La noche del martes pasado terminé el día con la mente saturada de tanta información que a diario se difunde por los diferentes medios de comunicación, de todo lo que sucede a lo largo y ancho del territorio nacional. Que el Estado mexicano a dejado de tener presencia en algunas regiones del país, que la corrupción se ha intensificado en las diferentes administraciones públicas, que la impunidad sigue a la orden del día, con el cuento que se integran mal las carpetas de investigación, que el robo de gasolina se ha intensificado durante el presente sexenio, que la educación pública es de pésima calidad, que persiste el desabasto de medicinas, que no disminuye la inflación, que seguiremos siendo gobernados por los mismos grupos de poder, ahora agrupados en dos bloques políticos: “Juntos Hacemos Historia” y “Fuerza y Corazón por México”, que funcionarios del INE recibirán un bono de 500 mil pesos por su trabajo extra en el presente proceso electoral.
Pero si eso fuera poco, durante otros 117 días seguiremos escuchando, viendo y sintiendo la sarta de mentiras y promesas que manifestaran la mayoría de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, en su afán por ganarse la confianza de los electores y seguir disfrutando de los privilegios que proporciona el poder político y administrativo. Cuando bien sabemos que algunas promesas son imposibles de cumplir, otras se cumplirán a medias y muchas otras seguirán pendientes por falta de voluntad, negligencia o de plano por incapacidad para desempeñar el cargo conferido por el pueblo.
Noticia fatal que de plano fulminó mi estado de ánimo, la mañana del miércoles pasado, fue enterarme de que después de haber trabajado como burócrata durante 34 años, en diferentes dependencias de la administración publica, de los cuales 20, fueron dedicados a la docencia, donde participé en la formación educativa de por lo menos 20 generaciones de jóvenes bachilleres. A partir de enero del año en curso, mi pensión mensual se incrementará en la fabulosa cantidad de $ 1043 pesos al mes, es decir $ 35 pesos diarios, los cuales me alcanzaran para comprar 28 tortillas más al día. Aumento que ni siquiera es suficiente para cubrir la inflación acumulada anual que según el INEGI fue del 4.66% a diciembre de 2023.
Situación similar seguramente estarán viviendo miles de pensionados y jubilados de la Secretaria de la Educación Pública, al también ser victimas de las políticas publicas que sobre las pensiones y jubilaciones implementó primero, la administración del Gobierno de Peña Nieto, en complicidad con los dirigentes en turno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la llamada Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), al modificar la Ley General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.
En la mencionada Ley se establecía que “la jubilación para los trabajadores de la educación es un derecho cuando se concluye una etapa laboral y se cumple con los requisitos señalados en la mencionada Ley , con el otorgamiento de una pensión mensual, tasada en diez salarios mínimos, calculada con el promedio del sueldo del último año; siempre y cuando, se tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto por el tiempo de tres años”.
Esa disposición favorable a los jubilados y pensionados quedó anulada al promulgarse el Decreto del 07 de enero de 2016, en materia de desindexación de los salarios mínimos, donde se establece que a partir de 2017, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituirá al salario mínimo para medir las pensiones. Decreto que el gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Nacional, dejó totalmente sellado el pasado 17 de febrero de 2021, con la sentencia de una contradicción de tesis, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al poner un tope a las pensiones de la Ley del ISSSTE, de 10 UMAS y no en salarios mínimos.
Si los gobiernos priista y el de la supuesta transformación nacional, no hubieran tenido la ocurrencia de modificar las leyes sobre pensiones y jubilaciones, muchos de los que fuimos afectados con esas decisiones, el día de hoy estaríamos recibiendo un ingreso mensual de $ 74,670.00 pesos, equivalente a diez salarios mínimos, en vez de estar percibiendo diez “UMAS” al mes. Lo que significa que en menos de diez años, estaremos recibiendo lo equivalente a un salario mínimo diario, que aun sumado al apoyo bimestral de la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, resultará insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestuario y la compra de las medicinas requeridas para atenuar las enfermedades propias de la vejez. .
Bajo estas circunstancias, lo más seguro es que los jubilados y pensionados de la Secretaría de Educación Publica, terminemos los últimos días de nuestra existencia sumidos en la pobreza.
