Morelia, Mich.- Habitantes que apoyan la consulta en San Francisco Uricho, exigieron al Congreso del Estado de Michoacán, dar celeridad al proceso de revocación de mandato y destitución del alcalde de Erongarícuaro, el morenista Juan Carlos Calderón Castillejo, quien enfrenta investigaciones y denuncias por las agresiones propinadas a personas que están a favor de la consulta para el autogobierno y recursos directos.
Luego de que el grupo opositor al autogobierno y presupuesto directo en San Francisco Urapicho, fuera denunciado por su intromisión para impedir la consulta que por segunda vez se intentó realizar el domingo 4 de junio por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Consejo Supremo Indígena anunció una serie de acciones como es la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno estatal y municipal por la omisión y negligencia ante los hechos.
Refirieron que solicitaron a Secretaría de Gobierno, mayor seguridad para quienes asistieran a la consulta, sin embargo, no se les garantizó y como saldo de las agresiones resultaron 20 personas heridas, algunas de ellas de gravedad.
Al hacer un recuento de daños, los integrantes del Consejo Supremo refirieron que se han presentado seis denuncias por sabotaje, daño a las cosas y lesiones, mientras que el Poder Legislativo abrió una investigación más.
Pavel Hernández, presidente del Consejo Supremo Indígena, demandó a la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, actuar y sancionar al edil que, sostuvo, ha promovido acciones violentas contra los habitantes de la localidad, mismas que son realizadas por grupos afines al Ayuntamiento que actualmente encabeza Morena.
“Exigimos una vez más al Congreso del Estado, en particular a la comisión Jurisdiccional, dictamine sin demora la solicitud de revocación de mandato presentada en contra del edil Juan Carlos Calderón de Erongarícuaro, por más de mil habitantes de las comunidades de Jarácuaro y Uricho”, dijo Pavel Hernández.
Ramona Edith García, activista y habitante de la localidad, también indicó que los gobiernos municipal y estatal, han incurrido en omisión y violaciones a sus derechos humanos y los hizo responsables por lo que pase, ya que hay una polarización en la localidad y la confrontación entre sus habitantes está latente.
Además, expuso que cuentan con pruebas que muestran que el grupo que se opone a la consulta es auspiciado por el gobierno municipal, ofrecían dinero para agredir a los participantes de la consulta, algunos iban con machetes y también hay funcionarios públicos incitando a la violencia.
