Morelia, Mich.- Es una reforma “opaca” para una ley “inoperante” la pretendida actualización de la disposición en materia de Cambio Climático, dada a conocer el 14 de julio por la Secretaría de Medio Ambiente en Michoacán (Secma).
Así fue como Luis Rubén Juárez Zapatero, integrante del Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), calificó la iniciativa que se llevará a cabo en coordinación ente el gobierno de Michoacán y la organización civil Política y Legislación Ambiental (Polea), que será financiada por el programa de Alianzas para las Transiciones Climáticas Aceleradas de la Embajada Británica en México (Mexico-UK PACT, por sus siglas en inglés).
“Quedan muchas dudas abiertas. Normalmente, la Secma pudo haber hecho una licitación, invitando a las universidades públicas, a mucha gente local; pudo haber convocado a un foro, en donde diferentes sectores de la sociedad presentaran sus propuestas de reforma.
“¿Qué está haciendo la embajada británica financiando [esta reforma], cuando, además, Reino Unido es uno de los principales contaminadores a nivel global?”, cuestionó en entrevista con Cambio de Michoacán.
A Luis Juárez lo buscó directamente Polea (“en virtud de su destacada experiencia y trayectoria profesional”) durante un proceso de recopilación de datos previo a la consulta ciudadana que se realizará próximamente, anunciada todavía sin una metodología clara. No sabe qué otros expertos o ciudadanos entrevistó la organización.
Durante su diálogo, relató el ambientalista, habría señalado que la Ley de Cambio Climático actual es bastante limitada e inoperante y que, para hacerla más sustanciosa, tendría que ser parte de un proceso de reforma integral que involucrara otras leyes, tanto nacionales como estatales, en materia de desarrollo forestal, de aguas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, considerando que el cambio climático se deriva de la deforestación y el acaparamiento, privatización y explotación de aguas.
También habría denunciado que la legislación vigente encubre a los grandes contaminadores, ya que no contempla un indicador que permita medir las emisiones de gases de efecto invernadero (huella de carbono) de los grandes monopolios y trasnacionales, “como si cualquier persona contaminara igual que Amazon, Repsol o la Ford, o como si cualquiera anduviera deforestando el Río Chiquito, cuando es un grupito muy identificado de personajes”.
La postura de Juárez Zapatero es categórica en términos de que “el capitalismo es la causa raíz del cambio climático y el calentamiento global”, por lo que a su juicio una reforma debería contemplar monitoreo y sanciones a las principales empresas contaminadoras del estado, como ArcelorMittal (minería), Apeam (aguacate) o, en Morelia, Grupo Altozano (inmobiliaria que estaría “devastando” la cuenca del Río Chiquito”) y Kimberly-Clark (papelera que “chupa” el manantial de La Mintzita y devuelve agua residual “con grandes desechos”).
La ley existente establece una comisión intersecretarial que tendría que monitorear y evaluar las acciones del programa estatal de cambio climático; sin embargo, Polea le habría informado a Luis que tiene constancia de que la comisión no se reúne con la frecuencia que debería.
“Hay una total opacidad en torno a qué se quiere hacer”, sentenció Juárez Zapatero, argumentando que ni siquiera se ha dado a conocer cuáles son las motivaciones específicas o el diagnóstico del que parte esta iniciativa, tampoco cuáles son los ejes o los artículos que pretende modificar.
“Hay cosas que se tienen que hacer que son bastante intuitivas”, apuntó, como dar protección más estricta a bosques, cuencas y acuíferos, pero —más allá de leyes y reformas— no se quiere hacer, señaló, porque “lo que prevalece es el derecho de la propiedad privada por encima del interés público”.
“Si la propiedad privada quiere quitar un bosque para plantar una huerta de aguacate, de agave o construir un fraccionamiento, no importa que ese espacio nos dé agua y un clima templado”, concluyó.
