Morelia, Mich.- Autos incendiados y edificios vandalizados han quedado como signo de la protesta de comuneros de Arantepacua en esta capital, al conmemorar el séptimo aniversario de la incursión de la policía Michoacán en aquella localidad en el año 2017 y que dejó como saldo cuatro muertos.
Con palos y encapuchados, gritando consignas, los manifestantes partieron de Casa de Gobierno, en donde llevaron a cabo la quema de una motocicleta de la policía, desde ahí posteriormente se trasladaron a la Fiscalía General del Estado, recorrido en el que vandalizaron edificios e incendiaron vehículos.
La visita a la Fiscalía tuvo una dedicatoria especial hacia su titular, quien durante el sexenio de Silvano Aureoles Conejo fungía como secretario de Gobierno y a quien acusan de cómplice de los hechos al dar carpetazo y exculpar a Juan Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública en el mismo periodo, y responsable del operativo emprendido en contra de los comuneros en la fecha.
Durante el trayecto, el conglomerado que avanzó por la avenida Juárez rumbo al Zoológico para llegar al Centro, hizo una parada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde hicieron algunos destrozos quebrando cristales y golpeando las puertas, aventando algunas piedras.
Esta misma acción se repitió en otros puntos de la ciudad, tales como la sede del Congreso de Michoacán, donde quebraron vidrios y exigieron justicia para Arantepacua.
Hasta estos momentos que llegaron a Palacio de Gobierno, no se reportan mayores incidentes, salvo los destrozos en algunas dependencias y la intención de entrar en algunos espacios del Poder Legislativo, sin embargo, para concluir la protesta en la Fiscalía más allá de las 15:00 horas.
Hace siete años, durante el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, la Secretaría de Seguridad Pública que en ese entonces estaba bajo el mando de Juan Bernardo Corona, actual integrante de la planilla de Alfonso Martínez Alcázar en Morelia, incursionó en la localidad, dejando cuatro muertos y centenares de victimas directas e indirectas, por lo que los habitantes se manifestaron para exigir la reparación del daño.
De acuerdo con el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno, la administración Estatal ha cumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizando la construcción de un hospital en esta localidad, así como de una unidad deportiva, así como entregando a las familias de Los afectados y víctimas directas los apoyos económicos correspondientes y la atención psicológica.
