Morelia, Mich.- A los morelianos les resulta indiferente o desconocen en qué consiste el recorte de más de quince mil millones de pesos que el Legislativo Federal está quitándole en fideicomisos al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Así lo dieron a conocer varios ciudadanos abordados en el Centro Histórico al respecto, particularmente los jóvenes, aunque también varios adultos respondieron en el mismo sentido: “Desconozco”, “No estoy informado”, “Yo ni le entiendo a esas cosas”.
Sólo Sergio, jubilado de 83 años, defendió que es una mala idea, ya que la administración de justicia requiere mucho dinero; por contraparte, tanto Ricardo, pensionado de 69, como Luis, comerciante de 74, están a favor de la decisión, argumentando que “estos señores tienen muchos privilegios”.
No hay debate en lo legal: politóloga
Consultada vía telefónica al respecto, Susana López, politóloga de origen moreliano con 35 años de edad, señaló que en el terreno estrictamente legal no habría debate, ya que la Ley Federal de Presupuestos estipula que sólo los Poderes Ejecutivo y Legislativo pueden contar con fideicomisos, y el único que puede tener el Judicial –el único que no se extinguirá– es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
En cuanto a la temida afectación que esta extinción de fideicomisos pueda implicar a los derechos laborales, la entrevistada respondió enfáticamente que no es verdad: “La misma iniciativa prevé que una vez que se haya extinguido el fideicomiso, como sucede en estos casos, primero se cubren las obligaciones y pasivos laborales, y después los ahorros se regresan a la Tesorería”.
Desde su punto de vista, “aunque en origen buscan transparentar el ejercicio del gasto, los fideicomisos muchas veces pueden también ser de carácter discrecional”, una situación que atravesaría todos los que existen, incluso los muchos que se encuentran en el Poder Ejecutivo.
Que se regulen, no que se extingan: abogada
Por el contrario, Ariadna García, abogada con 36 años de edad, también entrevistada por este medio, señaló que, si es verdad que los fideicomisos señalados se prestan para corrupción y abusos, lo que se debe hacer es regularlos para mejorar sus mecanismos de fiscalización, no extinguirlos.
A falta de una valoración técnica especializada caso por caso, concluyó, esta “eliminación a rajatabla” no sería más que una “jugada política” del mandatario Andrés Manuel López Obrador para “debilitar”, a través del Legislativo, al PJF, presidido por Norma Lucía Piña Hernández.
Los fideicomisos, refrendó, pueden servir para resolver problemas sociales reales y legítimos, como el fondo para víctimas, extinto también al inicio de esta administración federal: “Si tú tenías una recomendación de la CNDH o internacional, en donde recomendaban que se tenía que indemnizar a una familia, porque una de las personas había sido desaparecida, era administrativamente más fácil poder tramitar esa indemnización correspondiente bajo un fideicomiso”.
Cabe recordar que fue el 6 de septiembre cuando el legislador morenista Ignacio Mier Velazco presentó la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del PJF, con la intención de eliminar trece de los catorce fideicomisos con que cuenta, equivalentes a más de quince mil millones de pesos; el 10 de octubre se aprobó en comisiones y el pasado miércoles 18, en el pleno de la Cámara de Diputados.
Aunque López Obrador ha defendido que no habrá afectación a los trabajadores, el PJF ha señalado lo contrario, por lo cual miles de trabajadores en el país se han movilizado a lo largo de esta semana para protestar en contra de la posible vulneración de sus derechos adquiridos, como seguro de gastos médicos o pensiones.
