A 35 días que comenzaron las campañas político-electorales por la Presidencia de la República 2024-2030 y a 55 de que concluyan, posiblemente al igual que muchas otras personas, estoy totalmente aturdido y aburrido de escuchar y ver tanta propaganda por todos lados, donde se manifiestan las cualidades personales, académicas y hasta la calidad humana de las candidatas y el candidato y lo más preocupante promesas de campaña imposibles de cumplir y todo con el desmedido afán de llegar al poder.
Como si eso fuera poco, el Instituto Nacional Electoral ha programado tres debates, que no tendrán ningún resultados sustancial, forman parte del carnaval electoral y una repetición de lo mismo que escuchamos mañana, tarde y noche; así como una justificación de la existencia de las instituciones electorales y que además, tendrán un costo que será pagado con dinero del pueblo.
El próximo domingo 07 de abril, a las 20:00 horas, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México, se realizará el primero de esos tres debates entre las y el candidato que aspiran a ocupar la Presidencia de la República. El tema a debatir será “La sociedad que queremos”, en materia de educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres.
El segundo debate será el 28 de abril en los Estudios Churubusco, también en la Ciudad de México, abordando el tema “La ruta hacia el desarrollo de México” con los temas de empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Para rematar, el 19 de mayo en el Centro Universitario Tlatelolco se llevará acabo el último de los debates, en el que se abordaran los temas “democracia y gobierno, y diálogos constructivos” que versaran sobre política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes.
Como remate, al término de cada uno de esos tan anunciados debates, algunos medios de comunicación ya tienen programado llevar a cabo mesas de análisis con la participación de ideólogos políticos afines a cada uno de los candidatos participantes, quienes seguramente no sólo harán un refrito de los mencionados debates y volverán a resaltar las cualidades de la candidata o del candidato de su preferencia, sino que además argumentaran que sus candidatos ganaron el debate, por haber hablado con un tono más alto; por haber ridiculizado al adversario; porque está seguro o segura que sabe como mejorar la calidad de vida de los mas de 50 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y de miseria. Análisis que seguramente se prolongará por más de una semana.
Es decir, supuestamente los tres participantes ganarán el debate y por lo tanto, cualquiera de ellos representa la mejor opción entre los 130 millones de mexicanos, para dirigir los destinos del país los próximos seis años, aseveración que estaremos viendo y escuchando por varios días. A la par estaremos digiriendo mañana, tarde y noche, cada una de las encuestas sobre el ganador del debate y sobre quien lleva ventaja electoral.
Los representantes de la oligarquía argumentarán que siempre se han preocupado por hacer de México un auténtico orden democrático, que durante los doce años que ostentaron el poder alcanzaron importantes logros en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por su parte, los transformadores de la nación dirán que luchan por construir un México, democrático, plural, incluyente y solidario, con menos desigualdades sociales y libre de corrupción, impunidad y delincuencia.
Mientras todo este barullo electoral sigue su curso sin ton ni son, al parecer ningún candidato tiene en mente revisar las políticas públicas de pensiones y jubilaciones, clasistas y discriminatorias que miles de jubilados y pensionados estamos padeciendo desde el año de 2010, cuando el gobierno de Calderón, en complicidad con los dirigentes de ese entonces del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), modificó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en forma legaloide hicieron desaparecer algunos derechos laborales, que con anterioridad habían ganados a pulso por los trabajadores
Luego vendría el remate, cuando de la noche a la mañana los asesores económicos de Peña Nieto le informaron que de seguir tasándose las pensiones y jubilaciones en diez salarios mínimos, las finanzas públicas iban a colapsar. Que el salario mínimo que se estableció desde 1934 para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ya no cumplía con ese cometido, debido a que también se utilizaba como parámetro para determinación de multas, cuotas, sanciones administrativas, penas convencionales, tasadas en salarios mínimos y que mejorarlos provocaría inflación.
Por lo que, ni tardos ni perezosos, buscaron solución al problema, lo más pronto posible, la cual se materializó “con la aprobación y expedición del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016”.
En dicho decreto se establece que a partir de 2017, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituirá al salario mínimo para medir las pensiones y jubilaciones. En un principio esas disposiciones, tuvieron poco impacto en el importe de las jubilaciones y pensiones, pues entre el salario mínimo y el valor de la UMA en ese año, la diferencia sólo era de $ 3,861.00, pesos mensuales. El valor de la UMA era de $ 75.49 x 10×30= $ 22,647.00 pesos y el salario mínimo de $88.36 x 10×30=$26,508.00. A la fecha esa diferencia resulta de $ 42,108 pesos mensuales: el UMA vale $108.57 pesos y el salario mínimo es de $ 248.93
Para tratar de contrarrestar esa medida legaloide, muchos jubilados y pensionados se ampararon en tiempo y forma, pero fue tal cantidad de amparos que el gobierno de la cuarta transformación optó cortar por lo sano, lo que logró el 17 de febrero de 2021, con la sentencia de una contradicción de tesis, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Terminando con cualquier discusión, sobre la retroactividad de los derechos laborales.
Actualmente los jubilados y pensionado estamos recibiendo en promedio un equivalente a 5.6 salarios mínimos y no los diez salarios mínimos como se establecía en la legislación anterior diseñada con una visión humanista, se estima que dentro de cinco años sólo estemos recibiendo lo equivalente a un salario mínimo. No hay de otra, que aceptar las consecuencias de una política publica laboral clasista y discriminatoria, que comenzó Calderón, la perfeccionó Peña Nieto y la consolidó López obrador.
Lo único que nos queda es rogar porque no se nos presente algún gasto catastrófico y tener paciencia para seguir escuchando durante los siguientes 55 días que faltan para que concluyan las campañas, todo tipo de promesas, algunas imposibles de cumplir, como la pensión de adultos mayores a partir de los sesenta años, el rescate del Lago de Pátzcuaro, echa por la candidata de la transformación o la de la candidata de la oligarquía de llenar de aguas tratadas el vaso de lo que alguna vez fue la hermosa Laguna de Zumpango. Otras fuera de toda realidad como normalizar el proceso del ciclo del agua. Mientras tanto, jubilados y pensionados quienes ayudamos a construir las instituciones sociales del Estado Mexicano, seguiremos en el camino rumbo a la pobreza
