La gran mayoría de países de América Latina continúa aun su compleja marcha para lograr consolidar los regímenes democráticos surgidos a finales del siglo XX. Cabe destacar que este trayecto no ha sido sencillo, ya que no solo se han tenido que afrontar diversas crisis sociales, económicas y políticas en buena parte de los países de la región, sino que además eventos externos han afectado directamente los esfuerzos por mejorar tanto las condiciones de vida como la legitimidad de la propuesta democrática, como ejemplos de estos eventos se encuentran el auge de China como nuevo actor global, la crisis económica global de 2008, el surgimiento del trumpismo como fenómeno político, la reaproximación geopolítica de Rusia con algunos de los países de la región, entre otros.
Sin mencionar, que algunas de las democracias que se habían construido hace varias décadas, ahora están afrontando problemas de regresión política, es decir, casos en los que los gobiernos nacionales están sobrepasando sus funciones ordinarias ignorando así la separación de poderes, con ello subordinando tanto a los órganos autónomos de la administración pública y a los poderes judicial y legislativo, poniendo en riesgo los principios democráticos, tal como hoy se encuentra El Salvador, o ya directamente cayendo en una forma de autoritarismo, como sucede actualmente en Venezuela y Nicaragua.
Ciertamente, no es que las demás naciones se encuentren en mejor estado político que estas tres señaladas. Dentro de las democracias latinoamericanas, con las excepciones de Chile, Uruguay y Costa Rica, la mayoría de los países de la región apenas cubren lo más elemental de la esencia democrática requerida, lo cual es básicamente la convocatoria de elecciones competitivas, libres y periódicas que permitan al ciudadano común poder votar y postularse por algún cargo de elección popular.
Sin embargo, básicamente a eso se ha limitado la mayoría de la democracia en la región, elementos como la rendición de cuentas, o instituciones con servicio profesional de carrera y esquemas transparentes para la contratación o remoción de funcionarios son inexistentes en casi todas las áreas del servicio público, lo cual solo ha servido para acrecentar la corrupción, malos manejos y estrategias de desarrollo social que tan solo pueden aplicarse en el corto plazo.
Lamentablemente esto último ha sido, en parte, responsabilidad histórica de la herencia de paternalismo político que ha venido arrastrando la región desde prácticamente su independencia en el siglo XIX. Desde aquel tiempo los caudillos de la época recurrían a tácticas paternalistas para legitimar su llegada al poder, la mayoría de las veces de manera violenta y vulnerando las disposiciones legales existentes, y así ganar bases de apoyo para alargar su mando todo el tiempo que les fuera posible.
Este paternalismo normalmente consistía en la intervención directa del dirigente nacional que enviaba apoyo material o logístico a determinadas poblaciones para quedar bien con sectores específicos que le eran de interés. Tras la irrupción de las masas en la política, la cual generó tanto el voto universal, aunque primero enfocado a varones y posteriormente al sector femenino de la población, y el surgimiento del sindicalismo y las asociaciones gremiales, el paternalismo político continuó, muchas veces respaldado por las oligarquías nacionales con el afán de evitar bruscos levantamientos que pudiesen afectas sus intereses económicos.
El otorgamiento de dadivas, ya fuese en efectivo o en especie, la realización de algunas fiestas y celebraciones públicas o populares, y hasta la degeneración de programas públicos para el desarrollo social, son solo algunas de las tácticas más comunes de paternalismo que han venido ejerciendo los diversos mandatarios hasta nuestros días. Lo más complicado de este tema, es que es un fenómeno que trasciende de ideologías, partidos y movimientos políticos, ya que más bien parece algo ligado a las viejas costumbres del ejercicio directo del poder sin pasar por filtros institucionales que lo canalicen de una forma más adecuada; sumado a lo anterior, el tradicionalismo social incentiva muchas veces a buscar “echar la mano” al sector social más deteriorado en términos socioeconómicos, poniendo muy pocas veces en prácticas programas o políticas que permitan combatir de manera efectiva el rezago social.
Por lo tanto, muchas veces estas tácticas paternalistas se vuelven parte del clientelismo electoral, y tristemente esto hace que este mismo sector social considere que la única forma real de mantener su subsistencia económica sea a través de los apoyos sociales de los políticos de turno. Nada de esto parece haber cambiado demasiado en las últimas décadas. Aun con las transiciones democráticas esta misma dinámica paternalista sigue manteniéndose, sin vistas próximas a que algún gobierno de turno opte por buscar una institucionalización seria que permita profesionalizar los distintos tipos de apoyo a toda la población, especialmente a los sectores sociales menos favorecidos económicamente.
Claro, cambiar estas prácticas por instituciones eficientes y transparentes, es algo que llevará tiempo, y por su puesto que habrá riesgos de perder momentáneamente algunas redes clientelares. Sin embargo, si se desea priorizar la construcción de una república plenamente institucional, con la corrupción minimizada, programas sociales eficientes y con posibilidad de mantenerse en el largo plazo, así cómo dirigidos por funcionarios plenamente capacitados, tendrá que romperse con el viejo pensamiento paternalista y avanzar hacia un esquema de productividad que no solo le permita a la población en desventaja económica subsistir, sino salir de su complicada situación social.
