la política siempre está presente.
Es justamente la política lo que permitió originar al Estado; y fue el Estado lo a que su vez permitió desarrollar lo que en el mundo occidental se conocería como Derecho, que básicamente ha sido definido como el conjunto de normas, leyes e instituciones oficiales que rigen la vida de las personas en determinado territorio.
Fue la civilización romana la que creó el concepto de Derecho, si bien antes de esta civilización ya había sido inventado el concepto de ley, fue Roma la que logró compilar este concepto junto con otros para desarrollar un autentico sistema jurídico-administrativo que permitió a dicha civilización desarrollarse más rápido en términos políticos frente a otros pueblos antiguos, ya que justamente el compendio jurídico que desarrollaron los romanos garantizó una distribución mucho más estable y duradera del ejercicio del poder político.
Sin embargo, con el paso del tiempo las instituciones romanas comenzaron a erosionarse y finalmente tras una gran crisis política, la república romana, conocida por los grandes frenos y contrapesos legales, fue sustituida por el imperio, el cual tenía como soporte la mano dura del emperador, o Cesar de turno; aunque originalmente el imperio accedió a respetar ciertas instituciones tradicionales, el poder político concentrado en el emperador gradualmente fue cooptando el ejercicio real de poder del resto de las instituciones, lo cual al final terminó por dejar a Roma en manos del militar más hábil del momento, hasta que finalmente la falta de liderazgos fuertes, sumada a las crisis sociales y la oleada de pueblos bárbaros en territorio romano, generarían la caída del Imperio Romano Occidental.
Conforme pasaron los siglos, diferentes reinos e imperios fueron tomando algunos elementos del derecho romano, sin embargo, fueron más cuestiones de forma que de fondo. Tanto en la edad media como en el absolutismo moderno, la gran mayoría de los gobiernos europeos gobernaban más con el poder político del monarca que con elementos de institucionalismo jurídico, que era la característica de la Roma republicana.
Sería hasta las revoluciones inglesa y francesa, así como la lucha de independencia de Estados Unidos, cuando otra vez el poder político aceptaría ceder su ejercicio a través del Derecho. Entendiendo que el ejercicio real y efectivo del Derecho solo sería posible si las autoridades políticas de turno accedían voluntariamente a diseñar instituciones que permitieran canalizar el poder político de tal forma en que éste no tuviera más opción que respetar lo señalado por las normas, leyes, e interpretaciones judiciales correspondientes.
Lamentablemente para Latinoamérica, esto no ha ocurrido de manera rápida y efectiva. En el sudcontinente la situación política no ha permitido, en la mayoría de los países, que el poder político ceda su ejercicio al Derecho para la conducción de las naciones de la región. Únicamente países como Uruguay, Chile y Costa Rica han logrado que sus autoridades políticas cedan el mando del poder a través del Derecho de una forma más o menos general, lo cual no puede decirse de otros casos.
México, Honduras, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, y Ecuador, son solo algunos ejemplos de países donde las autoridades políticas se han resistido a aceptar ceder su ejercicio de poder al Derecho, es decir, aun no aceptan totalmente que el país se rija real y plenamente por las leyes e instituciones correspondientes, siendo que la élite política de turno de estas naciones ha preferido un ejercicio de mando mucho más discrecional y arbitrario conforme a sus intereses, relegando en el Derecho únicamente materias que o no le son de demasiada utilidad, tal como ocurre con el Derecho Civil y un poco el mercantil, o que por presión no han tenido otra opción más que ceder para no perder su legitimidad, tal como ocurre con el Derecho Electoral.
Sin embargo, materias que son primordiales para el desarrollo de las naciones modernas como lo son el Derecho ambiental, el laboral, y por supuesto el penal y el administrativo, entre otras más, han permanecido atadas a la voluntad política y no se ha aceptado en términos de facto que el poder político permita el pleno desarrollo del derecho en estas temáticas. Desde luego, esto no es casualidad; varias de estas materias permiten a los grupos políticos mantener en la opacidad muchas de sus acciones que podrían catalogarse como polémicas e incluso ilegales, pero como se indicó, al final de cuentas es la política la que permite la creación y el ejercicio pleno de Derecho.
México, incluso resalta mucho en la contradicción político-jurídica de tener múltiples aspectos en cuestión de forma, que aparentemente cumplen con los criterios internacionales de los derechos elementales, sin embargo, México es también un país sumamente criticado por la falta del ejercicio práctico de sus derechos formales.
Durante décadas en México se siguió el dicho “la forma es fondo” como un elemento para buscar la estabilidad política y el desarrollo nacional, tristemente hoy en día ya no aplica, ni tampoco puede seguirse intentando aplicar, esta fórmula política. El ejercicio del Derecho solo existe si se pone en práctica; leyes, normas e instituciones que solo existen en papel y no en la práctica no servirán de nada para resolver los problemas de la nación.
El fondo y la práctica importan tanto como la forma misma. Si no hay un ejercicio real del derecho únicamente existe una simulación y falsedad, que al parecer es lo que rige en la mayoría de la región latinoamericana. El ejercicio político aun no acepta subyugarse ante el derecho, pero, como se indicó, esto viene de la mano de la voluntad de la autoridad política.
De nada servirá seguir creando leyes, institutos, comisiones, etcétera, si no se ha logrado ejercer un poder real dentro de las que ya existen. Es polémico decirlo, pero aun hoy en día en México es más factible que a una persona le resuelvan sus asuntos jurídicos si tiene contactos o “palancas” en el sistema político, ya que para el ciudadano común que no cuenta con este tipo de conexiones el proceso resulta engorroso, confuso y muchas veces es hasta bloqueado por las propias autoridades, las cuales no tienen un freno y contrapeso real, más que quedar bien con el superior de turno.
Como ya se indicó, ciertamente hay algunas excepciones institucionales, pero en general aúnexiste todavía un enorme trecho por avanzar para conseguir un gobierno que se rija genuinamente por el Derecho y no por la discrecionalidad semi-absoluta del poder político. Como señaló Guillermo O’Donnell, la gran mayoría de las naciones latinoamericanas son realmente democracias delegativas, donde el poder político tiene muy poco freno y contrapeso institucional real, de hecho, su único contrapeso son las elecciones periódicas que permiten a determinados liderazgos reafirmarse o ser rechazados, pero no hay mayor limitante al ejercicio real de poder político.
Es cierto que quizás al inicio ceder el poder político ante el ejercicio real del derecho cueste un poco a nuestros liderazgos políticos, quienes posiblemente no podrán ejercer sus proyectos con la misma rapidez con la que hoy los ejecutan, pero a la larga será mucho más conveniente, ya que involucrará una revisión mucho más estricta de las políticas realizadas, mayor vigilancia en el gasto público y sobre todo transparencia y responsabilidad administrativa en el ejercicio fiscal correspondiente por parte de las distintas secretarías y órganos administrativos.
Pero, sobre todo, esto ayudaría mucho al ciudadano promedio, ya que realmente sabrá desde un inicio qué tendrá que hacer y cómo tendrán que actuar las autoridades que estén llevando sus trámites. Si bien, toda ley, regla o institución es perfectible, además de siempre estar en la mesa del debate de si es benéfica o no, lo primero que uno debe saber para determinar la utilidad de ésta, es asegurarse que realmente se ejerza conforme a lo que indican sus funciones oficiales, ni más ni menos, de lo contrario no podrá saberse con certeza si una ley o institución sirve bien o no a su propósito oficial.
No hay que perder la esperanza en que un día, tanto en México como en buena parte de los países de América Latina, lleguen autoridades políticas que entiendan la necesidad de que el ejercicio de poder político se haga única y exclusivamente mediante el Derecho, a sabiendas que será lo mejor para la nación y sus ciudadanos, y para ello debe siempre recordarse que el Derecho solo puede funcionar si la política se lo permite desde un primer momento.
