Morelia, Mich.- Detrás del convenio entre autoridades ambientales y organizaciones de la sociedad civil, cuya firma se concretó el viernes pasado con la presunta intención de proteger el área natural de la Loma de Santa María, hay un proceso irregular, opaco y con una visión limitada, declara Luis Rubén Juárez, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María (MCDL).
El ambientalista destaca la poca difusión que se le dio al proceso: “Las áreas naturales protegidas son bienes públicos y a toda la sociedad le debe interesar lo que ocurra en la Loma de Santa María. Se debió hacer una convocatoria abierta, con la máxima difusión”.
Recuerda que en el Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), del que también forma parte, hace poco más de un año se les hizo saber que la organización Dale Vida Morelia A.C. tenía la intención de concretar un convenio con autoridades ambientales, pero nunca se les dijo más.
El 25 de enero del año pasado se llevó a cabo una reunión en el Club Campestre donde participó Dale Vida Morelia A.C., evento al que asistió la Secma. Ante ello, el 8 de marzo de 2022 Juárez interpuso un recurso de transparencia, asumiendo que existía ya un convenio de trabajo con la organización.
La respuesta vino el 8 de junio, en el que la autoridad manifestaba que no existía tal convenio entre la Secma y la organización, y que el evento había sido simplemente para que ésta manifestará su interés en trabajar con el gobierno en la conservación de áreas naturales. Luis concluye que el convenio recién firmado responde a un esfuerzo iniciado desde hace un año.
“Cada vez que requerimos la información nos decían que [el convenio] no estaba terminado, que en cuanto estuviera nos lo compartirían. No volvimos a saber nada hasta ayer [que se firmó]. No sabemos si este [proyecto] es el mismo o es otro”.
“Hay muchas preguntas sin respuesta. Me quedo con muchísimas dudas. Reitero que no conozco el contenido, pero en estas circunstancias no sé si vaya a ser bueno”, dice con explícita suspicacia.
Entre las inquietudes que tiene puntualiza el tema del recurso, el fundamento jurídico y la manera en que se va a supervisar y evaluar el proyecto.
“Nos parece un proceso muy irregular”, dijo como integrante del MCDL. “Suena un poco a opacidad”, advierte en su propio relato.
Problematiza el hecho de que, una vez más, un evento de este tipo se llevó a cabo en un club privado y exclusivo al que no todo mundo puede entrar, cuando Morelia cuenta con muchos espacios públicos. “La cosa pública en el espacio público”, sentenció.
Convenio con visión limitada
Luis acusa una visión limitada en este convenio, ya que en marzo del presente año el Coeeco envió una recomendación al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, en la cual lo instaba a pronunciarse a favor de convertir la cuenca del Río Chiquito en un Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal.
“Llama muchísimo la atención que en lugar de que la Secma se pronuncie respecto a esa recomendación, publicite un convenio (…) que se limita a proteger el área natural protegida de la Loma, la parte visible desde [la Avenida] Camelinas”.
La sorpresa que expresa se funda en el hecho de que la cuenca del Río Chiquito, que suministra agua a los habitantes de la ciudad y al lago de Cuitzeo, es muchísimo más grande que la ladera de La Loma, “además de que es una de las que mayor deforestación ha sufrido a lo largo de los años, particularmente a manos de Altozano”.
Dale Vida Morelia A.C. defiende pertinencia y transparencia del proceso
Ariel Fernando Ruiz Magaña, presidente de la organización firmante Dale Vida Morelia A.C., expresó en entrevista que el convenio firmado con la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán (Secma), la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) y autoridades municipales, tiene como finalidad “proteger y cuidar que los desarrolladores urbanos ya no sigan usando su poder, como malos ciudadanos, y empezar a quitarles áreas de los polígonos que están decretados como zona de protección y restauración ambiental, que es el caso de la loma [de Santa María]”.
Entre las acciones centrales que incluye este convenio, dijo, está el monitoreo y vigilancia permanente de la zona ante posibles irregularidades, así como la restauración del área protegida conforme al plan de manejo que la rige.
Aseguró que no solicitan ningún tipo de recurso económico a las autoridades, pues los colectivos que forman parte de la organización Dale Vida Morelia hacen cooperaciones de esta índole. Destaca entre ellos la presencia de clubes y universidades.
En cuanto a las responsabilidades del gobierno estatal y del municipal en el marco de este convenio, señala lo siguiente: “Lo que les demandamos es únicamente que tengan la suficiente valentía y la autoridad para ejercer los instrumentos de ley que tienen a su alcance”.
Ariel Ruiz defendió la difusión amplia de la convocatoria: “Tenemos una página de Face y un grupo de Whats [sic] (…) las convocatorias siempre son amplias. No todas las organizaciones tienen que firmar un convenio, lo hacen los más representativos, los que hacen la gestión”.
Aseguró que no se trata de un proyecto de hace poco tiempo: “Nosotros venimos platicando [acerca de] la posibilidad de firmar [este convenio] desde que llegó el gobernador [Alfredo Ramírez], y luego con el presidente municipal [Alfonso Martínez]”.
