La naturaleza jurídica del servidor público, esta descrita en el Artículo 8º Constitucional, que a la letra dice: se consideran “servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión (Cámara de diputados 500 y Cámara de Senadores 128) o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos a los que la constitución les otorgue autonomía. Quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
“Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”.
Lo que, quiere decir, que todas aquellas personas que legalmente tiene relaciones laborales en alguna unidad administrativa de cualquiera de los tres poderes de la unión (ejecutivo, legislativo y judicial) o de los gobiernos estatales y municipales, por la prestación de un servicio o producción de bienes, en beneficio de la comunidad y su salario y prestaciones económicas sean cubiertos con recursos públicos, son servidores públicos al servicio de la comunidad.
Durante el proceso político-electoral a la Presidencia de La Republica, el actual Titular del Poder Ejecutivo de la Unión (El Presidente), junto con algunos de sus colaboradores, a través de foros de consulta pública, fueron integrando su Programa de Gobierno, denominado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual, supuestamente serviría de base, para orientar el trabajo de todos los servidores públicos, que lo acompañarían en su administración sexenal, pero, sobre todo, para atender de forma prioritaria las demandas más sentidas de la población, como el combate a la corrupción, la impunidad y a la delincuencia y hacer posible la transformación de la vida nacional. para vivir en paz, con democracia y justicia social.
Bajo esta premisa, se supone que con especial cuidado se empezaron a seleccionar a quienes serían los servidores públicos, que despacharían los asuntos en cada una de las 19 secretarias de estado y en sus respectivas subsecretarias y en las direcciones generales; en los organismos desconcentrados; en las delegaciones de programas para el desarrollo; en la consejería jurídica y en los órganos reguladores coordinados en materia energética, es decir, sus colaboradores en la Administración Pública Centralizada. Así como, en cada uno de los organismos descentralizados; empresas de participación estatal; instituciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas y fideicomisos, de todo este ámbito de la Administración Pública Paraestatal.
En un principio se generaron muchas expectativas al conocerse la preparación académica certificada de los futuros servidores públicos, aun cuando se desconocía su desempeño en la administración pública; por lo pronto, parecía que la planeación, planificación y la programación- presupuestación, se implementaría de acuerdo a la realidad que se estaba viviendo. Pero, en la medida que han ido pasado los días, las semanas, los meses y los años, nos estamos dando cuenta que pocas promesas de campaña serán cumplidas, muchas otras seguirán esperando hasta quien sabe cuándo.
Falta mucho por hacer y corregir, los avances son limitados, pocos servidores públicos han hecho su tarea en tiempo y forma, como es el caso del responsable de las relaciones exteriores; el de la política interior; el de la política hacendaria; el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, pocos que han cumplido su compromiso social. La mayoría han fallado, a pesar de contar con amplios conocimientos académicos, no rindieron los resultados esperados y se han dedicado a nadar de muertito, esperando el fin del sexenio, para retirarse a casa sin pena ni gloria, desaprovechando la oportunidad de servir a sus semejantes y de pasar a formar parte de la historia nacional.
Tal parece que muchas de las designaciones fueron equivocadas, como si se hubiera privilegiarse la obediencia incondicional, sobre la experiencia, la vocación de servicio, la ética profesional y compromiso social o la capacidad de liderazgo, lo que pudo haber hecho la diferencia, entre el fracaso y el triunfo.
Así también, se cometieron algunas inconsistencias, como nombrar Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a un especialista en el conocimiento del cultivo de plantas y animales; a un estudioso del desarrollo biológico, físico y cultural del ser humano, al frente del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); a una exestudiante del arte de construir edificios o de organizar espacios interiores y exteriores, para administrar los servicio que proporciona la Secretaría de Bienestar; a dos maestras de enseñanza primaria, como Secretarías de Educación Pública, a pesar de su poca experiencia como docentes y sin los conocimientos suficientes sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, y hasta un corruptor electoral al frente de la Dirección General de la Comisión federal de Electricidad.
Si en la parte administrativa el balance no será nada favorable al término del sexenio, en la parte electoral no dista mucho de ser mejor, teniendo el antecedente de que el partido político gobernante, en pleno proceso político-electoral, se empezó a utilizar como un verdadero vehículo de oportunidad política, al dar cobijo y protección a traidores, desertores, corruptos, que bajo sus siglas siguen disfrutando de todos los placeres que proporciona el poder político y económico.
Oportunistas que se aprovecharon del trabajo de muchos jóvenes que sin interés alguno ayudaron a la construcción de una nueva opción de gobierno. Lo que ha obstaculizado el logro de los objetivos nacionales previstos al principio.
No se diga de algunos personajes que durante años han ocupado algún cargo de elección popular: una regiduría; una sindicatura; una presidencia municipal; diputación local; diputación federal; senaduría o gubernatura, quienes aún no concluyen el encargo electoral y ya están buscando un nuevo reacomodo político, para no quedarse fuera de la nómina, al fin y al cabo, el programa, principios o doctrina, es lo de menos.
A estas alturas, ya están haciendo proselitismo político entre los vecinos, en el área de su interés, prometiendo y jurando, que siempre han estado al pendiente de sus demandas y necesidades, y que, de contar con su apoyo, ahora sí, las cosas van a cambiar, para bien de todos. Seguramente no tardaran en empezar a repartir alguna dadiva, para demostrar “con hechos” esa preocupación manifiesta. La realidad es que llevan años administrando los bienes del pueblo, viviendo del presupuesto y poco, muy poco han hecho en beneficio de los más necesitados.
Al parecer, muchos no entendieron o no les convenía entender, la trascendencia histórica de implementar un programa de Trasformación de la Vida Nacional. Por eso, se seguirán escuchando las mismas promesas, que se repiten cada tres años, teniendo los mismos gobernantes y mismos marginados.
