Magistrada niega apelación a profesor indígena acusado de robo de 18 mdp

Morelia, Mich.- Al profesor indígena Leobardo Reyes Meza, originario de la comunidad de Ihuatzio, Michoacán, le fue negado el recurso de apelación que promovió ante la sentencia condenatoria que le fue emitida por el presunto robo de 18 millones de pesos.

La ratificación fue hecha el pasado 2 de diciembre por la magistrada Martha Magaly Vega Alfaro, titular de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quien habría “convalidado” “peritajes improvisados, pérdida de la cadena de custodia, falta de acreditación de los supuestos valores sustraídos, entre otras inconsistencias y aberraciones jurídicas”.

Así reza el boletín de prensa que dio a conocer esta mañana el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización a la que pertenece el imputado, quien ha sido condenado por el presunto robo de un camión de valores de la empresa Grupo Sepsa, lo que habría ocurrido durante una manifestación de protesta.

El quejoso reprobó que los argumentos y pruebas de su defensa jurídica fueran presuntamente “ignoradas y desestimados de un plumazo bajo razonamientos inquisitorios que avalan las mentiras, aberraciones y arbitrariedades” de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la empresa.

En contraste, agrega el comunicado leído, habría sido admitido y revalidado el “montaje de la fiscalía”, con lo cual la magistrada refrendaría que “es ‘un peligro social’ un profesor de educación indígena que ha dedicado toda su vida a ejercer la docencia pública en aulas de comunidades indígenas marginadas, que ha luchado por la democratización del país…, que defiende los derechos laborales y sindicales…”.

Leobardo Reyes Meza negó categóricamente haber sustraído los más de 18 millones de pesos que le habría “achacado”, primero, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y, ahora, Alfredo Ramírez Bedolla, un gobernador “títere” al que acusó de haber engañado al pueblo de Michoacán con la promesa de instaurar un régimen distinto al de sus antecesores.

Como el FNLS, también dio “todo el respaldo” al profesor el Sector IX Indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de su representante Javier Ceja Ramos, quien aseguró que “lo conocemos en todo su servicio”.

La ratificación judicial de Vega Alfaro constituiría, señaló el imputado, evidencia de la “criminalización de la protesta” y la “persecución política” desatada en su contra, cuyo propósito sería “acallar” la organización popular que “critica a los malos gobiernos, defiende los derechos del pueblo y pugna por una auténtica transformación de la sociedad”.

El profesor adelantó que interpondrá un amparo apenas iniciado el año 2024 para detener la condena de 16 años de prisión ya determinada, mientras que las organizaciones acompañantes dijeron reservarse el derecho a la realizar movilizaciones en solidaridad con él.

Mientras tanto, Reyes Meza hizo responsable al gobernador Ramírez Bedolla, así como a Adrián López Solís, titular de la FGE, por cualquier daño a él o a sus “compañeros de lucha”, con el antecedente de que –aseguró– fue torturado durante una primera estancia en el Centro de Readaptación Social (Cereso).