Recientemente el expresidente boliviano, Evo Morales, acusó en sus redes sociales al que hasta hace unos años era su prominente aliado y ahora actual presidente de Bolivia, Luis Arce, de que en esta nueva presidencia el señalado país había descendido considerablemente en los ratings de Transparencia Internacional en 2023, o dicho de manera inversa, había subido en materia de corrupción; al respecto, Bolivia se ubicó en lugar 133 de 180 países con un puntaje de 29 de 100. Sin embargo, esta opinión no deja de estar llena de controversias.
Aunque dicha organización, Transparencia Internacional, es una ONG de origen alemán que pudiera presentar ciertos sesgos, su índice de la percepción de la corrupción es uno de los que más se han valido gobiernos y opositores políticos para emitir comunicados oficiales, ya sea para mostrarse como eficientes en este aspecto o, por el contrario, para denostar servidores públicos aparentemente ineficientes y corruptos.
Pero independientemente de si hay o no sesgos en los criterios o variables a evaluar, la investigación y análisis de Transparencia Internacional siempre ha tratado de ser objetiva dentro de estos criterios de evaluación y si bien la formación institucional y legal de cada país va variando por su propia naturaleza política, al final siempre existirá una relación entre lo señalado por las leyes y lo aplicado por la realidad política.
Volviendo al caso boliviano, debe de reconocerse que en la actualidad el gobierno de Arce sí está ubicado en un nivel extremadamente bajo de transparencia, llegando incluso a estar por debajo de regímenes dictatoriales o de partido único como los de China o Cuba. Sin embargo, Evo Morales crítica aquello en lo que incurrió en su momento, esto debido a que el señalado índice no se ha movido de manera significativa desde que Bolivia ha estado registrando información en dicha ONG.
Por lo tanto, Morales también tuvo enormes faltas en materia de transparencia, y por lo tanto enormes niveles de corrupción en su administración. Ahora bien ¿No era el gobierno de Evo Morales uno de los más estables de dicho país, y que además logró empoderar económicamente a un gran sector marginado de la población indígena boliviana? ¿Cómo se puede explicar que un gobierno que a pesar de su fatídica caída en 2019 gozó durante casi 13 años consecutivos de alta aprobación y reconocimiento tanto interno como externo tuviera niveles tan elevados de corrupción? ¿No debería más bien haber habido retrocesos o rezagos por esta situación?
La realidad sociopolítica es mucho más compleja. En realidad, es posible que el propio Evo Morales no considere siquiera que hubo corrupción notoria en su propio gobierno, cuando las estadísticas señalan todo lo contrario, pero esto obedece a una situación que al parecer es común en los dirigentes latinoamericanos, la cual es confundir la corrupción con la desigualdad social y la ineficacia administrativa.
Esta confusión conceptual es lo que luego no permite entender determinadas prácticas políticas en los gobiernos de turno, y ciertamente el caso boliviano no es el único en la región, pero ¿qué significa esta aparente confusión de términos?
La ineficacia administrativa es algo bastante claro, que no requiere una definición demasiado elaborada. Basta saber cuándo un gobierno es eficiente en determinadas tareas y cuándo no, es decir, hay una percepción clara de parte de la ciudadanía de algún país o localidad para saber si el gobierno es eficiente en la resolución de problemas. Pero justamente la eficiencia es algo que está en la esfera de lo político, aun cuando se quisieran hacer leyes para dictaminar la calidad o habilidad de una administración pública para hacer bien las labores comunes de un territorio, al final es la propia habilidad de los funcionarios lo que demostrará la eficiencia administrativa.
La desigualdad social es más bien un término histórico y socioeconómico referido a la exclusión que es realizada a un grueso del sector de la población de un país y territorio, donde por la propia composición del sistema político y económico, la riqueza no se distribuye de forma adecuada, además de que ello mismo propicia que determinado sector social permanezca en un estado de subsistencia económica, lo cual a su vez no le permite introducir a la élite gobernante elementos representativos que permitan alterar su situación, generándose así un ciclo vicioso.
Latinoamérica es de las regiones que más ha tenido problemas con la distribución de la riqueza y la desigualdad social, han sido muy pocos los lugares que han conseguido terminar exitosamente el problema de la desigualdad social, que por lo general está enlazada directamente con la inseguridad y la pobreza. Por lo tanto, lograr reducirla de manera efectiva es sin duda alguna un logro que debe ser aplaudido.
Por su parte la corrupción es algo más complejo de definir, no porque no esté definida o tipificada penalmente, sino porque es un término que aplica en distintos contextos. A grandes rasgos, en términos sociales, la corrupción puede dividirse en dos esferas una de corte filosófico-ética y otra de corte legal o jurídica.
La primera esfera es cuando determinada acción o conducta genera cierto repudio, rechazo o en general es mal vista por el público en general. Un ejemplo de ello son las leyes que permitan a los grandes empresarios evitar pagar ciertos impuestos o que permitan dar mayores penalidades a determinadas personas por su origen étnico, racial o de género por sobre otras. Es decir, esta esfera de la corrupción es lo que de forma simple podría asociarse con la “injusticia”, sin embargo, esto último propicia cierto grado de subjetividad para determinar que tan correcto o incorrecto es el hecho realizado.
La segunda esfera, es la que está completamente vinculada a elementos jurídicos y tiene, al menos en teoría, consecuencias penales y administrativas. Si bien cada país tiene sus propias leyes e interpretaciones jurídicas, la corrupción en términos legales es prácticamente la misma en cualquier lugar: el uso indebido de facultades de parte de una autoridad, trasgrediendo los límites legales, para obtener determinado beneficio.
Básicamente esta segunda esfera sobre la corrupción es equivalente al abuso de poder. Una autoridad que quiere hacer u obtener determinada cosa que en teoría no podría realizar acorde a sus funciones, pero de igual manera actúa para conseguirla. Usualmente este tipo de corrupción se asocia popularmente a los sobornos o robo de bienes públicos, pero la realidad es que va mucho más allá. El mero hecho de realizar actividades administrativas que no estén contempladas dentro del aspecto legal por influencia de un actor político ya es algo que conlleva un acto de corrupción de por medio.
Lo que evita este tipo de corrupción es la existencia de instituciones que fiscalicen tanto el presupuesto como las propias acciones administrativas del poder político. En otras palabras, tener instituciones que obliguen a las autoridades a respetar lo que indica la ley por encima de todo. No está demás señalar que esta visión no está exenta de críticas, toda vez que este tipo de corrupción no contempla realmente si determinada acción o política administrativa es justa o no, o si es eficiente, o si sirve para combatir la desigualdad social.
Aun así, debe reconocerse también que esta definición es mucho más cuantificable y puede observarse de manera mucho más directa cuando hay instituciones que garantizan el cumplimiento de la ley y cuando no las hay. Por lo tanto, resulta acertado utilizar esta definición para estandarizar cuán transparentes o corruptas, en términos legales, pueden ser las naciones.
Es justo con esta definición de corrupción que puede explicarse el fenómeno del gobierno del expresidente Morales en Bolivia. Es innegable que Morales logró empoderar no solo política sino también social y económicamente a una gran parte de la población indígena, así como también fortaleció mucho el crecimiento económico y propulsó con ello enormes proyectos de infraestructura para su nación.
Sin embargo, todo eso fue realizado a través de políticas que no fueron debidamente fiscalizadas. Buena parte de los recursos enviados a apoyar a las comunidades indígenas en estado de marginación fueron obtenidos a través del desvío fondos que ya estaba etiquetado para otros fines. Sumado a ello Bolivia es un país donde el poder judicial es bastante enclenque y es fuertemente influido por el poder ejecutivo, por lo tanto, no había mucho contrapeso en esta rama del poder público para obligar al gobierno de Morales a conducirse directamente por lo señalado en la ley.
Aun así, como ya se indicó, estas acciones de corrupción legal no le impidieron posicionarse como uno de los mandatarios más populares en la historia reciente de Bolivia.
Lo mismo ocurre hoy en día con Nayib Bukele en El Salvador; es bastante evidente que este joven mandatario, quién el pasado domingo arrasó en unas polémicas y dudosas elecciones con un 85% de los votos, ha realizado la mayoría de sus políticas, sobre todo las de seguridad pública, ignorando completamente la constitución salvadoreña, así como sus leyes y el debido proceso.
No obstante, a la población de este país centroamericano no parece importarle, prueba de ello fueron las recientes votaciones, en las que el pueblo salvadoreño tácitamente indicó que no tiene inconveniente que el presidente viole la ley, así como la separación de poderes, siempre y cuando traiga resultados concretos, especialmente en un tema tan delicado como lo es la seguridad.
En una región que históricamente ha sido asolada por la desigualdad social, la violencia y la ineficacia, como lo es Latinoamérica, la corrupción, en términos de encuadramiento legal, es lo menos relevante para la población. Y esto último hace mucho sentido, si las sociedades del subcontinente de antemano asumen implícitamente que los dirigentes de turno siempre van a violar la ley, entonces consideran que preferible que lo hagan para beneficio de la propia población.
Desde luego esto no es justificación para aceptar que la corrupción es un factor inamovible en Latinoamérica. Las instituciones deben ajustarse para hacer valer la ley y siempre tener fiscalizada a la autoridad de turno, sin importar qué tan compleja pueda ser la situación; países europeos por ejemplo tienen legislaciones que otorgan poderes extraordinarios a sus autoridades en momentos de crisis, no obstante, tienen un sometimiento a los perceptos legales.
Sin embargo, no debe tampoco perderse la realidad sobre la situación de la región, es correcto demandar un gobierno que tenga o desarrolle instituciones sólidas que obliguen a sus autoridades a regirse estrictamente por lo indicado en la ley, pero es también igual de legitimo exigir gobiernos que administren las problemáticas de forma eficiente y con resultados concretos. Más aún en las democracias donde la percepción pública es un factor primordial.
Al final de cuentas, el grueso de la población desconoce cuáles realmente son los hechos que están permitidos por la ley y cuáles no, lo que al final hace que sean las acciones, pero sobre todo los resultados los que le den margen para juzgar la política de determinado gobierno. No obstante, lo que en teoría impide que el gobierno sobrepase sus funciones y cometa abusos, que lamentablemente es lo que la mayoría de las veces sucede, es el cumplimiento de la ley.
Es entonces que debe de lograrse un equilibrio entre un gobierno eficaz pero apegado a la ley. Un gobierno eficaz, pero sin legalidad, corre el riesgo de degenerar en una tiranía, en tanto un gobierno apegado a la ley, pero sin eficacia corre el riesgo de ser socavado por movimientos anti establishment o hasta críticos de la democracia.
Si los países de la región desean quitarse el estigma de corrupción de encima deben enfocarse en generar instituciones tanto eficientes como garantes del cumplimiento de la ley. No es una tarea, fácil y requiere de mucha voluntad política, pero hay ejemplos de ello en distintos lugares del planeta, incluso en nuestra compleja región, la República Oriental del Uruguay es un ejemplo digno de ello.
