¿Qué es la discriminación?, en el México de hoy, ¿se discrimina?, ¿sabe de alguien a quien se le cometió un acto de discriminación?; y es que frente a preguntas directas a la población, encontramos que, casi la mitad de las personas en México rechaza la posibilidad de vivir bajo el mismo techo con un homosexual, o una lesbiana; una tercera parte rechaza esa posibilidad de convivencia con personas que viven con VIH /SIDA y una proporción muy similar la rechaza respecto de personas con una religión diferente a la suya. Algo parecido, aunque a menor escala, sucede respecto de los extranjeros o de las personas con discapacidad, o bien con trabajadoras domésticas (Enadis).
Pero aún más, cuando se cuestiona a personas homosexuales o lesbianas acerca de cuál es el mayor problema que sufren en la sociedad, una de cada dos personas responde que es la discriminación por su preferencia sexual. Cuándo se le interroga a las personas indígenas sobre cuál es el mayor problema que viven, una de cada cinco responde que es la discriminación por su origen étnico, y aunque esta proporción es menor que en el caso del grupo anterior, la discriminación sigue siendo considerado por las personas indígenas como el mayor problema que tienen que enfrentar (Enadis).
Estos datos, constituye el “1,2,3, de la discriminación” que han venido sistematizando las Encuestas Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), llevada a cabo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y otras instituciones.
Exigua variación encontramos respecto de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2005 (Enadis 2005) y las realizadas en 2010 y 2017, incluso aquí mismo en Michoacán, como un estudio especial, financiado por el Gobierno de Michoacán; la Enadis 2005 fue llevada a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y el Conapred; la Enadis 2005 mostraba con claridad que nuestra sociedad abriga poderosos componentes de misoginia, racismo, xenofobia y homofobia, que engrandecen el androcentrismo, el heterosexismo y desde luego el estereotipo de género, que ha generado asimetrías entre aquellos que son llamados diferentes ( Ortiz Hernández y Enadis 2005), y esos hechos no han variado significativamente frente a la violencia contra la mujer, el feminicidio y los crímenes de odio por fobias LGBTTIQ, generados en estas dos décadas del presente siglo XXI.
Los prejuicios y opiniones adversas, son el resultado de nuestra propia cultura, parecen normalizados y naturalizados, esto es, se ven como hechos normales y naturales, y estas asimetrías son aceptadas por todos y por todas (Rodríguez Zepeda).
Tienen el peso que les da la costumbre, son fuente de buena parte de lo que somos y han moldeado en amplia escala nuestras identidades grupales: “son prejuicios y opiniones trasmitidos e inculcados, socializados y afianzados por la familia, la escuela, las asociaciones y las comunidades, las normas legales, los diseños institucionales, los medios de comunicación, incluso las políticas públicas” (Ortiz Hernández).
Cuando un grupo humano ha sido estigmatizado con argumentos tales como “a las mujeres no les interesa la política”, “los indios son flojos, por eso son pobres”, “los homosexuales corrompen a la juventud” o bien “las trabajadoras del hogar son abusivas”, “los viejos y discapacitados estorban”, se produce entonces la justificación para la desventaja social, pero además se juega en perjuicio de las y los potenciales discriminados (Hernández Licona).
En este mismo sentido, Charles Tilly, afirma que los estigmas o los marcadores referidos se presentan prácticamente siempre a partir de pares categoriales: mujer/hombre, aristócrata/plebeyo, blanco/negro, indígena/mestizo, católico/minorías religiosas, heterosexual/homosexual, incluso, homosexual/transexual, entre otros, que de manera a la vez simple y contundente, define quién queda incluida o quién excluido a partir de los bienes o los temas en disputa, que en determinado momento signifique el estar contemplado en los marcos jurídicos o en las políticas públicas.
Se trata de ideas constitutivas acerca de quiénes somos nosotros y quiénes los demás, de cuánto valemos unos y otros y de cómo debemos vivir. Tales ideas, al clasificar un lugar en el mundo que habitamos y nos conceden una jerarquía propia.
La discriminación no consiste sólo en un juicio externo relativo a quien se nos presenta como diferente, sino también en un juicio sobre nuestra propia existencia, valor y emplazamiento vital. Al imponer un lugar a los otros, el prejuicio cumple la tarea de darnos certidumbre sobre el lugar que nos corresponde; así, y al nombrarlos peyorativamente como “putos” o “machorras”, el homosexual o lesbiana es excluido por su depravación, por ir contra lo que dictan y asumen como normal y natural las mayorías, de ir en contra de la norma sexual, el amor y la reproducción social, al negárseles el amor por no poder asumir la reproducción el costo es alto, se le llama “depravados” (Núñez Noriega).
La discriminación se anida en el tejido mismo de la cultura, aunque no como un agregado irrelevante o accesorio, sino como elemento constitutivo de cada uno de nosotros. Ello explica que, hasta hace poco tiempo (en 2001, se modifica el marco jurídico federal mexicano) el derecho a la no discriminación no estaba incluido en la agenda nacional; esto es, no estaba contemplado como un tema nacional de las elites políticas y de los grupos sociales organizados. Toda vez que discriminar era lógico, normal y natural, por ello, la pregunta fue ¿por qué habría de convertirse en un problema social y de carácter nacional a resolver por las élites políticas?, porqué habría de subirse el tema a la agenda pública?
Esta visión de normalización y naturalización de la discriminación en nuestro pasado reciente, no nos permitió identificar que lo que se había construido como sociedad mexicana era un espacio para la discriminación y desprecio sistemático hacia grupos sociales completos que constituyen la mayoría de nuestra sociedad (Domínguez Ruvalcaba): en ello, contamos a las mujeres, a las mujeres violentadas, a indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, a minorías sexuales, religiosas, a niños y niñas, desde luego jóvenes pobres e inmigrantes y aquellos que tienen enfermedades crónico degenerativas o infecto contagiosas, también aquellos que viven con VIH/SIDA, con papiloma humano, así como a los jornaleros migrantes. Por muchos años la desigualdad de trato de estos grupos fue invisible, y por ello parecía que no existía.
Nos parece que un logro nacional ha consistido en dar visibilidad a esta problemática de diferencia de trato social a grupos vulnerados, pero el avance más significativo es que al 2001, fueron aprobadas adiciones en materia del derechos a la igualdad y no discriminación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con ello, hoy, existe una ley reglamentaria del artículo 1 constitucional que prohíbe la discriminación aprobada en el 2003 y una Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, instalado en el 2004; hoy por cierto ya contamos con el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación desde el 2014 y el Plan Nacional de Derechos Humanos igualmente desde 2014, ambos fundamentales para la atención de las poblaciones transgresoras del género.
Pese a estos pasos de enorme calado social ya aprobados, se ofrecen como meras expectativas respecto a la magnitud de la tarea que debemos enfrentar como sociedad y poderes públicos, para evitar que estos puedan ser revertidos y anulados.
Debemos considerar que las acciones para evitar la discriminación se haya en riesgo. La discriminación implica los cambios de esquemas de domino profundamente implantados entre grupos sociales, esto es: la violencia del hombre sobre la mujer (androcentrismo, misoginia) (Domínguez Ruvalcaba); los heterosexuales, sobre los homosexuales (heterosexismo) (Núñez Noriega); blancos y mestizos sobre los indígenas (racismo, xenofobia); católicos sobre otras religiones o escépticos; personas sin discapacidad, sobre personas con discapacidad.
Mantener el estatus quo actual es fortalecer lo presente, y permitir que la discriminación mantenga la relación de dominio y no como se quiere presentar como una falta de sensibilidad, una falta de inclusión, de tolerancia, de respeto por parte de los grupos sociales, con ello, será difícil afianzar el derecho a la no discriminación si el Estado mexicano y las entidades federativas no promueven acciones para evitar las relaciones de dominio entre los grupos.
Tomar en serio la agenda antidiscriminatoria en México significa abrir la puerta no sólo a la igualdad de trato sino también a nuevas distribuciones del poder, la autoridad, el prestigio y, los privilegios (Conapred).
El mapa social posdiscriminatorio, es decir, la manera en que se vería una sociedad tras aplicar el derecho a la no discriminación, implicaría una transformación de las posiciones de poder y autoridad, así como de los modelos de relación entre los grupos. Por ello es tan difícil que las elites políticas y sociales del país se tomen en serio la obligación constitucional de no discriminar, porque acaso intuye que una sociedad más igualitaria pondría en duda buena parte de la legitimidad de sus posiciones de privilegio (Rodriguez Zepeda).
La discriminación (De La Madrid Ricardo), como en cualquier lugar de México, es una forma precisa de desigualdad: desigualdad de trato. Se trata de una relación asimétrica de dominio, carente de justificación tanto legal, como social, y esta sostenida por valores, prejuicios, estigmas y estereotipos que permite la violación de los derechos humanos y libertades en su día a día los grupos vulnerados.
La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad (Conapred).
Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro.
Hacer visible una realidad en sus distintas dimensiones, exponer sin matices sus rostros, tal como son y cómo se perciben, es un mecanismo imprescindible para comprenderla y modificarla en la práctica social, pero también en los marcos normativos que aseguren la certeza jurídica para las y los mexicanos.
