Estados deberán presupuestar recursos para emergencias y desastres naturales

Los recursos están asegurados a través del Fonden, en 2021 la SHCP estaba en labores para actualizar la normativa que se le aplica. | Fotografía: Archivo

Morelia, Michoacán.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la cual obliga a las entidades federativas a prever en sus presupuestos los recursos necesarios para brindar atención en caso de emergencia y desastres naturales.

De acuerdo con información de El Financiero, el monto que cada entidad debe destinar a este objetivo corresponderá, como mínimo, al 10 por ciento del promedio obtenido de la aportación que haya realizado durante los últimos cinco años para la reconstrucción de su infraestructura dañada.

Asimismo, según el el artículo 18 de la nueva ley, los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales están obligados a contratar seguros y otros instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para cubrir los daños causados por un fenómeno natural.

En caso de que los recursos resulten insuficientes, los estados puedan solicitar apoyo a la Federación a través de los acuerdos previstos en la ley, es decir, el Gobierno Federal no se deslindará por completo de brindar ayuda en estos casos pero busca que sus gastos estén justificados y se destinen directamente a este propósito.

La nueva ley también sustituye los mecanismos de financiamiento previstos en la Ley de 2012. En vez del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los fondos de ayuda federal y los fondos de protección civil de las entidades federativas, prevé la existencia de instrumentos presupuestarios federales de gestión de riesgos.

Asimismo, sustituye las declaratorias de Emergencia y Desastre y en su lugar propone la creación de acuerdos para ambos casos. A diferencia de las primeras, estos se emitirán por entidad federativa y no por municipios. Además, establece un límite temporal a la aplicación de recursos cuando concluya una emergencia.

En el caso de desastre, el apoyo concluirá hasta que se haya atendido a la población afectada y se hayan reparado las afectaciones.