Como era de esperarse, la muerte de Luis Echeverría Álvarez detonó una serie de reflexiones y posiciones diversas y encontradas en torno a la impunidad y el logro de la justicia retributiva; algunos afirmaron que no se había ido impune, pues se había muerto en calidad de imputado por genocidio; mientras que para otros este hecho restriega en la cara la triste realidad de los mexicanos, la impunidad y los pactos que hacen posible la corrupción día tras día y que la perpetúan, especialmente en las instituciones, de las cuales dimana y ejerce su influencia nociva en la sociedad con la violencia, la delincuencia institucionalizada, la violación cínica y pública de los Derechos Humanos, el atropello de la dignidad humana y finalmente el asesinato.
Los hechos fatídicos por los que Luis Echeverría Álvarez fue señalado como genocida estuvieron a la vista del pueblo mexicano, fueron del dominio público y sin embargo, esto no fue suficiente para que en vida, varios de los familiares de las víctimas vieran satisfechos sus anhelos de justicia retributiva. Muchos jóvenes, profesores y familias fueron muertos y otros tantos presos, acusados de los cargos más atroces como el daño en propiedad ajena, la sedición, la asociación delictuosa, el robo, la invitación a la rebelión o la incitación a la violencia, el homicidio y las lesiones.
Sin lugar a dudas, desde entonces como hasta ahora, no se ha sabido, no se ha podido y en ocasiones no se ha querido, acabar con los pactos de impunidad entre cúpulas, mismos que permitieron que tanto Echeverría como muchos otros no hayan sido alcanzados por la justicia, aunque sí sean repudiados. En otros casos, en los peores, los perpetradores del horror han sido premiados con un encargo público para ellos o sus familiares. Los ejemplos y casos abundan y es que, a veces el sentimiento que se experimenta es el del personaje de Gabriel Retes en la película “El Bulto”, encontrándose además que los otrora luchadores se han transformado (o han sido absorbidos por los beneficios del sistema) en todo aquello en contra de lo que luchaban. No por nada, Luis González de Alba criticaba indignado a quienes hacían de su experiencia política una forma de vida y siendo consecuente evitaba lucrar con su trayectoria, habiendo sido encarcelado y exiliado, siempre condenó la aniquiladora represión del movimiento estudiantil, pero buscó explicaciones sin fines maniqueos.
Hoy se ve cómo lamentablemente la impunidad permite que un ex -gobernador de Michoacán cuyos excesos; maltrato a los trabajadores y a los pueblos indígenas; menosprecio a la Universidad nicolaita y verdugo de los trabajadores universitarios, siga presentándose impunemente en las redes sociales anunciando su recorrido por el país, para un proyecto político nacional. También, gracias a la impunidad, en 2003 el Secretario General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) por petición, se dice, de su cuñado Secretario de Gobierno, dejó ir a su antecesor habiendo denunciado un desvío de recursos por 85 millones de pesos y una investigación difundida por un catedrático de la Facultad de Economía de la cual se deduce que ese antecesor se hizo de un patrimonio que de manera regular no habría logrado.
Es sabido por todos los universitarios de “a pie y de cúpula” que la línea sindical de ese antecesor sigue ocasionando graves perjuicios en contra de los sindicalizados y el propio SPUM con el Comité Ejecutivo General 2018-2021 revocado y caduco, que no sólo mantiene secuestradas las instalaciones y la representación sindicales, sino que con impunidad, ha actuado en favor de la violación de los Derechos Humanos y laborales de los trabajadores y el atropello su dignidad, en contubernio con las autoridades universitarias; avalando los despidos injustificados, realizando revisiones contractuales sin la participación de los trabajadores, participando en el manejo opaco de los recursos sindicales retenidos vía nómina; siendo responsables, junto con la autoridad universitaria de la falta de claridad en el reembolso de capital y rendimientos a los ahorradores de la Caja de Ahorro del SPUM y evitando que sea posible adecuar el estatuto y legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo, poniendo en riesgo esos instrumentos de protección laboral. Así, aunque el Gobierno estatal tenga conocimiento de estas y otras situaciones, la impunidad campea inexpugnable en el entorno universitario y estatal para mal del pueblo, pues son agravios que favorecen la corrupción y la descomposición de las instituciones y la sociedad.
Desde este espacio se reconoce de corazón la lucha que muchas y muchos emprendieron, desde diferentes trincheras, intensidades y formas en el movimiento estudiantil por lograr un mundo mejor y más justo, de mayor igualdad y se creé que lo mejor que puede hacerse para honrar esa lucha (que es de todos) y su vida, es erradicar la cultura de la impunidad y las prácticas que han hecho que se enquiste en las instituciones. De ninguna manera sería justo calificar los hechos, circunstancias y actuación de quienes sí padecieron en carne viva la represión del movimiento estudiantil y sus decisiones de vida o supervivencia, pero si es una necesidad apremiante reflexionar sobre la impunidad, los arreglos cupulares y sus consecuencias y alcances con esta lección y la manera en que se sigue afectando las vidas, familias y en general al pueblo.
