Juez da plazo de 24 horas a Congreso para que fundamente decisión sobre auditor

El juzgado séptimo de Distrito solicita al Congreso explique porque derogó un decreto, cuya facultad es del pleno.

Con el decreto 461 se nombró como auditor superior de Michoacán a Marco Antonio Bravo Pantoja. | Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- La juez séptima de Distrito, de nueva cuenta dio un plazo de 24 horas al Congreso de Michoacán para que explique el fundamento jurídico por el cual se derogó el decreto 461, en donde se nombra como auditor a Marco Antonio Bravo Pantoja.

Esta misma semana la Junta de Coordinación Política determinó derogar a través de un acuerdo el decreto y dejar como auditor interino a Marco Bravo Pantoja, situación a la que se opuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al considerar que la Junta no tiene facultades para llevar a cabo acuerdos y derogar leyes, ya que señalaban que existe un procedimiento legislativo.

Ante ello la jueza pidió al Congreso de Michoacán lleve a cabo el procedimiento legislativo de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán, o en su caso fundamente y establezca el argumento jurídico bajo el cual la Junta de Coordinación Política asumió esta atribución que señala la propia juez corresponde al Pleno.

De esta manera, pide: “Dejar sin efectos el decreto número 461, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el 18 de octubre de 2023; y en su lugar, emitir el acto congruente a los efectos de la suspensión definitiva. O bien, en su caso, justifique el fundamento jurídico que otorga a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la facultad para dejar sin efectos un decreto emitido por el Pleno de dicho órgano legislativo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar el impedimento que para ello tenga, se harán efectivos los apercibimientos decretados en la interlocutoria”, dice el resolutivo.

Es importante mencionar que entre las medidas establecidas por la jueza en ese entonces fue prisión de 3 a 9 años de prisión para los legisladores, después de la denuncia ante el Ministerio Público Federal por desacato.